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“Los gastos en Salud Pública en Paraguay se incrementaron del 1,7% del PIB en 2008 al 3,3% del PIB en 2016. Las mejoras en los resultados sanitarios, sin embargo, han sido modestas (...) A pesar del aumento del gasto, Paraguay ha quedado por detrás del promedio en ALC (América Latina y el Caribe) en resultados sanitarios, como la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Estos generan preocupación acerca de la ineficacia del sistema y el aumento de la desigualdad en el acceso y la utilización de servicios”.
Tal lo que dice el Grupo Banco Mundial en su informe “Paraguay. Invertir en capital humano”, conocido recientemente, señalando así que destinar más dinero a la salud pública no implica necesariamente que mejore el servicio.
De la nada asombrosa constatación, que bien puede extenderse al sistema educativo, se desprende que la corruptela, el derroche y la ineficacia impiden que el mayor gasto contribuya a erradicar la calamidad sanitaria, bien reflejada en la serie publicada últimamente por nuestro diario bajo el título “Salud agoniza”.
Por razones entendibles, el citado informe no se ocupa de la aptitud técnica y moral del personal competente, sino de la fragmentación del sistema entre el Ministerio del ramo y el IPS, del enfoque estratégico y de las asignaciones presupuestarias, todo lo cual resulta muy atendible, desde luego. Empero, hay cuestiones previas, como la idoneidad y la honestidad en la gestión pública, que no pueden ser ignoradas a la hora de juzgar por qué la salud pública sigue siendo tan deplorable, pese a la mayor “inversión”.
A poco de asumir el cargo, el actual ministro Julio Mazzoleni reveló que bajo la anterior administración se habían falsificado órdenes de compras y que habían vencido diez toneladas de insumos y medicamentos. Valga recordar esa denuncia, que no tuvo mayores consecuencias, solo para ejemplificar la corrupción y la negligencia habituales, que deben ser atendidas al analizar las causas de la miseria sanitaria. Entre ellas también figura la omnipresente politiquería criolla, como la evidenciada en el conflicto que estalló en septiembre pasado en Santa Rosa del Aguaray, con motivo del nombramiento de un nuevo director del centro de salud y en el marco de una pugna entre el gobernador Carlos Giménez y el diputado Freddy D’Ecclesiis, ambos colorados “añetete”: los médicos llegaron a declararse en huelga contra la politización del centro asistencial y los pobladores llegaron a enfrentarse en las calles.
En otros términos, faltan insumos y medicamentos para los pacientes, que suelen ser tratados en los pasillos de hospitales sucios y ruinosos, pero se roba, se haraganea y se politiquea porque, en última instancia, la salud pública importa un bledo a quienes deben ocuparse de ella, directa o indirectamente. En concreto, lo que tiene sin cuidado a tantos sinvergüenzas a sueldo de la gente es la persona misma, a la que la Constitución reconoce un “derecho fundamental” a la salud. Más aún, desprecian al 84% de la población que no está asegurada en el IPS o en una firma privada y que, por tanto, se ve expuesto a la humillación de ser tan mal “atendido”. Claro que hay médicos, como el traumatólogo Raúl Ramírez, del Hospital Regional de Encarnación, lo bastante sensibles y valientes como para denunciar ante la opinión pública la falta de insumos, corriendo el riesgo de ser sancionados, o como sus colegas del centro de salud de Santa Rosa del Aguaray, que demostraron su vocación de servicio protestando contra una absurda injerencia político-partidaria. Pero abunda el “personal de blanco” acomodaticio, que aplica la “ley del menor esfuerzo”, tanto como el burocrático interesado más bien en enriquecerse ilícitamente.
La Ley Suprema dice también que “nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas”, pero resulta que en el informe del Grupo Banco Mundial se lee que “existen grandes brechas por ingreso y área geográfica en términos de acceso a la salud”. Es decir, las poblaciones pobres, rurales e indígenas se ven excluidas porque la carga del gasto es mayor para ellas, llegando incluso a superar un cuarto del ingreso en el quintil de menores recursos. Por eso, el principal desafío sería asegurar la cobertura sanitaria universal sin que la capacidad económica de las personas ni su lugar de residencia sean obstáculos insalvables para ejercer el “derecho fundamental” a la salud. En lo que atañe a la última cuestión, es sabido que los pobladores del Alto Paraguay deben ser trasladados a Asunción o a otras lejanas ciudades debido a las paupérrimas instalaciones y servicios sanitarios existentes en la zona. También es de conocimiento general que muchas gestantes de las zonas fronterizas prefieren dar a luz en países vecinos por similares motivos, para vergüenza de nuestro país, pero que no inquieta a las autoridades paraguayas. Sin embargo, no hace falta ir muy lejos para constatar las graves deficiencias, pues una reciente publicación de prensa demostró que en nuestra propia capital, en el Hospital Materno Infantil de Trinidad solo funcionaban cuatro incubadoras, mientras diez de ellas formaban una penosa fila en los pasillos, en espera de reparación. ¡Increíble!
Estas lamentables situaciones resultan aún más indignantes a la luz del malgasto y de la inutilidad estatal que impiden el correcto empleo de los mayores recursos destinados a la sanidad, como surge del informe del Banco Mundial. Debe recordarse que la actual administración ha heredado una deuda de nada menos que 150 millones de dólares, arrastrada desde 2014, con los proveedores de medicamentos, insumos y reactivos.
En estas condiciones, ¿habrá que invertir más en salud pública? Por supuesto que sí, pero a la vez, se torna imprescindible erradicar los numerosos vicios que hacen que el dinero adicional termine en una suerte de barril sin fondo, en beneficio de una multitud de vividores que medran a costillas de los más necesitados. Es necesario que la gente denuncie cada irregularidad, cada maltrato, cada carencia, para que esos aprovechados sepan al menos que ya no pueden contar con el silencio de sus víctimas. La corrupción también mata.