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El nefasto proyecto de enmienda constitucional sigue viento en popa. Como si nada llamativo hubiera ocurrido en las últimas semanas, treinta y ocho diputados “cartistas”, cinco “llanistas” y un “luguista” dieron entrada a la barbaridad que veinticinco senadores de su misma catadura habían aprobado en una sesión furtiva realizada bajo la presidencia usurpada por Julio César Velázquez (ANR). El adefesio remitido por este legislador a la Cámara Baja, sin la firma del presidente legítimo del Senado, Roberto Acevedo (PLRA), debió haber sido rechazado de entrada. Sin embargo, una triple alianza perversa le dio el tratamiento normal de derivar su estudio a las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales, donde los “diputados C” también tienen mayoría suficiente para emitir la próxima semana los dictámenes que aconsejen aprobar la serie de groseros atropellos contra la Constitución.
Se trata de la misma Cámara de Diputados que, en noviembre del año pasado, había rechazado y enviado al archivo un proyecto de enmienda por inconstitucional, luego de que trece prestigiosos juristas sostuvieran, en una audiencia pública realizada en su propio recinto, que la vía idónea para permitir la reelección presidencial es el llamado a una Convención Nacional Constituyente. Sin embargo, mediante un golpe de mano en dos actos, una nueva mayoría conformada en el Senado, vulnerando tanto la Constitución como el reglamento interno de la Cámara Baja, resolvió aprobar la enmienda, que ya había sido rechazada el 25 de agosto de 2016 en ese cuerpo legislativo, y que no podía ser de nuevo tratada antes de que transcurriera un año. Este instrumento “mau” es el que ahora se trata en Diputados.
Tras los hechos de sangre del 1 de abril, que culminaron en el asesinato del joven Rodrigo Quintana durante el asalto a la sede del PLRA por fuerzas policiales, Horacio Cartes convocó a una “mesa de diálogo” que, como era previsible, fracasó muy pronto debido a que se negó a ordenar a sus títeres que abandonen el malhadado proyecto impulsado por él, en compañía del exobispo Fernando Lugo. Para tratar de calmar las aguas, agitadas por la violencia desatada por culpa suya, el 17 de abril informó que desistía de su pretensión de ser reelecto en 2018 como presidente de la República, sin decir una sola palabra sobre la infame iniciativa aprobada en la sesión clandestina realizada en la oficina del Frente Guasu en el Senado. Esa omisión, sumada a su historial de mentiras en esta dramática cuestión, hizo suponer que su anuncio solo apuntaba a desactivar la protesta ciudadana para continuar luego el ataque al orden jurídico, una vez que la Cámara de Diputados le posibilitase saciar su apetito de poder apoyando la infame iniciativa, y que el “clamor popular” reclame su candidatura presidencial “para bien de la patria”.
Esta fundada sospecha ha sido reforzada el miércoles por unos diputados teledirigidos, cuya hechura moral e intelectual resulta repugnante. Los casos de los diputados Pedro Alliana (ANR) y Édgar Ortiz (PLRA) bastan para ilustrar que no tienen la menor idea de la coherencia ni del respeto a la Constitución. El primero, instalado en la presidencia de su partido por obra y gracia de Horacio Cartes, afirmó que con la supuesta renuncia de su líder la enmienda inconstitucional perdía mucha fuerza: “Es más, y soy sincero, yo como colorado y como cartista, para mí ya no tiene sentido”. Sin embargo, fue uno de los 44 que resolvieron dar entrada a un documento irregular por donde se lo mire. El segundo, tras votar en igual sentido, dijo con el mayor de los descaros: “Para nosotros, la enmienda está muerta. Nuestro voto es por el rechazo. Lo que no podemos hacer es abandonar a los amigos”, o sea, a los senadores “llanistas” que “enviaron esta nota”. Este personaje, que respeta a sus compinches antes que a la Constitución y a la memoria de su joven correligionario asesinado, es un buen exponente de nuestros “representantes del pueblo”, como gustan llamarse.
Volviendo a la cuestión planteada por el diputado Alliana: ¿qué sentido tiene que el presidente Cartes y el senador Lugo sigan con esta siniestra historia? Desde luego, el asunto gira en torno a ellos, pues los senadores y los diputados que los secundan no son más que cómplices que actúan en función de sus perversos intereses, en una asociación ilícita para delinquir. Ya se ha dado una explicación: Horacio Cartes, en particular, solo pretende desmovilizar a la ciudadanía indignada. El otro aspirante al “rekutu” está a la pesca, dispuesto a seguir colgado del “cartismo”, lo mismo que el senador Blas Llano (PLRA).
Esta trágica secuencia de episodios ilícitos e inmorales es el resultado de la ambición desmedida de dos hombres públicos que, con toda certeza, serán repudiados por las futuras generaciones de paraguayos.
Como está visto que los violadores de la Constitución no están dispuestos a dejar la mesa del banquete en donde se reparten las prebendas del poder, los ciudadanos y las ciudadanas deben continuar firmes para seguir defendiendo la institucionalidad de la República por todos los medios a su alcance, según autoriza nuestra propia Carta Magna.