Cargando...
La elección de la nueva rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Concepción Vera de Molina, es una oportuna ocasión para reflexionar sobre cuán buena es nuestra educación terciaria. Ocurre que, con una población de 7.200.000 habitantes, nuestro país cuenta con 54 universidades, de las cuales 46 son privadas, en tanto que la Argentina tiene 97 para una población seis veces superior. Es decir, en lo que a instituciones de enseñanza superior respecta, el Paraguay no tiene un problema de cantidad, sino de calidad. Es lo que se surge, por ejemplo, de una clasificación mundial de universidades (QS), según la cual la UNA ocupa este año el puesto 106 de entre 391 universidades latinoamericanas; otras cinco, entre públicas y privadas, figuran en los puestos 201 (compartido), 251, 301 y 351; a escala mundial, ninguna de ellas aparece entre las mil mejores.
Hace un par de años, 31 universidades no tenían carrera alguna acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes): muchas de ellas fracasaron al ser evaluadas por los errores del proyecto académico, por las pocas horas de clases, por la falta de equipamiento o por la ineptitud de los docentes, entre otras cosas. El por entonces ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, informó que unos 8.000 estudiantes fueron estafados, porque las carreras que cursaron ni siquiera habían sido habilitadas por el Consejo Nacional de Educación (Cones). Es que la educación terciaria se volvió no solo un gran negocio a partir de la sanción de la Ley Nº 2529/04, promovida por el exsenador Juan Manuel Marcos, rector de una universidad privada. También sirvió para defraudar a muchos jóvenes, aunque también hubo o hay quienes solo buscan comprar un título académico para obtener así una “bonificación” como funcionario o simplemente engrosar el currículum vitae.
Dicha ley permitió al Congreso crear universidades e institutos superiores sin atenerse al dictamen del Consejo de Universidades, lo que condujo a que varios legisladores incursionaran en la educación terciaria y no precisamente para mejorarla, sino para degradarla con sus ganas de hacer dinero fácil. Valga como ejemplo que la diputada reelecta Esmérita Sánchez (PLRA) –licenciada en obstetricia y enfermería– es dueña y rectora de la Universidad Santa Clara de Asís, con sede en la ciudad de Caaguazú. Por cierto, el Cones ya ha clausurado decenas de carreras de ciencias de la salud, que son muy lucrativas para los mercaderes de la educación, pues las cuotas que pagan sus estudiantes son las más altas. ¿Han ejercido o ejercen los egresados sus respectivas profesiones? Se abrían filiales o sucursales alegremente, tanto que la Universidad Privada del Guairá llegó a tener 82. Si se llegó al colmo de que en Vallemí una carrera de Derecho era dirigida por un alumno del segundo curso, quiere decir que la enseñanza superior es toda una tragicomedia.
No debe creerse que las universidades públicas son mucho más serias que las privadas “de garaje”. Se recuerda el caso de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, intervenida por el Cones entre 2014 y 2017, porque su rector José Félix González la había convertido en una suerte de emprendimiento familiar. Persiste el escándalo de que el senador Víctor Ríos (PLRA) siga siendo el rector de la Universidad Nacional de Pilar, tal como ya lo había sido como diputado, pese a que el Cones había resuelto que los legisladores, entre otros, no podían ser electos, designados, nombrados o ejercer el cargo de rector de universidades públicas o privadas. El afectado atacó de inconstitucional esa Resolución Nº 191/15, así como el art. 9°, inc. ñ, de la Ley Nº 995/13, que faculta al Cones a “elaborar el reglamento de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de los cargos directivos de Instituciones de Enseñanza Superior”.
Dado que la Corte Suprema de Justicia suspendió –con respecto a él– los efectos de las normativas impugnadas, el senador sigue aprobando los Presupuestos de la universidad en la que instaló a sus operadores políticos y percibiendo una doble remuneración del Estado. Un rector mal puede ser considerado un docente, pues de hecho no se ocupa tanto de enseñar como de administrar dinero público, siendo verificada la ejecución presupuestaria por la Contraloría General de la República, cuyas máximas autoridades son designadas por la Cámara Baja de unas ternas propuestas por el Senado, es decir, por el órgano que hoy integra Ríos. Por eso, la Ley Nº 5594/15, que reglamenta la norma constitucional sobre las incompatibilidades de los legisladores, dispuso que “se entenderá por ejercicio parcial de la docencia y la investigación científica, solo aquel que se realiza en horas cátedra y como educador o investigador en una institución educativa”. O sea que se puede ocupar una banca solo si en una Universidad Nacional se ejerce la docencia en esas condiciones.
¿Cómo olvidar el paso por la UNA del exrector Froilán Peralta, imputado por los delitos de lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, que habría cometido entre 2014 y 2015, causando un perjuicio de unos 4.000 millones de guaraníes? Si dejó el cargo y terminó siendo procesado fue porque los estudiantes se movilizaron bajo el lema #UNAnoteCalles. Ellos también lograron la renuncia de diez de los doce decanos, alzándose contra los desmanejos de quienes atentaban contra su futuro, ante el silencio del Consejo Superior Universitario. Aparte de incurrir en graves corruptelas, Peralta fue algo así como la mano larga del senador Juan Carlos Galaverna (ANR) en la UNA, poniéndola al servicio de la politiquería antes que de la educación terciaria.
Valga lo antedicho para que la flamante rectora vele por la correcta administración del Presupuesto, que este año equivale a unos 235.255.500 dólares, rechace toda injerencia político-partidaria en su gestión y se esfuerce por elevar el nivel académico de esa casa de estudios.
Duele decirlo, pero la calidad de la enseñanza universitaria no debe ajustarse a los defectos que los estudiantes arrastren desde las escuelas y colegios. En otros términos, no es cuestión de nivelar por lo bajo ni de tratar de enseñar a destiempo lo que se debería haber aprendido antes. La Universidad tiene que preparar a los jóvenes con el rigor que exige la sociedad del conocimiento de hoy, sin complacencias con la mediocridad.