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El Paraguay es un país inmensamente rico en recursos naturales que ha sido empobrecido al extremo por la tremenda corrupción, el clientelismo político y la ineptitud de sus gobernantes. Pese a estar dotado de extraordinarios recursos energéticos renovables a través del potencial hidroeléctrico de sus caudalosos ríos y de su situación estratégica en el centro del Mercosur -que debería ser paso obligado de todos los sistemas de transporte vial, eléctrico, gas natural, ferrocarril-, el país se ha convertido en una verdadera isla, evitado por todos sus vecinos debido a los funcionarios públicos ineptos y corruptos y su mercado cerrado a la inversión privada que primó en las últimas décadas.
En tanto el presidente Nicanor Duarte Frutos no logre romper las gruesas cadenas de la corrupción, el clientelismo político y los sectores monopólicos en la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el petróleo, el agua potable, el cemento, el Paraguay seguirá aislado de sus vecinos y olvidado de la prosperidad e integración regional. Este confinamiento, que para cualquier país sería un grave problema económico, para el Paraguay, un país sin costas sobre el mar, es una verdadera tragedia, dado que lo condena al atraso y la miseria, como se está comprobando en los últimos años.
Obras de infraestructura, como rutas, puentes, redes de telecomunicaciones, sistemas de agua potable, centrales de generación eléctrica, líneas de transmisión, gasoductos, son los motores que impulsan el desarrollo de las naciones, aumentan la productividad de la industria y la producción, crean empleos y oportunidades, incrementan los ingresos y mejoran la calidad de vida de los pueblos, más aun cuando estas obras de infraestructura facilitan el acceso del país y lo integran a los mercados ampliados de la región, razón de ser del Mercosur.
El Paraguay, sin embargo, carece desde hace años de nuevas obras de infraestructura básicas, como rutas internacionales, sistemas de telecomunicaciones fijos, y, lo que es peor, todas las grandes obras de transmisión eléctrica y de transporte de gas natural que permitirían aprovechar las grandes ventajas comparativas del país en el sector energético, sin excepción, una tras otra, han eludido al país, inclusive a un alto costo económico para los respectivos proyectos.
El gasoducto Bolivia-Brasil, de una inversión de US$ 2.100 millones, eligió un recorrido mucho mayor, por pantanos y terrenos difíciles, y a un costo adicional de cientos de millones de dólares para evitar pasar por territorio paraguayo. Con ello el país se perdió la brillante oportunidad de obtener regalías por el transporte de gas natural y de contar con un combustible de fundamental importancia, que podría haber ampliado su matriz energética e impulsado enormemente su industria, comercio y transporte público.
Del mismo modo, un reciente proyecto de gasoducto, el llamado Gasoducto de la Integración, de una inversión de US$ 1.500 millones, tiene previsto recorrer 3.100 kilómetros, desde la provincia de Salta en Argentina hasta el centro industrial de San Pablo (Brasil), bordeando toda la frontera paraguaya, para evitar pasar por territorio nacional y enfrentar al monopolio, la inseguridad jurídica y la corrupción existentes en Paraguay. Las grandes líneas de transmisión eléctrica que interconectan a la Argentina y el Brasil, en lugar de seguir el trayecto más corto por el Paraguay, también han eludido al país a un alto costo para sus propietarios, en grave detrimento de nuestro país.
Los cientos de millones que se hubieran ahorrado pasando los mencionados gasoductos y electroductos por el Paraguay no compensaban, sin embargo, la corrupción de las autoridades paraguayas que exigían altos porcentajes de sobornos a las empresas, así como el rechazo general a la inversión privada y las trabas legales existentes en el país a causa del monopolio vigente en el petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el agua potable. El Paraguay, pese a sus grandes proyectos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretã, ha quedado aislado de los países de la región -Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile- que están avanzando rápidamente en la interconexión de sus sistemas energéticos para beneficio de sus pueblos.
Es de esperar que el presidente Nicanor Duarte Frutos y el nuevo Congreso enfrenten con dureza la corrupción en las obras públicas y lleven adelante con celeridad la apertura a la competencia y desmonopolización de los sectores del petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el agua potable, creando el marco jurídico indispensable para atraer las grandes inversiones que en todos estos años han eludido al Paraguay, en beneficio de los países vecinos, lo que ocasiona la ruina y el atraso de nuestra economía y trae desocupación y miseria a nuestra población.
En tanto el presidente Nicanor Duarte Frutos no logre romper las gruesas cadenas de la corrupción, el clientelismo político y los sectores monopólicos en la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el petróleo, el agua potable, el cemento, el Paraguay seguirá aislado de sus vecinos y olvidado de la prosperidad e integración regional. Este confinamiento, que para cualquier país sería un grave problema económico, para el Paraguay, un país sin costas sobre el mar, es una verdadera tragedia, dado que lo condena al atraso y la miseria, como se está comprobando en los últimos años.
Obras de infraestructura, como rutas, puentes, redes de telecomunicaciones, sistemas de agua potable, centrales de generación eléctrica, líneas de transmisión, gasoductos, son los motores que impulsan el desarrollo de las naciones, aumentan la productividad de la industria y la producción, crean empleos y oportunidades, incrementan los ingresos y mejoran la calidad de vida de los pueblos, más aun cuando estas obras de infraestructura facilitan el acceso del país y lo integran a los mercados ampliados de la región, razón de ser del Mercosur.
El Paraguay, sin embargo, carece desde hace años de nuevas obras de infraestructura básicas, como rutas internacionales, sistemas de telecomunicaciones fijos, y, lo que es peor, todas las grandes obras de transmisión eléctrica y de transporte de gas natural que permitirían aprovechar las grandes ventajas comparativas del país en el sector energético, sin excepción, una tras otra, han eludido al país, inclusive a un alto costo económico para los respectivos proyectos.
El gasoducto Bolivia-Brasil, de una inversión de US$ 2.100 millones, eligió un recorrido mucho mayor, por pantanos y terrenos difíciles, y a un costo adicional de cientos de millones de dólares para evitar pasar por territorio paraguayo. Con ello el país se perdió la brillante oportunidad de obtener regalías por el transporte de gas natural y de contar con un combustible de fundamental importancia, que podría haber ampliado su matriz energética e impulsado enormemente su industria, comercio y transporte público.
Del mismo modo, un reciente proyecto de gasoducto, el llamado Gasoducto de la Integración, de una inversión de US$ 1.500 millones, tiene previsto recorrer 3.100 kilómetros, desde la provincia de Salta en Argentina hasta el centro industrial de San Pablo (Brasil), bordeando toda la frontera paraguaya, para evitar pasar por territorio nacional y enfrentar al monopolio, la inseguridad jurídica y la corrupción existentes en Paraguay. Las grandes líneas de transmisión eléctrica que interconectan a la Argentina y el Brasil, en lugar de seguir el trayecto más corto por el Paraguay, también han eludido al país a un alto costo para sus propietarios, en grave detrimento de nuestro país.
Los cientos de millones que se hubieran ahorrado pasando los mencionados gasoductos y electroductos por el Paraguay no compensaban, sin embargo, la corrupción de las autoridades paraguayas que exigían altos porcentajes de sobornos a las empresas, así como el rechazo general a la inversión privada y las trabas legales existentes en el país a causa del monopolio vigente en el petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el agua potable. El Paraguay, pese a sus grandes proyectos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretã, ha quedado aislado de los países de la región -Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile- que están avanzando rápidamente en la interconexión de sus sistemas energéticos para beneficio de sus pueblos.
Es de esperar que el presidente Nicanor Duarte Frutos y el nuevo Congreso enfrenten con dureza la corrupción en las obras públicas y lleven adelante con celeridad la apertura a la competencia y desmonopolización de los sectores del petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el agua potable, creando el marco jurídico indispensable para atraer las grandes inversiones que en todos estos años han eludido al Paraguay, en beneficio de los países vecinos, lo que ocasiona la ruina y el atraso de nuestra economía y trae desocupación y miseria a nuestra población.