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Las obras públicas fueron tradicionalmente -y aún siguen siendo- la mayor fuente de corrupción oficial/empresarial en Paraguay. A través de obras costosas y mal hechas, que a menudo perjudican a la población, se malinvierten los fondos públicos y los préstamos de desarrollo que recibe el país de otras naciones y organismos multilaterales de créditos, préstamos cuyo pago se vuelca posteriormente sobre las escuálidas espaldas de esa misma población engañada y empobrecida por sus gobernantes. Una de las prioridades más importantes del presidente Nicanor Duarte Frutos en su campaña por recuperar la honestidad y eficiencia en el manejo de la cosa pública debe ser transparentar las contrataciones de obras públicas del Estado, asegurar la racionalidad de los proyectos y la eficacia de la fiscalización y eliminar las permanentes ampliaciones, correcciones y modificaciones de las mismas.
Un ejemplo de lo absurdo en una obra pública que únicamente puede explicarse con la corrupción en los organismos gubernamentales responsables es la ruta que va de Arroyos y Esteros a Santaní. En algunos tramos de esta obra vial puede observarse claramente la exagerada altura de los terraplenes construidos, siguiendo un proyecto que solamente puede tener como finalidad aumentar innecesariamente los volúmenes del movimiento de tierra a los efectos de su mayor facturación y coima por parte de los involucrados. Las razones dadas por algunos técnicos de que la desmedida altura de los terraplenes es necesaria para evitar inundaciones resultan risibles si se consideran las máximas alturas históricas del agua en la zona.
Otro ejemplo de la irracionalidad de las obras públicas que tendría como única explicación la sobrefacturación de las mismas y las coimas a inspectores, consultores y proyectistas, es la ruta internacional que se construye en el Chaco desde la ciudad de Mariscal Estigarribia hacia la frontera con Bolivia. El asfaltado de esta obra, en una decisión inexplicada e inexplicable de la administración González Macchi, dejó de lado el trazado de la Picada 500 y priorizó el enlace por La Patria, con un sobrecosto de 100 millones de dólares, pero con la particularidad de pasar enfrente de la extensa estancia del Ing. Guillermo Sánchez Guffanti. Esta ruta, al igual que la de Arroyos y Esteros a Santaní, ha sido proyectada sin razón con elevadísimos y costosos terraplenes en una región árida, de muy escasa lluvia, y donde las posibilidades de inundación son prácticamente nulas.
Los mayores costos para el erario que significan los elevados terraplenes de estas importantes obras viales solo sirven para alimentar la corrupción de funcionarios del gobierno anterior que continúa fuertemente arraigada. El ministro Alderete, siguiendo la filosofía del presidente Nicanor, debería ordenar una investigación de los proyectos, la adjudicación y la construcción de TODAS las obras públicas en ejecución para, eventualmente, deslindar responsabilidades o, tal vez, hasta disminuir costos cuando sean los casos. A manera de ilustración, el ministro debe tener en cuenta que el costo promedio de una ruta en Paraguay es de alrededor de 380 mil dólares el kilómetro, mientras en países vecinos, en similares condiciones a las nuestras, las rutas cuestan solo unos 260 mil dólares el kilómetro.
En Paraguay las obras públicas comúnmente han sido de muy pobre calidad, muchas veces no constituían verdaderas prioridades de la población -como los costosos y abandonados aeropuertos mandados construir por Wasmosy en Caazapá, Coronel Oviedo y otros lugares-, han tenido diseños absurdos y, por lo general, han terminado con grandes sobrecostos y prolongados atrasos -como el caso de Mdme. Lynch-, que servían para aumentar sustancialmente los presupuestos y los plazos de construcción originales. De esta forma la población pierde no solamente en el costo directo por las coimas, los atrasos y los sobrecostos de trabajos innecesarios, sino también en la pobre calidad del proyecto y de la ejecución de las obras, que muy pronto se estropean, se vuelven inservibles o precisan de nuevas inversiones.
Para romper este círculo vicioso de corrupción y pobreza, el presidente Nicanor debe actuar con firmeza y exigir la mayor transparencia en todo el proceso de contrataciones públicas, desde el diseño hasta la ejecución y terminación de las obras.
Desde su misma concepción los proyectos deben ser puestos a conocimiento de la población. La exposición pública impedirá que puedan prevalecer obras no prioritarias para beneficio de algunos grupos de intereses o que se realicen proyectos absurdos y costosos, licitaciones amañadas y contratos sobrefacturados en perjuicio del erario y de las obras de infraestructura que la población campesina verdaderamente precisa con urgencia.
Un ejemplo de lo absurdo en una obra pública que únicamente puede explicarse con la corrupción en los organismos gubernamentales responsables es la ruta que va de Arroyos y Esteros a Santaní. En algunos tramos de esta obra vial puede observarse claramente la exagerada altura de los terraplenes construidos, siguiendo un proyecto que solamente puede tener como finalidad aumentar innecesariamente los volúmenes del movimiento de tierra a los efectos de su mayor facturación y coima por parte de los involucrados. Las razones dadas por algunos técnicos de que la desmedida altura de los terraplenes es necesaria para evitar inundaciones resultan risibles si se consideran las máximas alturas históricas del agua en la zona.
Otro ejemplo de la irracionalidad de las obras públicas que tendría como única explicación la sobrefacturación de las mismas y las coimas a inspectores, consultores y proyectistas, es la ruta internacional que se construye en el Chaco desde la ciudad de Mariscal Estigarribia hacia la frontera con Bolivia. El asfaltado de esta obra, en una decisión inexplicada e inexplicable de la administración González Macchi, dejó de lado el trazado de la Picada 500 y priorizó el enlace por La Patria, con un sobrecosto de 100 millones de dólares, pero con la particularidad de pasar enfrente de la extensa estancia del Ing. Guillermo Sánchez Guffanti. Esta ruta, al igual que la de Arroyos y Esteros a Santaní, ha sido proyectada sin razón con elevadísimos y costosos terraplenes en una región árida, de muy escasa lluvia, y donde las posibilidades de inundación son prácticamente nulas.
Los mayores costos para el erario que significan los elevados terraplenes de estas importantes obras viales solo sirven para alimentar la corrupción de funcionarios del gobierno anterior que continúa fuertemente arraigada. El ministro Alderete, siguiendo la filosofía del presidente Nicanor, debería ordenar una investigación de los proyectos, la adjudicación y la construcción de TODAS las obras públicas en ejecución para, eventualmente, deslindar responsabilidades o, tal vez, hasta disminuir costos cuando sean los casos. A manera de ilustración, el ministro debe tener en cuenta que el costo promedio de una ruta en Paraguay es de alrededor de 380 mil dólares el kilómetro, mientras en países vecinos, en similares condiciones a las nuestras, las rutas cuestan solo unos 260 mil dólares el kilómetro.
En Paraguay las obras públicas comúnmente han sido de muy pobre calidad, muchas veces no constituían verdaderas prioridades de la población -como los costosos y abandonados aeropuertos mandados construir por Wasmosy en Caazapá, Coronel Oviedo y otros lugares-, han tenido diseños absurdos y, por lo general, han terminado con grandes sobrecostos y prolongados atrasos -como el caso de Mdme. Lynch-, que servían para aumentar sustancialmente los presupuestos y los plazos de construcción originales. De esta forma la población pierde no solamente en el costo directo por las coimas, los atrasos y los sobrecostos de trabajos innecesarios, sino también en la pobre calidad del proyecto y de la ejecución de las obras, que muy pronto se estropean, se vuelven inservibles o precisan de nuevas inversiones.
Para romper este círculo vicioso de corrupción y pobreza, el presidente Nicanor debe actuar con firmeza y exigir la mayor transparencia en todo el proceso de contrataciones públicas, desde el diseño hasta la ejecución y terminación de las obras.
Desde su misma concepción los proyectos deben ser puestos a conocimiento de la población. La exposición pública impedirá que puedan prevalecer obras no prioritarias para beneficio de algunos grupos de intereses o que se realicen proyectos absurdos y costosos, licitaciones amañadas y contratos sobrefacturados en perjuicio del erario y de las obras de infraestructura que la población campesina verdaderamente precisa con urgencia.