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Un informe del Departamento de Estado norteamericano, publicado en los últimos días, si bien destaca algunos esfuerzos del Gobierno paraguayo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, lanza lapidarios cuestionamientos sobre la vigencia de tales delitos en el Paraguay, con la colaboración o la vista gorda de funcionarios gubernamentales.
En el mencionado documento se lee, por ejemplo, que en nuestro país hay un gran número de casas de cambio sin registrar, que en la Triple Frontera la economía se funda en el manejo de dinero en efectivo, que se emplean nombres falsos para registrar comercios, que las importaciones y exportaciones, así como los casinos, están poco regulados, que los controles fronterizos son débiles, que los funcionarios son corruptos o ineptos y que el control de las transferencias de dinero a Líbano o China es insuficiente. En realidad, nada que la ciudadanía paraguaya y la comunidad internacional no sepan desde hace ya largos años. Tampoco ignoran que, como se agrega en el documento citado, las organizaciones criminales nacionales y extranjeras aprovechan tales “vulnerabilidades” para ocultar el dinero que ganan mediante el intenso movimiento de bienes desde el Paraguay hacia el Brasil, “a menudo con la ayuda de agentes corruptos del Gobierno”.
Es que el lavado de enormes sumas de dinero, sobre todo en Ciudad de Este, se ha vuelto una práctica muy difundida, generada por el cultivo de la marihuana y el tráfico tanto de armas como de cocaína andina, tal como menciona el informe. Quizá no sea una mera casualidad que el diputado Ulises Quintana (ANR), en prisión preventiva tras haber sido imputado por lavar dinero proveniente del narcotráfico, sea de la capital del Alto Paraná, que el “hermano del alma” Darío Messer, prófugo por haber cometido el mismo delito, residiera en un exclusivo country club de Hernandarias, ni que el comerciante de origen libanés Walid Amine Sweid y el despachante aduanero Ricardo Galeano, ambos residentes en Ciudad del Este, sigan siendo investigados por el Ministerio Público, hasta ahora sin ningún resultado. Los dos últimos remesaron, desde 2009, cientos de millones de dólares a Detroit (Estados Unidos), que habrían llegado a empresas ligadas a la organización terrorista Hezbollah, según comunicó a la Seprelad la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos.
Esta no es la primera vez, entonces, que un órgano de dicho país llama la atención sobre el floreciente lavado de dinero dentro de nuestras fronteras. A título personal, el excongresista estadounidense Robert Pittinger afirmó en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, realizado en Asunción en enero último, que Hezbollah blanquea dinero en el Paraguay. El canciller Luis Castiglioni le respondió que hay que hablar con pruebas, lo que induce a sugerirle que haga el mismo pedido al organismo que informó de los manejos financieros de los dos amigos esteños del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La preocupación norteamericana obedece a que dicha actividad delictiva no solo está vinculada al narcotráfico, sino también al financiamiento del terrorismo internacional. Es decir, no se trata de un grave problema que concierne solo al Paraguay, pues sus efectos se extienden al mundo entero. Estaremos en la mira de la comunidad de naciones mientras no se ataque la cadena de ilicitudes, cuyo último y letal eslabón es la transferencia de dinero sucio para perpetrar grandes atentados.
El documento del Departamento de Estado apunta a una serie de conocidas debilidades institucionales y normativas que facilitan el narcotráfico y el conexo lavado de dinero. Bien se sabe que nuestras fronteras son permeables, que hay numerosas pistas de aterrizaje clandestinas y que el espacio aéreo no está controlado, pero también que dichas falencias son menos atribuibles a la falta de recursos humanos y materiales que a la corrupción rampante y a su correlato, la impunidad, también referidas en el documento en cuestión. Conste que allí se reconoce que, en los últimos tiempos, aumentaron las incautaciones de cargamentos de cocaína y que la coordinación entre organismos encargados de combatir el narcotráfico mejoró en 2018, año en que habrían sido dictadas 125 condenas judiciales por la comisión de ese delito.
En general, el documento comentado subraya que el actual Gobierno paraguayo se está esforzando para aumentar la “capacidad del sistema judicial para procesar casos (...) y reducir la corrupción”.
Entre las debilidades institucionales se menciona la falta de cooperación entre entidades públicas como la Seprelad y el Banco Central, cuyas sanciones, por cierto, no serían efectivas.
Frente a la próxima evaluación a la que será sometido el Paraguay por la rama latinoamericana del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve la ejecución de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, no benefician en nada informes de esta naturaleza, que califican a nuestro país como una suerte de paraíso del lavado de dinero. Por ejemplo, el último dato que salta a la luz pública, de que el prófugo “hermano del alma” Darío Messer estuvo otorgando poder ante el escribano Miguel Alberto Bareiro, de Salto del Guairá, mientras era buscado “afanosamente” por la policía, solo puede confirmar lo que dijo, siendo diputado, el hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que el crimen organizado ha permeado los tres Poderes del Estado.
En consecuencia, queda mucho por hacer para limpiar el rostro del Paraguay de la roña con que le embadurnan los delincuentes de todo tipo y sus padrinos políticos.