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Como en ninguna ocasión anterior, los agentes fiscales del crimen tienen en este momento la gran oportunidad de realizar una tarea que les otorgará satisfacción moral y profesional, que les brindará prestigio y suscitará la admiración de la ciudadanía, si es cabalmente realizada: la investigación de las fortunas malhabidas de los políticos y de los funcionarios de Aduanas y de otras instituciones recaudadoras.
Los indicios de enriquecimiento ilícito de estos funcionarios están literalmente a la vista. Personas que reciben sueldos modestos -porque su modesta tarea tampoco justifica remuneraciones mayores- acumulan un patrimonio envidiable que muy pocos logran en este país, a menos que estén involucrados en actividades ilegales. Pero no solamente se cuenta con esos indicios, sino con declaraciones de personas que por su experiencia y rango están en condiciones de presentar un testimonio irrebatible al respecto.
Es el caso, por ejemplo, del señor Niceto Coronel, ex viceministro de Tributación, que acaba de relatar públicamente los detalles del forcejeo que en su momento tuvo que mantener, cuando ocupaba el cargo mencionado, contra un director de Aduanas, amigo y recomendado del senador Juan Carlos Galaverna, personaje que se ha fortalecido en el cargo y que, según todos comentaban en ese momento, era el recaudador del grupo político vinculado a este parlamentario.
Así como hace poco un agente fiscal llamó a declarar a una conocida modelo que afirmó que un político -que muy bien podría ser el mismo padrino del aduanero- le hizo cuantiosos obsequios, sería mucho más relevante para la moralización de la República que comiencen a citar a estos millonarios funcionarios de Aduanas y Puertos, cuyos delitos por cierto son muchísimo más graves que los de la anécdota de la modelo, porque los daños que causan al país son incalculables.
En efecto, los medicamentos que faltan en los hospitales públicos y centros de salud, los sueldos que no se pagan, los gastos de alquiler de nuestras representaciones diplomáticas en estado de vergonzoso atraso, las escuelas que carecen de instalaciones e insumos básicos, las rutas que no se reparan y las que no se hacen; todo el importe de estas necesidades está despilfarrado en las mansiones de los aduaneros, de funcionarios de las otras oficinas recaudadoras y de sus padrinos políticos. Allí fue a parar buena parte de lo que debió entrar a las cajas fiscales para subsanar las necesidades básicas de la población.
El crimen de estos funcionarios es, pues, de lesa patria. No se trata de ladrones comunes, sino de gente responsable de la mortalidad infantil, de la insalubridad, del analfabetismo, del atraso, del subdesarrollo, del desprestigio nacional y -no hay que dejar de mencionarlo- del encumbramiento de los políticos más ineptos y corruptos que hemos tenido en mucho tiempo. Es una verdadera traición a la patria.
Ahora que -con la declaración del ex viceministro Niceto Coronel- los agentes fiscales tienen en sus manos las herramientas legales indispensables para tomar iniciativas en materia judicial, sería justo, moral y patriótico que las utilicen para comenzar una campaña histórica contra los corruptos, para desmontar la siniestra maquinaria de robar que funciona en cada aduana y en cada oficina pública. Su labor será premiada con lo más valioso que pudieran ambicionar: el respeto y la admiración de la sociedad, así como la satisfacción de haber servido ejemplarmente a su país y a su comunidad.
Los indicios de enriquecimiento ilícito de estos funcionarios están literalmente a la vista. Personas que reciben sueldos modestos -porque su modesta tarea tampoco justifica remuneraciones mayores- acumulan un patrimonio envidiable que muy pocos logran en este país, a menos que estén involucrados en actividades ilegales. Pero no solamente se cuenta con esos indicios, sino con declaraciones de personas que por su experiencia y rango están en condiciones de presentar un testimonio irrebatible al respecto.
Es el caso, por ejemplo, del señor Niceto Coronel, ex viceministro de Tributación, que acaba de relatar públicamente los detalles del forcejeo que en su momento tuvo que mantener, cuando ocupaba el cargo mencionado, contra un director de Aduanas, amigo y recomendado del senador Juan Carlos Galaverna, personaje que se ha fortalecido en el cargo y que, según todos comentaban en ese momento, era el recaudador del grupo político vinculado a este parlamentario.
Así como hace poco un agente fiscal llamó a declarar a una conocida modelo que afirmó que un político -que muy bien podría ser el mismo padrino del aduanero- le hizo cuantiosos obsequios, sería mucho más relevante para la moralización de la República que comiencen a citar a estos millonarios funcionarios de Aduanas y Puertos, cuyos delitos por cierto son muchísimo más graves que los de la anécdota de la modelo, porque los daños que causan al país son incalculables.
En efecto, los medicamentos que faltan en los hospitales públicos y centros de salud, los sueldos que no se pagan, los gastos de alquiler de nuestras representaciones diplomáticas en estado de vergonzoso atraso, las escuelas que carecen de instalaciones e insumos básicos, las rutas que no se reparan y las que no se hacen; todo el importe de estas necesidades está despilfarrado en las mansiones de los aduaneros, de funcionarios de las otras oficinas recaudadoras y de sus padrinos políticos. Allí fue a parar buena parte de lo que debió entrar a las cajas fiscales para subsanar las necesidades básicas de la población.
El crimen de estos funcionarios es, pues, de lesa patria. No se trata de ladrones comunes, sino de gente responsable de la mortalidad infantil, de la insalubridad, del analfabetismo, del atraso, del subdesarrollo, del desprestigio nacional y -no hay que dejar de mencionarlo- del encumbramiento de los políticos más ineptos y corruptos que hemos tenido en mucho tiempo. Es una verdadera traición a la patria.
Ahora que -con la declaración del ex viceministro Niceto Coronel- los agentes fiscales tienen en sus manos las herramientas legales indispensables para tomar iniciativas en materia judicial, sería justo, moral y patriótico que las utilicen para comenzar una campaña histórica contra los corruptos, para desmontar la siniestra maquinaria de robar que funciona en cada aduana y en cada oficina pública. Su labor será premiada con lo más valioso que pudieran ambicionar: el respeto y la admiración de la sociedad, así como la satisfacción de haber servido ejemplarmente a su país y a su comunidad.