El pueblo paraguayo sabe lo que quiere en Itaipú

“Antes de negociar, Paraguay debe saber lo que quiere”, pontificó recientemente, durante un panel debate realizado en la sede de la ANR, el ingeniero Ángel María Recalde, negociador del catastrófico Acuerdo Cartes-Macri sobre Yacyretá, refiriéndose a la venidera negociación con el Brasil para revisar el Anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en Brasilia el 26 de abril de 1973 –hoy hace 46 años– y puesto en vigencia en Asunción, el 13 de agosto del mismo año. Sentencia anodina, pero que no por eso deja de ser peligrosa.

El pueblo paraguayo siempre supo lo que quiere en Itaipú: IGUALDAD DE DERECHOS, como lo establecen el Tratado en su Artículo III y el Acta Final de Foz de Yguazú, firmada por los cancilleres de ambos países el 22 de junio de 1966. Como consecuencia lógica, la energía debe ser dividida en partes iguales, según lo dispone el Artículo XIII. Implementada esta igualdad, el resto vendrá por añadidura, de modo que el ingeniero Recalde pudo ahorrarse su preocupación en cuanto a lo que el pueblo paraguayo quiere en Itaipú. Que sus corruptos gobernantes y sus adláteres hayan rehusado asumir la responsabilidad y el patriotismo de hacer realidad esa causa nacional es harina de otro costal.

La negociación con el Brasil, a realizarse en 2023, implica un desafío estratégico para la política exterior del Paraguay y para su futuro como nación libre y soberana. A fin de administrar y hacer valer la igualdad de derechos consagrada en el Tratado, es indispensable que dispongamos en tiempo oportuno de la infraestructura para retirar toda la electricidad generada que nos corresponde, vale decir, la que produzcan los diez turbogeneradores de 50 hertz pertenecientes a nuestro país. En otros términos, tenemos que cortar el cordón umbilical que nos tiene atados a la voluntad expoliadora de Brasil, para así liberarnos de la condición de “prisionero geopolítico”, como es catalogado nuestro país en el marco de la doctrina geopolítica brasileña.

Identificar el problema es fácil; resolverlo, difícil. Y ese es el desafío cuasi existencial que tiene por delante el Paraguay. Desde ahora, en vez de realizar viajes meramente protocolares, lo que el presidente Mario Abdo Benítez debería hacer es visitar países en procura de inversión extranjera directa, interesada en comercializar la electricidad y establecer industrias manufactureras. En tal menester, no debe descartar la posibilidad de propiciar la conformación de un “joint venture” de capitales extranjeros, como lo ha hecho el Brasil para la construcción, con capital francés, japonés y brasileño, de la represa hidroeléctrica de Jirau, recientemente terminada, con potencia instalada de 3.750 megavatios y un costo de US$ 5.300 millones.

Junto con las urgentes medidas económicas estratégicas, el Gobierno tendría que impulsar una ley que termine con el nefasto monopolio de la ANDE y establezca el largamente postergado marco regulatorio eléctrico. Esta reforma estructural es del todo indispensable para la radicación de capital privado extranjero interesado en instalar industrias manufactureras, que habrán de crear puestos de trabajo.

Por supuesto, no todo depende de la disponibilidad de la energía eléctrica producida por Itaipú, pues también habrá que crear las condiciones necesarias para que ella sea aprovechada de tal modo que su división en partes iguales sea una realidad y no una mera expresión de deseos, como lo ha venido siendo de hecho. La seguridad jurídica, la capacitación laboral y el desarrollo de la infraestructura permitirán sacarle el mejor provecho a la justa revisión del Anexo C del Tratado, que implique modificar las condiciones de comercialización de la energía eléctrica.

No se trata solo de que el Paraguay pueda vender a terceros países la mitad de lo que le corresponde a precio de mercado, sino de promover el mayor consumo local, mediante la radicación de capitales atraídos por la posibilidad de contar con una fuente abundante y barata de energía renovable. Los mayores ingresos obtenidos tras la revisión prevista servirán para mejorar la “marca país”, con lo que se atraerían inversiones que, a su vez, irán aumentando el aprovechamiento de la mitad que pertenece al Paraguay. Esta beneficiosa retroalimentación, que pondría fin al absurdo de que solo el 15,7% de la energía utilizada en nuestro país sea hidroeléctrica, será el feliz resultado de una negociación encarada con el patriotismo y la decencia de los que, hasta hoy, han carecido quienes tenían el deber de precautelar nuestros intereses en las entidades binacionales.

Confiamos en que la contraparte brasileña tenga por fin la experiencia de tratar con negociadores paraguayos dignos que, a su idoneidad, sumen el compromiso que tienen con sus conciudadanos de hacer valer la igualdad de derechos, hasta hoy ignorada. Ignorada durante cuatro décadas de indignante explotación, cobardía y venalidad de quienes sacrificaron el interés nacional al particular. El drama, tan bien descrito en el conocido informe de Jeffrey Sachs, se resume en que, desde mayo de 1984, cuando entró a funcionar la primera de las dieciocho turbinas, el Brasil se está quedando con más del 80% del caudal energético paraguayo, pagando una irrisoria compensación de alrededor de US$ 9/MWh, a partir de 2011. Valga como comparación que el voraz socio llegó a pagar a la Argentina hasta US$ 300/MWh por la energía de Yacyretá que le vendió a escondidas, en horas de consumo pico.

El citado estudio del prestigioso economista estadounidense ilustra la magnitud del expolio que hemos venido sufriendo, gracias a la miserable complicidad de nuestros gobernantes, con el elocuente dato de que desde 2013, año en que ya habría saldado su alícuota parte de la deuda de Itaipú, el Paraguay tendría que haber recibido más de US$ 6.000 millones anuales por la electricidad cedida al Brasil, en vez de la humillante migaja que hasta hoy percibe.

La experiencia indica que solo la sociedad civil organizada, manifestándose con vigor en defensa de nuestros derechos conculcados, podrá forzar a los negociadores compatriotas a que defiendan con firmeza lo que nos pertenece, respondiendo a unas directrices claras impartidas por quien tiene a su cargo el manejo de las relaciones exteriores del país. El Presidente de la República debe ponerse a la altura de su enorme compromiso ante el presente y el futuro de los gobernados.