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Desde hace unos días, el presidente Nicanor Duarte Frutos viene criticando fuertemente a los medios masivos de comunicación en general, a sus propietarios, directores y aun a los periodistas. Uno de sus temas fue el de los cuestionamientos que se le han hecho respecto a las obras sociales que realiza con fondos que recibe principalmente de la Itaipú Binacional y en menor cantidad, al parecer, de la Entidad Binacional Yacyretá. Ayer mismo se despachó nuevamente contra propietarios de medios a los que calificó de mentirosos, esta vez para defender a su allegado y operador político, el cuestionado diputado Magdaleno Silva.
El problema que enfrenta el Presidente es la desaforada corrupción que embadurnó y embadurna su gobierno, y al no encontrar argumentos valederos como defensa ataca airadamente a la prensa. Ahí están a la vista el escandaloso enriquecimiento de los popes de Itaipú, los negociados en Copaco, el uso clientelista de la INC en época de elecciones coloradas, las dudosas operaciones con fletes y subsidios del gasoíl en Petropar, los negociados con leche para niños, kits de parto y semillas para agricultores, y tantos otros casos más.
En cuanto a las obras sociales, este diario le ha cuestionado varios aspectos, tales como el reparto a campesinos de pollitos, conejitos y otras cositas por el estilo que inicialmente mencionaba la caudalosa publicidad oficial sobre dichas obras, pero lo que en todo momento hemos observado es algo notoriamente más importante: el procedimiento de obtención de los fondos requeridos por las estruendosamente publicitadas obras sociales del Dr. Duarte Frutos y la inversión de los mismos totalmente fuera de la estructura legal de la República.
En el sistema democrático-republicano de gobierno el que quiso establecer la Constitución es atribución del Congreso sancionar anualmente la Ley de Presupuesto General de la Nación, legislar sobre materia tributaria y aprobar o rechazar empréstitos; es decir, es el Congreso el que fija la forma en que se obtendrán los recursos financieros del Estado, así como también el que determina en qué se podrán gastar dichos recursos. Igualmente, es también atribución del Congreso aprobar o rechazar la rendición de cuentas anual sobre la ejecución del Presupuesto que debe presentarle el Ejecutivo.
El mecanismo mediante el cual el actual Poder Ejecutivo recibe los fondos para obras sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá no posee base legal alguna. Ninguno de los Tratados (incluidos sus Anexos) aclara de dónde pueden surgir dichos fondos ni tampoco alude a ellos siquiera indirectamente.
Dichos fondos, por lo demás, tampoco ingresan a las arcas fiscales como todos los demás recursos públicos que le corresponden al Estado paraguayo. Los montos a que llegan son también totalmente desconocidos tanto por el Congreso y la población como probablemente por el Ministerio de Hacienda.
La forma en que serán utilizados, el destino que se les dará, tampoco son conocidos. No se sabe quién determina estos. Lo único seguro es que tampoco aparecen en las leyes anuales de Presupuesto. Paralelamente, surgen a la luz escandalosas fortunas amasadas por sus administradores, lo que da origen a fundadas sospechas de corrupción.
En ciertos casos se da a publicidad algo que ha recibido el curioso nombre de Pregón Presencial, que viene a ser algo así como una especie de llamado a licitación de la Itaipú Binacional, pero se trata también de un procedimiento totalmente al margen de la legislación nacional sobre administración financiera y contrataciones públicas, como si las entidades binacionales no tuvieran nada que ver con la República y fueran una especie de estados totalmente distintos del estado nacional.
Varias de las obras realizadas con los fondos de obras sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá deben ser consideradas como aceptables o como buenas y hasta como necesarias. Desde este punto de vista, hasta podría no haber mayores objeciones. Lamentablemente, el procedimiento seguido para realizar todas estas obras sociales está fuera de la ley nacional. Significa una grave ruptura del ordenamiento institucional de la República. Algo así como lo que, según todas las apariencias, está haciendo con los petrodólares venezolanos el Sr. Hugo Chávez, uno de los amigos de Duarte Frutos.
En consecuencia, el problema del Presidente no es con la prensa, sino con la Constitución y las leyes nacionales.
El problema que enfrenta el Presidente es la desaforada corrupción que embadurnó y embadurna su gobierno, y al no encontrar argumentos valederos como defensa ataca airadamente a la prensa. Ahí están a la vista el escandaloso enriquecimiento de los popes de Itaipú, los negociados en Copaco, el uso clientelista de la INC en época de elecciones coloradas, las dudosas operaciones con fletes y subsidios del gasoíl en Petropar, los negociados con leche para niños, kits de parto y semillas para agricultores, y tantos otros casos más.
En cuanto a las obras sociales, este diario le ha cuestionado varios aspectos, tales como el reparto a campesinos de pollitos, conejitos y otras cositas por el estilo que inicialmente mencionaba la caudalosa publicidad oficial sobre dichas obras, pero lo que en todo momento hemos observado es algo notoriamente más importante: el procedimiento de obtención de los fondos requeridos por las estruendosamente publicitadas obras sociales del Dr. Duarte Frutos y la inversión de los mismos totalmente fuera de la estructura legal de la República.
En el sistema democrático-republicano de gobierno el que quiso establecer la Constitución es atribución del Congreso sancionar anualmente la Ley de Presupuesto General de la Nación, legislar sobre materia tributaria y aprobar o rechazar empréstitos; es decir, es el Congreso el que fija la forma en que se obtendrán los recursos financieros del Estado, así como también el que determina en qué se podrán gastar dichos recursos. Igualmente, es también atribución del Congreso aprobar o rechazar la rendición de cuentas anual sobre la ejecución del Presupuesto que debe presentarle el Ejecutivo.
El mecanismo mediante el cual el actual Poder Ejecutivo recibe los fondos para obras sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá no posee base legal alguna. Ninguno de los Tratados (incluidos sus Anexos) aclara de dónde pueden surgir dichos fondos ni tampoco alude a ellos siquiera indirectamente.
Dichos fondos, por lo demás, tampoco ingresan a las arcas fiscales como todos los demás recursos públicos que le corresponden al Estado paraguayo. Los montos a que llegan son también totalmente desconocidos tanto por el Congreso y la población como probablemente por el Ministerio de Hacienda.
La forma en que serán utilizados, el destino que se les dará, tampoco son conocidos. No se sabe quién determina estos. Lo único seguro es que tampoco aparecen en las leyes anuales de Presupuesto. Paralelamente, surgen a la luz escandalosas fortunas amasadas por sus administradores, lo que da origen a fundadas sospechas de corrupción.
En ciertos casos se da a publicidad algo que ha recibido el curioso nombre de Pregón Presencial, que viene a ser algo así como una especie de llamado a licitación de la Itaipú Binacional, pero se trata también de un procedimiento totalmente al margen de la legislación nacional sobre administración financiera y contrataciones públicas, como si las entidades binacionales no tuvieran nada que ver con la República y fueran una especie de estados totalmente distintos del estado nacional.
Varias de las obras realizadas con los fondos de obras sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá deben ser consideradas como aceptables o como buenas y hasta como necesarias. Desde este punto de vista, hasta podría no haber mayores objeciones. Lamentablemente, el procedimiento seguido para realizar todas estas obras sociales está fuera de la ley nacional. Significa una grave ruptura del ordenamiento institucional de la República. Algo así como lo que, según todas las apariencias, está haciendo con los petrodólares venezolanos el Sr. Hugo Chávez, uno de los amigos de Duarte Frutos.
En consecuencia, el problema del Presidente no es con la prensa, sino con la Constitución y las leyes nacionales.