El caso del pa’i Rubio

El caso judicial que actualmente involucra al sacerdote salesiano José Antonio Rubio está siendo objeto de atención pública nuevamente, por cuanto está en pleno desarrollo el juicio oral y público. Es lamentable ver que el religioso está siendo presentado como si se tratara de un criminal de cuidado, imagen que, por cierto, está lejos de la verdad.

El pa’i Rubio está arraigado en nuestro país desde hace décadas dedicado por completo a obras de interés social, en las cuales demostró mucha dedicación y también pericia empresarial por la calidad y los costos que obtuvo por su gestión. ¿Es responsable del faltante de dinero en uno de los proyectos que dirigía, hecho por el cual se le procesa? Sí, por cuanto él era el jefe de la empresa; pero una cosa es que le faltara el dinero por haber sido embaucado como pudo haberles ocurrido a muchos de los que leen estas líneas, y otra muy distinta que se lo metiera en el bolsillo para disfrutar de él.

No tiene sentido que un sacerdote que no faltó a la fidelidad a su congregación, elogiado y apreciado por sus superiores, colegas y feligreses, que goza de buena reputación entre las innumerables personas con las que tuvo ocasión de trabajar y con la gente que recibió los beneficios de sus esfuerzos, intente enriquecerse a costa de perder todo eso, que defraude a todo un país para hacerse fraudulentamente de un dinero completamente inútil para procurarle mejor y más satisfactoria existencia que la que llevaba cumpliendo con su misión apostólica.
Se debe investigar con la mayor rigurosidad el caso, es cierto, para determinar adónde fue a parar el dinero faltante y quiénes aprovecharon realmente. Es cierto también que el padre Rubio cometió la torpeza de asociarse con su hoy coprocesado Rubén Ramírez Cataldo, persona bastante conocida en nuestro medio desde la época de la llamada “evasión de divisas” y cuyo incremento patrimonial debería ser investigado. Pero aun reconociéndosele a pa’i Rubio todas estas faltas y errores, todavía no alcanza para que se lo trate como a un delincuente igual a los grandes saqueadores de los bienes públicos, como está ocurriendo.
Algunos jueces paraguayos de la jurisdicción penal muestran conductas diferentes y son proclives a montar un espectáculo cuando los procesados son personas conocidas o cuando el caso merece gran atención pública. Da la impresión de que se sienten no en un tribunal donde se administra equidad y justicia y donde la sensatez, la moderación y el recto criterio jurídico deben ser las virtudes principales, sino en un teatro en el que ellos deben realizar las representaciones actorales que el público espera.
Se podrían citar numerosos casos de causas criminales en las que los jueces y magistrados mostraron flojedad y complacencia indebida –para no decir complicidad– con grandes bandidos que se hicieron multimillonarios robando al Estado, pero que, por su influencia o sus respaldos políticos, salieron ilesos de los tribunales sin tener que pagar ninguna pena y, mucho menos, por supuesto, devolver lo robado.
De modo que todo ensañamiento con el padre Rubio se parecerá a un acto de espectáculo judicial, algo así como un mensaje queriendo decir que aplican la ley sin contemplaciones con nadie, aunque el acusado sea una persona importante. Mensaje mentiroso, pues basta con recordar los casos judiciales de Wasmosy, González Macchi, Romero (de Conavi), Orué (de ANDE), numerosos vaciadores y otros procesados a quienes dejaron extinguir la causa o fueron sobreseídos, que son suficientes para desmentir y ridiculizar tal argumento.
Para confirmar la injusta dureza con que está siendo tratado este sacerdote de la Iglesia Católica, diametralmente diferente a como fueron considerados los mencionados hombres públicos y otros, se puede señalar que la prisión preventiva que le fue aplicada se prolongó hasta sus últimos extremos con la peregrina justificación del “peligro de fuga”. Aquí el caso se volvió simplemente kafkiano. De pronto se vio que podía fugarse alguien que volvió de España justamente para ponerse a disposición de la justicia, aclarar las cosas y, en su caso, asumir las responsabilidades que pudieren surgir de su conducta. ¡Un ciudadano español cuyo Estado niega la extradición de sus compatriotas! Muy bien podría haber actuado como lo hicieron algunos banqueros españoles que, luego de dejar un tendal de víctimas de sus fraudes aquí, volvieron a su país a disfrutar de los centenares de millones de dólares que robaron, bien lejos del alcance de la justicia paraguaya.
La gente que conoce al pa’i Rubio, sus compañeros y amigos de la familia salesiana, los feligreses, sus asociados; en fin, todos los que hayan recibido o no beneficios personales de su trabajo de servicio social, que saben y tienen constancia de que no se trata de un estafador ni de alguien que estuvo atesorando riquezas para darse a la buena vida en algún paraíso de placer mundano, deben manifestarse con convicción y claridad, hacer saber su opinión, dirigirse a la justicia, para que los jueces que lo juzgan no caigan en la tentación de hacer con él un espectáculo en vez de administrar el fallo ecuánime que se merece una persona que seguramente cometió un error, pero no un crimen.