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La nueva central hidroeléctrica a construirse en el vertedero de Aña Cua tendrá tres unidades generadoras de 92 megavatios cada una; vale decir, una potencia instalada de 276 megavatios. Según el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, su costo no pasará de los US$ 400 millones. Obviamente, se cuidó muy bien de explicar por qué la estimación de costo del mismo proyecto (potencia instalada equivalente) que en 1998 fue calculado en US$ 240 millones, ahora tiene que costar US$ 400 millones (incluso hasta hace poco tiempo las autoridades de la EBY la estimaban en alrededor de US$ 600 millones), habida cuenta de que el proyecto de las obras civiles no ha variado esencialmente, así como tampoco las condiciones físicas del sitio en que serán ejecutadas, ni los accesos al mismo, sea por agua o por tierra. En fin, no habiendo variado significativamente el proyecto, ni las condiciones de contorno de implantación del mismo, ¿a qué factores atribuir entonces su encarecimiento?
Tras conocerse las ofertas para la provisión e instalación del equipamiento electromecánico de la central –US$ 99.689.577 de la firma alemana Voith Hydro LTD de Alemania, y US$ 116.379.881 del consorcio Ara Vera, integrado por Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA), de Argentina, CIE de Paraguay y Power China–, llamó la atención la diferencia de 16,7 por ciento entre ambas ofertas. Es más, las autoridades de la EBY habían estimado que dichas ofertas rondarían los US$ 170 millones; vale decir, un 70,5 por ciento más cara que la más barata resultante. La enorme diferencia existente entre la estimación oficial de costo y lo que en la práctica resultó la oferta más barata induce a sospechar que la estimación de costo de US$ 400 millones ensayada por el director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, está inflada en más del 65 por ciento con relación a la estimada dos décadas atrás.
Ya ha saltado la primera liebre echando por tierra la estimación oficial del costo de la provisión y montaje del equipamiento electromecánico de la central. Para tener claro el panorama en cuanto a la transparencia de gestión de las actuales autoridades de la EBY –de la que orondamente se ufana el director paraguayo– o lo que es lo mismo, de los respectivos Gobiernos de ambos países socios, resta por verse qué sorpresa nos deparan las ofertas para la construcción de las obras civiles de la central, considerando que alrededor del 30 por ciento de las mismas ya están hechas, por lo que su costo debe reflejar esa diferencia cuando es contrastada con una central convencional de porte y potencia equivalentes.
Es más: el proyecto de la central de Aña Cua es, estructuralmente hablando, del tipo conocido como de “aprovechamiento a filo de agua”, vale decir, no tiene que construirse un embalse para operarla, pues el embalse ya existe. Por lo tanto, su costo tiene que ser mucho menor que el de una central convencional, como es el caso de la hidroeléctrica de Maracagua, en la Guayana venezolana, de 370 megavatios de potencia instalada.
Desde sus tiempos de presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos conoce muy bien el atractivo de la maldita piñata que el diablo tiene escondida en su cueva en ese rincón del río Paraná antiguamente conocido como “brazo San Josemí”. De ahí que, orondamente, se haya apresurado a puntualizar que “la maquinización de Aña Cua requerirá una obra inédita (las negritas son nuestras) en materia hidroeléctrica, que es romper la presa”. Falacia destinada a servir como anticipo de justificación ex post facto de la maximización de costos que él y su par argentino probablemente tienen maquinado impulsar en lo atinente a las obras civiles; más aun ahora que se les hace cuesta arriba adjudicar el contrato de equipamiento electromecánico al consorcio liderado por Pescarmona, la empresa argentina que por alguna razón es permanentemente mimada por la EBY con millonarios contratos sobrefacturados de mantenimiento de turbinas de la central principal y con registro destacado en los “cuadernos K” de coimas pagadas cuando fungía como director ejecutivo de la EBY el hoy preso arquitecto Óscar Thomas, y como ministro de Planificación federal, Julio De Vido, también actualmente privado de su libertad por cargos de corrupción en obras públicas. Con su verborragia característica, el director paraguayo de la EBY siguió abriendo el paraguas con la falacia de que el precio internacional de las hidroeléctricas en el mundo es, en promedio, de US$ 1.000.000 por megavatio de potencia instalada. “Aña Cua va a producir 300 megavatios, pero costará un poco más de US$ 300 millones, porque hay algunas obras que hay que hacer más allá que la maquinización del vertedero (…), pero no puede costar más de US$ 400 millones”.
Más claro, agua. A estar por las manifestaciones del impulsor de la fallida entrega de la EBY a perpetuidad a la Argentina vía el caballo de Troya de la “Novación”, por las buenas o por las malas el costo final de la central de Aña Cua va a ser inflado a como dé lugar hasta orillar los US$ 400 millones, convirtiéndola así en un anexo al “monumento a la corrupción”, como en su oportunidad fue calificada la presa principal por un expresidente de la Argentina.
Esto, aun cuando su verdadero costo final sean los US$ 240 millones honestamente estimado por los consultores hace veinte años. Total, la coima la pagará el pueblo consumidor de ambas márgenes y es de suponer que los coimeros disfrutarán tranquilos del dinero mal habido. Al menos, eso parece suceder en nuestro país, donde quienes han participado anteriormente de las negociaciones gozan de gran fortuna, entre ellos el propio expresidente Duarte Frutos y su escudero José Alberto Alderete, o “José Alberto del Aña Cua”, como fue bautizado en su oportunidad el actual director general paraguayo de Itaipú.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar que se ponga fin a las entregas de soberanía y los enriquecimientos ilícitos en las entidades binacionales.