Según el ministro del Interior, Enrique Riera, el presidente Santiago Peña les dijo a los miembros de su gabinete que ya no quiere excusas ni diagnósticos, sino resultados, pero son precisamente excusas, y nada más, lo que ofrecen la Dra. Barán y sus colaboradores.
A raíz de las tristes muertes de seis menores en las últimas semanas, incluida la de un bebé prematuro que no pudo recibir la atención requerida en el Hospital Regional de Villarrica por el no funcionamiento de una UTI “inaugurada” seis días antes por el propio Peña, el director de Terapias, Dr. Arturo Cáceres, se escudó en el déficit de equipamiento y personal especializado. Dijo que el ministerio tiene 609 camas de terapia intensiva, 132 menos que en la pandemia, cuando, de acuerdo con las cifras oficiales, la disponibilidad creció de 380 a 741.
Cáceres lo atribuyó a que, en aquel momento, “muchos equipos se donaron, pero esas donaciones vienen sin soporte de mantenimiento ni nada y, entonces, se desgastan y van quedando en desuso”. También mencionó la falta de intensivistas, que en la pandemia se suplió con la concentración de recursos humanos para afrontar la contingencia.
Es ya una muestra grave de ineficiencia e improvisación que se dejen deteriorar valiosos equipos hasta que dejen de funcionar y que no se planifique a tiempo la reposición de los cuadros profesionales, pero la situación resulta mucho peor que la que describe Cáceres.
Los corresponsales de nuestro diario rápidamente encontraron inconsistencias entre la información proporcionada y la realidad. Por ejemplo, en el Hospital Nacional de Itauguá figuran 148 camas, pero hay 105; en el Hospital Regional de Caacupé están registradas 16 y hay 10 en operación; en Hernandarias funcionan 6 de las 16 que están en planilla, y así sucesivamente con varios otros casos tomados aleatoriamente.
Hasta que la ministra Barán tuvo que admitir que, “en este momento, del 100% de las terapias intensivas que tenemos en Paraguay, el 60% está operativo y hay un 40% que no está operativo por diferentes motivos”, y que, de las 142 camas de terapia intensiva neonatal, que es el segmento en el ojo de la tormenta, “solamente está funcionando el 70%”.
Repitió la increíble justificación de la falta de mantenimiento, con el débil fundamento de que, en medio de la urgencia, se adquirieron equipos de diferentes lugares y que “muchas de esas marcas ya no tienen siquiera representación en el país”. Esto se podría alegar si fuera algo marginal, pero es insólito que sea un argumento para explicar la disminución nada menos que del 40% de la capacidad.
Durante la crisis sanitaria por el covid-19 se aprobaron dos leyes de emergencia y se duplicó el endeudamiento público con la supuesta primordial finalidad de poner en condiciones el sistema nacional de salud y hoy estamos peor que antes. Prometieron “rendir hasta el último guaraní” y nunca cumplieron. Durante un tiempo el entonces Ministerio de Hacienda publicó los grandes números, nunca el detalle, luego ya ni eso.
Pero de aquello han pasado cuatro años y prácticamente la mitad de ellos han transcurrido durante esta administración, por lo que tampoco Santiago Peña puede poner excusas. Este es un caso evidente de mala administración y el administrador del Estado es el Presidente de la República. Se pueden delegar funciones, pero no responsabilidades. Hoy Santiago Peña es personalmente responsable de cada muerte evitable y atribuible a nuestro penoso sistema de salud pública.
