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Ante la aguda crisis energética en Argentina durante el verano, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) de ese país reportó la compra de 1.756 megavatios de potencia a Brasil (un 12,5% de la capacidad instalada de Itaipú), suficientes para transmitir 1.264.320 megavatios/hora al mes, a un precio medio de 100 dólares el MWh.
Le pongan el ropaje que le pongan, esa es energía paraguaya que Brasil mete por un lado y saca por el otro, y lo mismo acontece cuando es Argentina la que le vende la energía de Yacyretá al Brasil o a otros países, ambos vecinos lucrando tranquilamente con la parte paraguaya sobrante del gran potencial energético del río Paraná.
Ello es así debido a que Anexos C de los Tratados de Itaipú y Yacyretá (o a su interpretación en detrimento del Paraguay) impiden a nuestro país comercializar libremente sus excedentes y lo obligan a “cederlos” a sus respectivos socios a cambio de una “compensación” ínfima y arbitraria, que no guarda ninguna relación con el valor de mercado de esa energía.
A más de 50 años de las firmas de ambos Tratados, esta situación continúa hasta el día de hoy como si nada y el Gobierno no muestra indicios de mover un dedo para por lo menos intentar rectificarla. En el caso de Yacyretá, el Anexo C se venció en 2014 y no pasó absolutamente nada. Todo sigue igual, con la particularidad de que Argentina, que consume el 98% de la generación de la usina, ni siquiera paga por el retiro de energía, y tampoco está al día con la exigua compensación por el uso de la parte paraguaya. Debido a ello, el estado de la EBY es “catastrófico”, según el director financiero paraguayo, Federico Vergara, y se sigue acumulando una deuda que es un tremendo agujero negro, nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende. Paraguay, que, además del río, que es el recurso principal y más importante, aportó más del 80% del territorio inundado pero nunca fue compensado por ello y, a pesar de ser nominalmente dueño del 50%, no ha sacado ningún provecho relevante de Yacyretá, más allá de los sueldazos para los privilegiados de turno, como Sandra Ofelia Saldívar, consuegra de Pedro Alliana.
En cuanto a Itaipú, el plazo de revisión del Anexo C se cumplió en agosto de 2023, en coincidencia con el inicio del mandato de Santiago Peña, con la fundamental diferencia de que la exorbitante deuda por la construcción de la central ya está totalmente cancelada, es decir, se agotaron las excusas. No obstante, ha pasado un año y medio y, como en Yacyretá, también todo sigue igual. Lo único que hizo en todo este tiempo el Gobierno (¡y encima se jacta!) fue negociar una tarifa más alta que la que corresponde (contra los intereses de la ANDE y de los consumidores) para generar un margen de “fondos sociales” para gasto discrecional sin rendición de cuentas, al tiempo de dejar completamente en segundo plano la restitución de los derechos nacionales, en especial, justamente, la libre disponibilidad y un precio justo por la energía paraguaya.
De esta manera, Brasil paga por el sobrante paraguayo de la energía de Itaipú 19,28 dólares el kilovatio/mes a la entidad, que es la tarifa acordada, lo que equivale a 27,5 dólares el MWh, más la “compensación” a Paraguay de 10 dólares el MWh, o sea, 37,5 dólares en total, y en este momento está vendiendo 1.265.000 MWh al mes a Argentina a 100 dólares la unidad, ¡con una ganancia de más de 2,5 millones de dólares por día! El resto lo comercializa entre 150 operadores privados de su mercado interno desmonopolizado.
Ese es un lucro que tendría que ser de Paraguay, por el aprovechamiento de su mitad de su más importante recurso natural, pero que se lo quedan otros en las narices de nuestro Gobierno, al que no parece importarle.