El “gran acuerdo” de Santi Peña le cuesta caro al país

La ANDE atraviesa una situación financiera crítica que únicamente se puede estabilizar de dos maneras: o con un fuerte ajuste de la tarifa o con un fuerte subsidio estatal, en ambos casos a costa de los consumidores y de la ciudadanía. Su presidente, Ing. Félix Sosa, engañosamente lo atribuyó en primer término a la apreciación del tipo de cambio, pero, aunque trató de disimularlo, no pudo ocultar que el factor de fondo y principal es el altísimo peso del costo de la compra de energía, especialmente de Itaipú. El motivo es que la ANDE está pagando por la energía de Itaipú cuatro veces más de lo que corresponde, gracias al “gran acuerdo” del que tanto se jacta Santiago Peña.

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El Ing. Félix Sosa señaló que en 2025 el 74% de los egresos de la compañía serán en dólares, en tanto que la mitad de los ingresos previstos serán en guaraníes, con lo cual intentó justificar el desfase financiero por el aumento del valor del dólar frente al guaraní. Ciertamente, un dólar más caro impacta en las finanzas de la ANDE, pero la moneda norteamericana se apreció aproximadamente 6% en el año frente a la moneda local y se considera que a lo sumo podría llegar al 9% o 10% en total en 2025, lo que sugiere que, si bien es un elemento agravante, no es fundamental.

La razón estructural de la crisis financiera de la ANDE es otra muy distinta, que el Ing. Sosa solo menciona secundariamente porque sabe que ello deja muy mal parado a su jefe, Santiago Peña, que en su balance de fin de año mencionó entre sus grandes logros el acuerdo tarifario alcanzado con Brasil en Itaipú. Lo que ni Peña ni Sosa dicen es que, en virtud de ese acuerdo, la ANDE se ve obligada a pagar mucho más por la energía, lo cual infla enormemente sus costos, y encima en dólares, lo que inevitablemente, de una manera u otra, tendrá que ser solventado por la población.

Como al pasar, Sosa admite que la cuenta por compra de energía de la ANDE crecerá 41,5% en 2025, a 827 millones de dólares, de los cuales el 81% corresponde a energía de Itaipú. Eso es directamente atribuible al acuerdo tarifario de Peña con Brasil, que no solamente eleva la tarifa de la binacional por encima del costo básico, sino que expresamente obliga a la ANDE a adquirir cada vez mayores porciones de energía garantizada al precio máximo.

Itaipú es formalmente una entidad sin fines de lucro, por lo cual, conforme al Tratado, su tarifa debe resultar estrictamente del prorrateo de sus costos, ni un dólar más ni un dólar menos. Al terminar de cancelarse la deuda en 2023, el costo de Itaipú cayó dramáticamente y también debió hacerlo su tarifa, que es la que les cobra tanto a la ANDE como a la empresa eléctrica estatal brasileña por contratación de potencia. Sin embargo, el gobierno de Santiago Peña insistió en mantener la tarifa alta, con el fin de disponer de una diferencia en forma de “gastos sociales”, a ser divididos en partes iguales entre los dos países.

Es bastante curiosa una negociación en la que una de las partes pertinazmente reclama que se le cobre más, no menos, pero fue exactamente eso lo que ocurrió, y la primera damnificada es la ANDE. Se acordó una tarifa de 19,28 dólares el kilovatio/mes durante tres años, lo que equivale a 26,7 dólares el megavatio/hora. De acuerdo con fuentes técnicas en Paraguay y en Brasil, el verdadero precio de costo de Itaipú estaría en torno a los 7 dólares el MWh, casi cuatro veces menos.

Adicionalmente, por efecto del mismo acuerdo, la ANDE tiene que reducir exponencialmente su compra de energía no garantizada (más barata) y adecuarse a la tarifa nominal, con lo cual pierde aceleradamente un mecanismo que ha usado tradicionalmente para mantener sus costos a raya. Muchos no lo recordarán, pero fue eso precisamente lo que desencadenó el sonado caso de la llamada “acta entreguista” de 2019, que provocó la protesta y luego renuncia del entonces presidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, por la aceptación de un recorte en la compra de energía no garantizada sin compensaciones para la empresa pública o para el país.

Si el desfase financiero es del 30%, como se comenta, le será difícil a la ANDE evitar un aumento de tarifas al público en 2025. Si, por razones políticas, el Gobierno decide subsidiar para cubrir el agujero, esa sería una opción aún peor. Por un lado, se le haría pagar a toda la sociedad el saldo rojo de la ANDE, independientemente del nivel de consumo de electricidad de cada uno. Por otro lado, sería un contrasentido, puesto que significaría meter un dinero en un bolsillo (fondos sociales) a costa de la ANDE, para luego tener que sacarlo del otro para subsidiar a la misma ANDE.

Paraguay es dueño de la mitad de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, ya totalmente amortizada, lo cual tendría que significar para sus habitantes una fuente gigantesca de energía renovable y barata. El Gobierno se tuvo que haber concentrado en la renegociación del Tratado para la restitución de los legítimos derechos nacionales, especialmente la libre disponibilidad y el precio justo por los excedentes paraguayos, y no en buscar pequeñas migajas con la tarifa que le terminarán costando muy caras al país.

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