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De acuerdo con el cronograma de convergencia pactado por todas las fuerzas políticas tras la pandemia, en 2024 el déficit público ya debía haber retornado al tope de 1,5% del PIB establecido en la bastardeada ley de responsabilidad fiscal y a estas alturas las finanzas estatales ya tendrían que haber recuperado su punto de equilibrio. Sin embargo, las autoridades económicas del nuevo Gobierno, encabezadas por el ministro Carlos Fernández Valdovinos, señalaron que el déficit del 2,2% del PIB reportado por la administración de Mario Abdo Benítez no era real, porque deliberadamente se habían excluido de la contabilidad vencimientos e intereses adeudados a contratistas y proveedores, especialmente de obras y medicamentos.
En virtud de ello, casi sin cuestionamientos, el Congreso con mayoría oficialista le otorgó en tiempo récord a Santiago Peña un cheque de 600 millones de dólares, a cuenta de una colocación extraordinaria de bonos del Tesoro asentada dentro del ejercicio 2023, con una dramática reprogramación presupuestaria, una elevación del tope del déficit del año al 4,1% del PIB y un nuevo cronograma de convergencia que “pateó” para 2026 el regreso al límite legal.
En aquel momento manifestaron que ello era necesario por única vez para regularizar los pagos y las cuentas nacionales, a la vez que prometieron “auditar uno por uno” los contratos y rendir cuentas a la ciudadanía, cosa que nunca cumplieron. Con todo, se suponía, y así lo aseguraron, que con ello la cuestión quedaría resuelta y ya no se repetiría. Los comunicados de los constructores parecen indicar lo contrario.
El sector asevera que el Estado les debe 100 millones de dólares solamente en intereses moratorios por retrasos en los pagos de diferentes obras, lo que sugiere que el “bicicleteo” continuó en todo 2024, pese a que el MOPC se jactó de una “ejecución récord” del 73% de lo presupuestado, “superior al promedio histórico de los últimos diez años”, lo que asciende a unos 750 millones de dólares.
“Consideramos que el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, incluyendo los intereses de deudas acumuladas, es esencial para preservar la credibilidad institucional y fortalecer la confianza en Paraguay como un destino atractivo para inversiones nacionales e internacionales (…) Instamos al Gobierno a priorizar los pagos de todas las deudas pendientes y a implementar medidas que aseguren una gestión financiera eficiente y responsable, evitando así la repetición de estas situaciones en el futuro” (las negritas son nuestras), señala el gremio de profesionales de la construcción.
Según el Ministerio de Economía, en 2024 se logró la meta de reducción del déficit al 2,6% del PIB (hay analistas que lo ponen en duda), pero, a juzgar por los reclamos que salen a la luz, ¿es ese el número real o este Gobierno está haciendo lo mismo que tanto criticó del anterior, congelando pagos al solo efecto de una apariencia contable, cuando en realidad el saldo rojo es mucho mayor?
Por lo pronto, si solo en intereses por atrasos el MOPC acumuló una deuda de 100 millones de dólares en un año, lo que equivale a 1,3 de cada 10 dólares ejecutados, ¿a cuánto ascienden entonces esos atrasos? ¿Por qué sigue habiendo atrasos y se siguen asumiendo obligaciones sin financiamiento, con el alto costo que ello implica?
La deuda del Estado con proveedores y contratistas suele ser un enorme agujero negro y una formidable fuente de corrupción. El Gobierno, de una vez por todas, debe aclarar detalladamente cuánto se debe, a quién se le debe, en qué concepto, con nombre y apellido, contrato por contrato, y qué pasó con el cheque de 600 millones de dólares que recibió hace tan solo un año para que esto no vuelva a ocurrir.