Cargando...
“Hace un año estábamos (con Justo Zacarías, director paraguayo de Itaipú) literalmente mirándole al Niño Jesús, pero con el Jesús en la boca, por cómo íbamos a cerrar el año. Nosotros bajamos una propuesta y no teníamos respuesta. Había un quebranto sobre cómo construir el Presupuesto. O sea, no era solamente que no sabíamos cómo íbamos a invertir, no sabíamos cómo íbamos a funcionar”, dijo el Presidente de la República.
Él mismo se desmintió instantes después. Para empezar, el acuerdo tarifario al que alude se concretó en mayo de 2024, mucho después de la aprobación del Presupuesto, y, para continuar, los “fondos sociales” provenientes de la diferencia tarifaria en Itaipú no forman parte del presupuesto público, justamente por férrea negativa del Poder Ejecutivo, que de esa forma se asegura la cuestionable facultad de repartirlos a su antojo, saltándose todos los controles y las normas institucionales de la República. Si de muestra vale un botón, baste mencionar los recursos otorgados y ejecutados por la Oficina de la Primera Dama, sin pasar por el Presupuesto, sin fiscalización ni rendición de cuentas conocidos.
Pero, además de eso, veamos las cifras. Según la versión oficial (rebatida por varios expertos), con la tarifa acordada de 19,28 dólares el kilovatio/mes se genera un margen adicional para “fondos sociales” de 650,9 millones de dólares al año para cada país durante tres años, lo que, en el mejor de los casos, totalizaría 1.952,7 millones de dólares de aquí a 2027, año en que debe volver al costo básico, según el convenio firmado.
Peña dijo que, sin esos fondos, “no sabíamos cómo íbamos a funcionar”. Totalmente falso. El Estado paraguayo tiene un gasto anual de aproximadamente 17.000 millones de dólares, lo que en tres años suma alrededor de 51.000 millones de dólares, sin considerar los aumentos en cada ejercicio. El “monto histórico” que consiguió Peña en “fondos sociales” de Itaipú representa menos del 4% del gasto público nacional, de ninguna manera el Estado, y mucho menos el país, dependen de ello.
Y hay otro elemento más: ¿de dónde sale el dinero? La tarifa de Itaipú es lo que pagan tanto la ANDE como la empresa eléctrica estatal brasileña (antes Eletrobras, ahora ENBpar) por contratación de energía garantizada. Dado que Itaipú es una entidad sin fines de lucro, contractualmente la tarifa debe ser igual al prorrateo del costo de producción, ni un dólar más ni un dólar menos. Al establecerse una tarifa mayor para incorporar un “componente social”, ello significa que la ANDE y ENBpar pagan más de lo que les corresponde según el Tratado, con el agregado de que, en el mentado acuerdo tarifario de mayo, se compromete a la ANDE a aumentar progresiva y significativamente su contratación de energía garantizada.
En otras palabras, LOS “FONDOS SOCIALES” PARA USO DISCRECIONAL DE SANTIAGO PEÑA ESTÁN FINANCIADOS POR LOS CONSUMIDORES PARAGUAYOS DE ELECTRICIDAD CADA VEZ QUE PAGAN SU FACTURA DE ANDE. La “negociación histórica” que menciona el Presidente es bastante curiosa. Pocas veces se ve que alguien, en una negociación, exija pagar más, no menos.
Según la “infidencia” de Peña, “munido de enorme patriotismo” (así se autoelogió), llegó a dar un golpe sobre la mesa ante Lula da Silva. Supuestamente le dijo que “si tenemos que hacer detener nuestras turbinas, lo haremos”. En caso de que sea cierto (permítannos dudar), no habría sido más que una bravuconada totalmente inconducente. Como si Brasil y Lula no supieran que Paraguay no tiene la más mínima posibilidad material de hacer cosa semejante.
Los “fondos sociales” obtenidos por Peña no son más que otra migaja otorgada por Brasil para mantener todo como está. Para lo único que sirvió la negociación por la tarifa es para posponer sine die la revisión del Anexo C y la plena restitución de los derechos y la soberanía paraguayos en Itaipú. O Santiago Peña, cegado por sus adulones, se cree sus propias fantasías, o piensa que los estúpidos somos todo el resto de los paraguayos.