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El pasado 6 de diciembre nos desayunamos la noticia de que la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) de Paraguay rompía unilateralmente los vínculos de cooperación con la DEA estadounidense (Administración de Control de Drogas), la cual representa, posiblemente, el mayor organismo de lucha contra el tráfico de drogas a nivel mundial. Con esta medida, Paraguay se convierte en el tercer país luego de Venezuela y Bolivia, en terminar alianzas de cooperación con la DEA. En el caso de los otros dos países, se debió a investigaciones sobre narcotráfico que involucraban a figuras de alto rango.
Este organismo tenía lazos de cooperación con Paraguay para el combate del tráfico ilícito de drogas a través del programa SIU (Sensitive Investigation Units, o en español, Unidad Especial de Inteligencia Sensible) desde el año 2008. La excusa para este abrupto quiebre de lazos de cooperación expresada por el titular de la Senad, Jalil Rachid, fue la de “optimizar la redistribución del personal operativo y fortalecer otras áreas operativas”. Es decir, el inverosímil pretexto expresado por la Senad en una nota de tres carillas para quebrar una alianza fundamental en un área de lucha y combate al crimen organizado ha sido que la decena de agentes asignados al programa eran necesarios en otras áreas. ¿Cuáles? No sabemos.
Paraguay, por su situación geográfica y su permeabilidad en esquemas de corrupción, se ha posicionado como un país clave para el tráfico de cocaína, en especial hacia Europa. La “ruta de la droga” se inicia en el Puerto de Asunción y viaja en barco hasta que la carga llega al río Paraná y luego hasta el océano Atlántico pasando por Buenos Aires o Montevideo, para emprender rumbo final hacia el Viejo Continente. Es decir, en los últimos años el Paraguay se ha posicionado como un importante exportador de cocaína hacia Europa y otros lugares, por lo que, bajo ningún punto de vista, un cese de cooperación con el mayor organismo de lucha contra la droga como lo es la DEA, puede resultar coherente. Aquí hay gato encerrado y nadie supo explicar la razón.
Al término de la semana pasada, en conferencia de prensa nuestras autoridades han intentado arrojar alguna justificación medianamente creíble. En primer lugar, aseguraron que el cese de cooperación con la Senad no implicaría un quiebre de relaciones con Paraguay, ya que la DEA continuaría trabajando con otras instituciones del Estado, por ejemplo, con la Policía Nacional. Sin embargo, bien sabemos que, a la luz de una analogía, la Senad representa la institución homóloga a la DEA, ya que fue creada única y exclusivamente para combatir el tráfico ilícito de drogas, a diferencia de la Policía Nacional que posee departamentos o dependencias especializadas en muchas otras áreas y no trabaja de forma exclusiva en la lucha antidrogas.
En ocasión de dicha conferencia de prensa el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la decisión adoptada unilateralmente por la Senad responde a una reestructuración de las fuerzas públicas y que dicha medida permitiría que el programa pase a trabajar única y exclusivamente con la Policía Nacional. Ahora bien, sabemos que la Constitución Nacional otorga a la Policía Nacional dos grandes funciones. En primer lugar, preservar el orden público, es decir, ejercer un rol preventivo del delito, y en segundo lugar, coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de hechos punibles. Por lo tanto, le está vedada a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones por su cuenta, sin la dirección de un fiscal. A diferencia del agente policial, los agentes especializados de la Senad están facultados por la Ley 6677, entre otras cosas, a “investigar, reprimir e interceptar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, drogas peligrosas así como productos químicos empleados en su elaboración, transformación o industrialización; aprehender a los presuntos responsables de tales hechos; investigar las actividades relacionadas con la legitimación de activos provenientes de esos crímenes, así como también los hechos punibles conexos y el crimen organizado”.
Es decir, el agente especializado de la Senad, además de estar facultado por ley a investigar, reprimir e interceptar el tráfico de drogas, también es un personal jerarquizado, capacitado específicamente en la lucha antidrogas, mientras el agente de la Policía Nacional no solo no tiene la atribución legal para investigar por sí mismo hechos punibles, salvo bajo dirección del agente del Ministerio Público, quien oficia de director de la investigación.
Pero en el discurso desatinado del Gobierno, tratando de explicar lo inexplicable, el ministro Riera terminó de embarrar la situación diciendo que la DEA no se va de Paraguay y que el objetivo es potenciar a la Policía Nacional, lo que nos lleva a pensar que, en adelante, la Senad, el principal organismo antidrogas del país, se va a ocupar, sola y sin ayuda de nadie, más que nada de los conocidos “chespis”.
Mientras todo esto ocurre, como siempre el presidente Santiago Peña brilla por su ausencia, demostrando que, o no es el encargado de tomar las decisiones trascendentales en un área fundamental como la lucha antidrogas y contra el crimen organizado, o considera estos temas como cuestiones intrascendentes, o existe algún otro motivo oculto. Y conste que según la Ley 108/91, que crea la Senad, esta institución “dependerá directamente de la Presidencia de la República”, lo que supone que el jefe de Estado está completamente de acuerdo con lo que ha ocurrido, salvo que haya sido ninguneado en el momento de la adopción de tal medida. En consecuencia, atendiendo los inverosímiles pretextos esgrimidos para justificarla, es evidente que el verdadero motivo de la misma no ha sido develado, y esconder la información, también es una forma de engaño.