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Es de conocimiento público la notable voracidad parlamentaria, más allá de los colores. Aparte de gozar hoy de una “dieta” mensual de 29.606.840 guaraníes, cobran 3.168.000 como “gastos de representación”, concepto que el clasificador presupuestario define como una “remuneración adicional asignada inherente al cargo y accesoria al sueldo o dieta de funcionarios que ocupan efectivamente cargos que conlleven la representación legal de la institución en que cumplen sus funciones”. Entre ellos, el anexo de personal del Presupuesto incluye los de diputado y senador, aunque los reglamentos internos de ambas Cámaras del Congreso dicen que estas son representadas solo por sus respectivos presidentes: los 123 legisladores restantes han venido creyendo oportuno arrogarse dicha función a través del anexo referido, al solo efecto de abultar sus bolsillos y sin tener que justificar los gastos, como en el caso de los viáticos, en cada ocasión que “representen” al órgano colegiado que integran.
Ahora resulta que, según informó el senador Natalicio Chase (ANR, cartista), sus colegas se proponen aumentar este ingreso suplementario en cinco millones de guaraníes mensuales, mediante el simple procedimiento de trasladar el costo de los cupos de combustible por igual monto, aprobados por la Cámara Baja, a los gastos de representación. El cambio conllevaría la gran ventaja de un ingreso monetario contante y sonante, a diferencia de los cupos que no pueden convertirse en guaraníes. Si los senadores se salieran con la suya, los parlamentarios ganarían en total 37.774.840 guaraníes mensuales, poco menos que los 37.908.880 percibidos hoy por el jefe del Poder Ejecutivo, que no tiene un “receso presidencial” desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo y asiste al Palacio de López todos los días, no solo una o dos veces por semana, en el mejor de los casos, como hacen los legisladores. Dado que la Constitución no les exige dedicarse en exclusividad a sus funciones, pueden ejercer el comercio, la industria o alguna actividad profesional, para lo cual no les faltará tiempo.
El presidente Santiago Peña sugirió que los congresistas se abstengan de premiarse con un aumento de sus ya elevados ingresos, pero se niega a “denostarlos por sus aspiraciones”. Según dijo, prefiere disuadirles, mostrarles con estadísticas lo que se está haciendo y tratar de trabajar con ellos para que los “reconocimientos salariales” de los poderes estatales puedan cumplirse, sin arriesgar la estabilidad macroeconómica ni metas como la mejora de la salud, la educación y la seguridad. Todo muy bien, pero se plantea la pregunta de si vetaría el aumento de los parlamentarios en causa propia si su recomendación fuera desoída. No se atrevió a anticipar lo que haría o dejaría de hacer en tal nefasta circunstancia, pero parece que de algún modo vuelve a poner en juego su liderazgo ante la mayoría parlamentaria, al parecer mucho menos fuerte que el del presidente de la ANR, Horacio Cartes, quien probablemente tendrá la última palabra. Conste que el 24 de octubre de 2023, el mismo jefe de Estado fue muy comprensivo con los legisladores al pedir a la Comisión Bicameral de Presupuesto que incluya para ellos un “pequeño reajuste” mensual de cinco millones de guaraníes, alegando que no se habían otorgado en los últimos diez años.
En aquella ocasión, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) argumentó que si bien el legislador ya estaba “bien pagado”, prefería a uno que estuviera así antes que a uno que cometa “tráfico de influencias o conflicto de intereses”, en tanto que el diputado Raúl Latorre (ANR, cartista) adujo que “el aumento salarial para los legisladores es importante para combatir la corrupción”. La enérgica repulsa ciudadana impidió que la iniciativa fuera aprobada con una excusa tan burda. Tratar de impedir que acepten sobornos o vendan sus votos aumentando sus ingresos regulares, implicaría someterse a un chantaje implícito, con la consecuencia de que comprar la honestidad de los parlamentarios, entre otros, puede resultar cada vez más costoso para el erario, es de decir, para Juan Pueblo. Sería interesante calcular en cuánto tasan esa honestidad, al menos para que el Ministerio de Economía y Finanzas sepa a qué atenerse a la hora de gestar el proyecto presupuestario.
Se espera que los senadores se abstengan de burlarse de sus compatriotas afirmando que resolvieron otorgarse el incremento “salarial” solo para no verse obligados a corromperse. Por otra parte, si se corrompen pero hacen buenas migas con el poder de turno, no deberían preocuparse. También se aguarda que la ciudadanía vuelva a oponerse a una pretensión desvergonzada que solo podrá satisfacerse a costa del interés general de que el dinero de todos sea invertido en obras y servicios públicos de buena calidad. El destinado a las faltriqueras de los congresistas es dinero del que se priva a escuelas y hospitales: la alternativa debería ser clara, incluso para quienes no necesitaron demostrar que eran idóneos para ocupar un escaño muy bien remunerado y tener unos fueros de los que algunos se sirven para lograr la impunidad de sus fechorías antes que para precautelar su libertad de opinión. Los ciudadanos ya no deben aceptar tan afrentosa situación, sino organizarse para repudiar, firme y sostenidamente, dentro de la ley, a quienes fueron electos para servir al país pero que se sirven de él.