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El cartismo imperante en el Congreso da un tratamiento selectivo a los pedidos judiciales de desafuero que afectan a sus compañeros de ideales, por así llamarlos. Por ejemplo, mientras que el relativo a la causa abierta al senador Rafael Filizzola (PDP) por lesión de confianza, que tuvo entrada el 11 de noviembre, fue aprobado por unanimidad el día 20, mediante un trámite abreviado sugerido por el propio legislador, las muy anteriores solicitudes con respecto al diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista) y a sus colegas liberales cartistas Roya Torres y Cleto Giménez, guardan polvo en alguna gaveta, pese a contar con dictámenes favorables de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Desde 2019 hasta hoy, la Cámara Baja recibió cuatro pedidos, más una reiteración, de que Samaniego sea desaforado para ser sometido a proceso en tres casos de agresión física y en uno de malversación, cuando era intendente de Quyquyhó; es evidente que tiene un sólido respaldo político-económico, que no se funda en consideraciones morales ni jurídicas y que se mantendrá mientras cuente con el generoso estímulo de la ANR, presidida por el expresidente de la República Horacio Cartes. Lo mismo vale en gran medida para los otros dos parlamentarios.
Roya Torres fue imputada como cómplice de su hijo, que habría cobrado honorarios sin trabajar, como asesor suyo nombrado sin previo concurso público de oposición. La legisladora, que por lo visto estimó que la imputación no era muy grave y que incumplió su promesa de solicitar ella misma su desafuero, resultó beneficiada por la suspensión provisional del procedimiento dispuesta hace unos días, al obligarse su hijo a devolver 50 millones de guaraníes a la Cámara de Diputados y a donar una suma idéntica a un hospital distrital y a un hogar de niños. De esta forma, el desafuero de la diputada, solicitado el 4 de julio de este año –hace casi cinco meses–, ya sería improcedente, pues el juicio oral no se llevará a cabo. Ese día también se pidió el de Cleto Giménez, porque habría sido cómplice en el cobro ilícito de honorarios que, según el Ministerio Público, cometieron dos hijas suyas contratadas por la misma Cámara, que brillaban por sus respectivas ausencias.
El fuero no implica una carta blanca para delinquir, sino una prerrogativa en razón del cargo, que otorga a los congresistas una inmunidad indispensable para el régimen democrático: una persecución judicial impulsada por los particulares o el Poder Ejecutivo atentaría contra su independencia, necesaria para el equilibrio entre los poderes del Estado y el control recíproco. Desde luego, ese privilegio puede tornarse abusivo si el órgano parlamentario se niega sistemáticamente a suspender en sus fueros a algún miembro, pese a todos los elementos de convicción que lo aconsejan; no obstante, ello no supondría eventualmente que la acción penal prescriba, pues hay antecedentes que concuerdan con el art. 103 del Código Penal, según el cual el plazo para la prescripción debe suspenderse cuando, por circunstancias insuperables, la persecución no pueda ser iniciada o continuada. En otros términos, la mayoría actual en el Poder Legislativo no puede asegurar la impunidad del diputado Samaniego, entre otros, por el simple transcurso del tiempo.
Es curioso que, habiéndose expedido la comisión competente, los pedidos de desafuero referidos no hayan sido tratados por el pleno de la Cámara Baja, siendo presumible que una esfera de hecho superior a su presidencia haya impartido a posteriori la orden de matarlos con el silencio en vez de someterlos a un debate en el que podrían sacarse trapos bastante sucios. La diputada Torres se quejó de que solo dos parlamentarios hayan sido imputados por el escándalo de los “nepobabies”, habiendo sido veintiséis las personas denunciadas; empero, no dejó de mostrarse comprensiva, pues pensó que “seguramente, la Fiscalía encontró más elementos preponderantes en nuestro caso”.
De lo que no cabe duda, a estas alturas, es de que la Cámara presidida por Raúl Latorre no tiene el menor deseo de limpiar sus filas, como si fuera normal que sus bancas estén enlodadas por la corrupción, el derroche y la ignorancia. Ni siquiera está dispuesta a que unos pocos sean enjuiciados ante la presunta comisión de hechos punibles contra la integridad física de las personas y el erario municipal o nacional. Para la mayoría de sus miembros, la función pública apunta sobre todo a satisfacer el interés personal de quien la ejerce, así como el de sus parientes y amigos: servirse del Estado en vez de servirlo sería absolutamente normal, porque para eso se manda. Por tanto, no resulta fuera de lugar exprimir el cargo electivo a través de jugosas dietas, de viajes de recreo al extranjero, de cupos de combustible o de puestos para los parientes cercanos; cuando a estos aprovechados se les pilla con las manos en la masa, se hacen los desentendidos y tratan de ocultar la fechoría bajo un manto de silencio, confiando en que la gente se olvide pronto: suele ocurrir, pero solo cuando la última impudicia es reemplazada por una nueva. El Paraguay merece algo mejor que esta tropa de cínicos. Como la conciencia de los legisladores evidentemente no tiene como meta la búsqueda del bien común, y la Justicia está dormida, al menos los ciudadanos tienen que demostrarles su repudio, como lo han hecho en un pasado cercano, escrachándolos en los lugares públicos donde los encuentren, siempre dentro del marco de la ley, para recuperar el Paraguay de las garras de la delincuencia y de la indiferencia.