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El caso del exconsejero del Instituto de Previsión Social Gustavo Ramón Arias, quien no puede justificar su meteórico incremento patrimonial y se construyó una ostentosa casaquinta en Areguá en plena pandemia, desplazado de su cargo por este Gobierno, pero inmediatamente premiado con otro jugoso zoquete en el instituto pese a que ni siquiera hacía acto de presencia amparado en permanentes certificados médicos por estrés, dista de ser un escandaloso hecho anecdótico. Es una prueba más de que el Consejo de Administración del IPS, al menos tal como está concebido y conformado, no sirve absolutamente para nada más que como fuente de privilegios, politiquería y tráfico de influencias.
Gustavo Ramón Arias era camillero en el IPS, activista en su seccional colorada y en el sindicato de enfermeros, del que era secretario cuando fue nombrado miembro del Consejo de Administración por Mario Abdo Benítez, nada menos que en “representación de los trabajadores”. Mantuvo su cargo entre agosto de 2018 y septiembre de 2023, lapso en el cual no se conoce que haya hecho algo significativo más que verse involucrado en multimillonarios pagos irregulares, uso indebido de combustible, injustificable enriquecimiento personal e intento de escalar políticamente como candidato a senador suplente en las últimas elecciones generales por la Lista 1.
La Contraloría General de la República acaba de ratificar su informe en el que constata insalvables inconsistencias entre sus ingresos y el aumento de su patrimonio, que pasó de negativo a multimillonario, compras al contado de inmuebles y vehículos, varias cuentas bancarias, subvaloraciones y omisiones en sus declaraciones juradas. Se construyó una quinta con cancha de tenis, amplia piscina y edificación de envergadura en momentos en que el país y el mundo atravesaban una de sus peores crisis y en que el propio IPS se debatía en tremendas presiones financieras, en gran medida por gastos y pagos ilegales autorizados por el mismo Consejo.
Es cierto que este Gobierno, apenas asumió, removió a Gustavo Arias y a los demás consejeros, pero no por nada de lo anterior, sino para ubicar a su propia gente. En el caso de Arias, para poner en su lugar a Víctor Eduardo Insfrán Dietrich, de oscuros antecedentes de cuando dirigió la Caja Bancaria y sin mérito alguno para ser la voz de los trabajadores en el Consejo ni en ningún lado, pero que es políticamente cercano al entorno del poder de turno y que trabajó para la fallida campaña de Lea Giménez al Senado por el cartismo. En cuanto a Arias, no solo se le toleró seguir cobrando en el IPS sin concurrir al trabajo, sino que se lo nombró “secretario de Asuntos Gremiales”, lo que provocó en su momento la amarga queja del gerente de Salud del ente, Dr. Carlos Morínigo, posteriormente destituido por su actitud crítica.
Este no es, ni de cerca, un hecho aislado. La Contraloría debe realizar y dar a conocer análisis patrimoniales no solamente de Arias, sino de todos y cada uno de los que han pasado por el Consejo de Administración. El IPS está en una situación calamitosa. El Fondo de Salud está en quiebra, con un servicio que da lástima y con deudas exorbitantes y de dudoso origen que exceden por mucho su capacidad de pago, mientras que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones entró en déficit veinte años antes de lo previsto en los cálculos actuariales, con un saldo rojo de 160.000 millones de guaraníes en 2020, de 370.000 millones en 2023 y quién sabe de cuánto más en 2024.
Mientras eso ocurre, el IPS tiene ¡26.000 funcionarios!, mucho más que cualquier otro ente público o privado del país, con los que se acuerdan contratos colectivos con beneficios ridículos, como aguinaldos extras y licencias laborales que pueden llegar hasta a 226 días al año, cuando no son largos permisos con goce de sueldo a cuenta de los aportantes. Por citar un ejemplo que salió a luz recientemente, tiene 344 abogados en su plantilla pero contrata asesores jurídicos externos sin ninguna justificación, entre ellos a Weldon Walter Black Zaldívar, flamante yerno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
Todo esto habla, no de una mala, sino una pésima administración, pero nadie asume responsabilidades y no pasa absolutamente nada. El Consejo de Administración del IPS es un simple (y costoso) órgano validador, que aprueba cualquier cosa, sin consecuencias. A lo sumo algún miembro vota en disidencia, pero todo queda allí, ni denuncia ni renuncia.
Tiene seis miembros, todos nombrados por el Poder Ejecutivo. Actualmente son Jorge Magno Brítez (presidente), Gustavo Alberto González Maffiodo (nombrado este mes en reemplazo de Aníbal de los Ríos) por el Ministerio de Salud, Carlos Pereira por el Ministerio de Trabajo, José Jara Rojas por los jubilados y pensionados, el citado Insfrán Dietrich por los trabajadores y José Emilio Argaña por los empleadores. Los tres primeros son directamente del Gobierno y el presidente tiene voto de desempate, con lo cual se asegura la mayoría. Los otros son tres floreros que están allí para generar la falsa impresión de que todos los estamentos están representados, cuando en realidad no tienen ninguna representatividad. Pero eso sí, todos tienen altos salarios, múltiples privilegios, cupos para ubicar a sus allegados y la posibilidad de vender favores. Este perverso sistema de gobernanza está llevando al IPS a la bancarrota.