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En el listado aparece, por ejemplo, Weldon Walter Black Zaldívar, flamante yerno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contratado en marzo de este año con un salario superior a los 15.000.000 de guaraníes, pero otras fuentes indican que el mismo contaría con un “contrato por producto” por un monto de 100 millones de guaraníes. Su esposa, Montserrat Alliana, sindicada de “nepobaby” en la Cámara de Diputados, con quien se casó el 13 de julio, se embolsa también cerca de 20 millones de guaraníes mensuales. Dirán que Weldon es un prometedor abogado y quizás lo sea, pero ¿no había ningún profesional capacitado para cumplir la misma función entre los más de 340 graduados en Derecho que ya hay y ya cobran sueldo en el IPS? Si Pedro Alliana quiere ayudar al joven matrimonio, ¡excelente!, que lo haga de su bolsillo.
Solo estos 28 asesores jurídicos externos cuestan 3.000 millones de guaraníes al año y la lista es parcial. Mínimamente, las autoridades del IPS deben de inmediato informar a sus aportantes cuál es la justificación y el beneficio que han reportado estas contrataciones, y, si no lo hacen de oficio, lo deben exigir los gremios a sus presuntos representantes en el Consejo de Administración.
Esta es una nueva punta que emerge de un enorme iceberg de escandaloso derroche. El IPS tiene alrededor de 26.000 funcionarios, mucho más que cualquier otra entidad pública o privada en el país, incluidas las hidroeléctricas binacionales o, por decir, la Municipalidad de Asunción, todo a costa de los aportes obrero-patronales.
Destina el 5,5% del total de las recaudaciones brutas al “Fondo de Administración General” para mantener su burocracia, lo que no incluye, por ejemplo, al personal médico y de blanco, o de servicios de hospitales, que son financiados por el Fondo de Salud.
Si se excluyen los (cuestionables) porcentajes transferidos al Senepa y al SNPP, los gastos de administración del IPS consumen entre el 6 y 7% de todo lo que le ingresa. Esto está fuera de cualquier parámetro internacionalmente aceptado como admisible. A modo de comparación, las Administradoras de Fondos de Pensión de Chile, que son privadas, cobran una comisión de entre 0,58 y 1,45% de los depósitos, con lo cual cubren todos sus costos, pagan a todo su personal y obtienen sus ganancias. Es cierto que no contemplan un área de salud, pero insistimos en que el Fondo de Administración del IPS tampoco incluye al personal de blanco, entre otros.
De esta manera se produce una formidable y discrecional repartija de la plata de los trabajadores, sin ningún control. De hecho, subrepticiamente y pese a la indignación ciudadana, esperaron a que se calmaran las aguas y se olvidara el asunto para poner en vigencia el abusivo contrato colectivo firmado en 2023, que otorga aguinaldo extra, licencias laborales de hasta 266 días al año y otros disparatados beneficios a cuenta de los asegurados.
Mientras tanto, el Fondo de Salud está en quiebra técnica, con deudas exorbitantes que exceden largamente su capacidad, y el Fondo de Jubilaciones lleva cinco años consecutivos de déficits, con un saldo rojo de 50 millones de dólares en 2023, y ha comenzado muchísimo antes de lo previsto a echar mano a sus reservas y a comerse la cola.
Todo esto ocurre con la anuencia y la vista gorda del Poder Ejecutivo, del Consejo de Administración y también de los gremios, que tienen la obligación de exigirles rendición de cuentas a sus representantes. Supuestamente, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich tiene voz y voto por los trabajadores en el Consejo y José Emilio Argaña Contreras los tiene por los empleadores. ¿Qué hacen las centrales obreras, qué hace la Feprinco? Que diga el Dr. Daniel Prieto, titular de la federación empresarial, si le parece lógico que se utilice de esta manera el dinero de sus afiliados y si lo consentiría si se tratase de su propia empresa privada.
El Consejo de Administración del IPS está presidido por Jorge Magno Brítez e integrado, además de Insfrán y Argaña, por el “representante” de los jubilados y pensionados José Jara Rojas, por Carlos Alberto Pereira en representación del Ministerio de Trabajo, y ahora nombrado Carlos Alberto González Maffiodo –en reemplazo de Aníbal Manuel de los Ríos– por el Ministerio de Salud. Todos ellos perciben altos salarios, beneficios y privilegios. Salvo que empiecen a demostrar con hechos lo contrario, no solo son corresponsables, sino cómplices.