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Ahora se entiende por qué el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que “este año” se aprobaría esta ley, supuestamente clave de la racionalización del Estado, pese a que ya estamos en noviembre. Evidentemente, lo tienen todo cocinado. El proyecto rápidamente pasó por comisiones del Senado y su titular, Basilio “Bachi” Núñez, director de orquesta del escándalo de los “nepobabies” y de la repartija de cargos, dijo que se trataría en plenario el próximo miércoles 13. Tal parece que se utilizará la “aplanadora” para una “reforma” que no reforma absolutamente nada, sino que blanquea la situación existente, probablemente con el objetivo de intentar engañar a las calificadoras internacionales que todavía se resisten a otorgarle al país el grado de inversión.
Precisamente el gran problema de la Ley 1626 de la función pública vigente es la dificultad de su aplicación universal, por un lado debido a las constantes perforaciones de la que ha sido objeto con acciones de inconstitucionalidad y medidas cautelares otorgadas por una Justicia sesgada por el conflicto de interés y, por el otro, porque hay grandes segmentos con influencia política que lisa y llanamente no la cumplen. Este nuevo proyecto ofrece una curiosa solución: simplemente exonera a esos segmentos y les autoriza a hacer su propio reglamento como mejor les convenga.
Esto va a contramano con el proyecto de ley que este mismo Gobierno había remitido en febrero para reemplazar al de la administración anterior, presentado en octubre de 2022, ninguno de los cuales fue tratado nunca. Más allá de diferencias puntuales, ambos consagraban los ejes principales, algunos de los cuales eran los siguientes: 1) ley pareja para todos; 2) que la “única vía de ingreso” a la administración pública sea el concurso de oposición y méritos; 3) límites a los cargos de confianza; 4) combate al nepotismo. El nuevo proyecto desnaturaliza totalmente cada uno de esos ejes.
El artículo 17, de “prohibición de nepotismo”, daría risa si no fuera para llorar. En el primer párrafo establece que “en ningún caso” podrán ser designados para cargos de confianza el cónyuge, concubino o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sea en línea recta o colateral, de quienes ejerzan puestos de conducción política en la misma institución. Sin embargo, en el párrafo siguiente, se señala que tal prohibición “no regirá” cuando “la persona designada (…) cuente con experiencia notoria y un conocimiento técnico específico manifiesto en la materia”. De más está decir que, según sus contratantes, todos los “nepobabies” están “plenamente calificados”, pero, además, ¿para qué otra cosa serviría el concurso de oposición y méritos si no fuera justamente para constatar la experiencia y el conocimiento en igualdad de oportunidades?
Asimismo, la ley actual y los proyectos anteriores enumeran dichos “cargos de conducción política” y aclaran expresamente que la lista es “taxativa”, lo que significa que son esos y no pueden ser otros. El nuevo proyecto directamente omite esa aclaración, con lo cual se da pie para ampliar o interpretar a discreción quiénes pueden ser considerados dentro de esa categoría especial.
Igualmente, el anterior proyecto de este mismo Gobierno les permitía a algunos de estos funcionarios de conducción política la contratación directa de hasta tres asesores, pero establecía que bajo ningún concepto podían ser parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Este “requisito indispensable” fue eliminado en el nuevo proyecto, como también la disposición de que tales asesores quedaban inmediata y automáticamente desvinculados una vez terminada la “función política” del contratante.
Hace menos de dos semanas Santiago Peña firmó el acta de defunción de la reforma previsional al promulgar el subsidio estatal que se autoasignaron los parlamentarios para su propia jubilación vip. Si se aprueba este nuevo adefesio, se estará también matando cualquier intento de saneamiento de la administración pública antes de comenzar. Todo parece indicar que exactamente esa es la intención.