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Aunque la Constitución no exige que quienes aspiren a una banca gocen de la “notoria honorabilidad” requerida para integrar la Corte Suprema de Justicia, es necesario que la calidad moral de los legisladores sea al menos aceptable, más aún cuando formen parte de una Comisión Conjunta de Investigación sobre un asunto de interés público o sobre la conducta de un colega. Y bien, hay razones poderosas para dudar de la rectitud de varios de los miembros del grupo creado con el fin de indagar “hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”, además de hostigar a este diario y a organizaciones sin fines de lucro que desagradan al Gobierno.
Para comenzar, la preside el senador Dionisio Amarilla, el mismo que en 2019 perdió su investidura legislativa y este año su condición de afiliado al PLRA. La primera expulsión se debió al uso indebido de influencias al intervenir en tratativas para frenar publicaciones sobre una licitación amañada por el Instituto de Previsión Social en pro de una firma de seguridad ligada a Óscar Chamorro Lafarja, un gran proveedor de la Universidad Nacional de Asunción cuando el hoy parlamentario fue su administrador general hasta 2013. Luego, el legislador se hizo contratista de la Administración Nacional de Electricidad: su empresa, que pasó a nombre del padre, integra un consorcio que se niega a devolver 4.852 millones de guaraníes por el incumplimiento de un contrato de 2020; el caso está judicializado. La segunda expulsión sufrida por Dionisio Amarilla, resuelta por una convención extraordinaria, tuvo que ver con el fervoroso cartismo que exhibió al haber apoyado la arbitraria pérdida de investidura de la senadora Kattya González, entre otras cosas.
De vicepresidente de la “comisión garrote” funge su promotor, el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, cartista), en cuyo historial figura haber sido denunciado judicialmente este año por violencia verbal contra la exsenadora Kattya González y su exasesora Soledad Blanco. Gracias quizá a sus buenos oficios, un primo suyo, el ujier Juan Luis Gamarra septuplicó su salario al convertirse en 2023 en miembro del Consejo de Administración del Ente Regulador de Servicios Sanitarios. También el diputado Héctor Figueredo (ANR, cartista), miembro de la misma comisión, sabe acomodar a la parentela a costa de los contribuyentes: el sueldo de su hija Camila, funcionaria de la Cámara Baja, casi llegó a quintuplicarse tras haber él ocupado su banca. El año pasado, este legislador hizo notar en Carapeguá a los docentes que creen estar “en la cúspide” solo por su idoneidad que “si no tienen el guiño de la clase política, tal vez no lleguen a ocupar ese espacio”. Razonamiento parecido al que una vez realizó el presidente Santiago Peña.
En cuanto al senador Gustavo Leite (ANR, cartista), considerado enemigo feroz de las organizaciones no gubernamentales, se recuerda que el exsenador Juan Carlos Galaverna dijo en una entrevista radial de 2018 que el entonces ministro de Industria y Comercio pidió una coima de 500.000 dólares para que el Frigorífico Concepción pueda volver a exportar carne. Carlos Trapani, extitular de la Asociación Rural del Paraguay y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, había informado del hecho al entonces jefe de Estado Horacio Cartes. Leite desmintió el pedido y el Ministerio Público abrió una investigación que acabó en la nada. Igual destino tuvo una denuncia penal presentada en 2017, tras un examen de la Contraloría General de la República que constató irregularidades en la gestión ministerial del ejercicio 2015.
El ya célebre diputado Jatar “Oso” Fernández, el cartista tránsfuga de Cruzada Nacional, fue denunciado por haber invadido un predio en Ayolas, donde montó “La Guarida del General”, y otro en Villeta, con una embotelladora de agua incluida. También habría sido beneficiado con una extensión supuestamente irregular de la ANDE, y ocultado su categoría de contribuyente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y, como si fuera poco, un empleado de la Cámara de Diputados lo denunció por haberlo presuntamente obligado a realizar tareas domésticas en el predio en conflicto. Aún le restan cuatro años para que culmine el presente periodo legislativo, de modo que tiene aún mucho tiempo para seguir dando rienda suelta a su codicia, valiéndose de su condición de legislador con fueros. En verdad, Javier “Chaqueñito” Vera, expulsado de Cruzada Nacional y de la bancada cartista, no desentonaría en la comisión montada también con el voto de su colega Erico Galeano (ANR, cartista), procesado porque habría lavado dinero del narcotráfico.
Pues bien, varios legisladores, sin autoridad moral, integran así la bien denominada “comisión garrote”. Es como si se les hubiera dicho: “ustedes tienen la suficiente experiencia y falta de escrúpulos para investigar y tratar de encontrar algo contra estas molestosas organizaciones y personas”. Lamentable.