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A poco de asumir la jefatura del Estado, Santiago Peña llamó a una Cumbre de Poderes que condujo, al cabo de una segunda, a la presentación de un proyecto de ley que crea el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, que sentaría las bases de una política pública basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la intervención ciudadana. Un encuentro como el referido es plausible siempre que responda al afán de buscar el bien común y no solo al de montar un espectáculo de cara a la opinión pública. Lo mismo cabe decir de uno como el realizado el jueves, durante varias horas, entre el presidente de la República, que hizo de anfitrión acompañado del vicepresidente Pedro Alliana, con los miembros de la Mesa Directiva del Senado y veintidós líderes de bancada, en su mayoría no colorados, aunque algunos de ellos, como Dionisio Amarilla, sin ser colorados actúan como oficialistas a rajatabla. En democracia, las reuniones entre altas autoridades políticas son necesarias para encarar con sinceridad y amplitud los problemas de un país, pero en el nuestro se ha hecho tradición que los gobernantes promuevan encuentros similares solo para dar una imagen de aperturismo, porque las supuestas buenas intenciones expresadas por los convocantes no se traducen luego en realidades.
El amplio temario de la cita –que puede suponerse habrá tenido el visto bueno del expresidente de la República y titular del partido de Gobierno, Horacio Cartes–, según los informes dados a conocer incluyó cuestiones tales como el transporte público, las renegociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú, la actual comisión bicameral de investigación sobre las organizaciones sin fines de lucro y las reformas de los códigos electoral y laboral. Aparte de estos asuntos, los senadores de la oposición insistieron en que cesen las “persecuciones”, como la sufrida por la exsenadora Kattya González (PEN) y la que hoy afectaría el senador Raúl Benítez (PEN). Se estima improbable que las alarmantes actuaciones de la reciente Comisión Bicameral de Investigación (“comisión garrote”), así como el copamiento de órganos estatales como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, estén influidos por Santiago Peña, que tampoco habrá tenido que ver con la arbitraria expulsión de una legisladora que molestaba mucho y con la que pendería sobre otro.
Si es así, puede suponerse que el jefe de Estado en cierta medida fue utilizado como un simple mensajero de comprensibles inquietudes, de modo que habría que esperar la respuesta de quien ejerce el poder detrás del trono, dada a través del comportamiento de sus legisladores. Esta desconfianza fue expresada sin ambages por la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien anunció que no participaba en la reunión porque Santiago Peña “no tiene poder de decisión”, y que lo que se resuelva allí el primer mandatario “tiene que consultar de vuelta con el quincho” (aludiendo a un lugar de la residencia de Horacio Cartes), donde con frecuencia se reúnen los líderes colorados y satélites.
La senadora Esperanza Martínez (FG), en cambio, calificó al encuentro de “interesante y franco”, y que se logró un acuerdo para avanzar. Por su parte, el jefe del Poder Ejecutivo dijo que fue “una conversación muy profunda, que nos anima a soñar que el Paraguay lo sigamos construyendo entre todos”. Mientras tanto, sin embargo, ya anunció que desea “teñir de rojo” el país en las elecciones municipales de 2026, de lo que se desprende que eso de construir el Paraguay entre todos tiene que esperar todavía un buen tiempo.
Es de desear que lo expresado por el anfitrión de la reunión de Mburuvicha Róga por lo menos haya sido sincero, y trate de cumplirlo sin interferencias. Para ello, debe demostrar que es él quien gobierna de hecho y de derecho, y que no recibe órdenes de ningún “quincho”. En primer lugar, que cesen las persecuciones, para que sus promesas sean creíbles. De lo contrario, ni cien “cumbres” van a mejorar la imagen del Gobierno y de quien lo preside.