Cargando...
La circunstancia de que una mayoría de la Junta Municipal de Asunción se haya negado a pedir la renuncia del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), a quien el Ministerio Público atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal durante la pandemia, puede relacionarse con una orden implícita del expresidente de la República y titular del gobernante Partido Colorado, Horacio Cartes, transmitida a los ediles colorados por el propio imputado y confirmada por el senador Antonio Barrios (ANR, cartista). “El presidente del Partido Colorado, líder de nuestro movimiento, me autoriza a decir públicamente que tengo su pleno y absoluto respaldo”, dijo Nenecho, quien también tiene una causa penal abierta por el presunto desvío de 500.000 millones de guaraníes que debían destinarse a la construcción de obras de infraestructura.
Es destacable que la suprema orden fue desobedecida por la concejala Rosanna Rolón (ANR), en tanto que el titular del órgano colegiado, César “Ceres” Escobar (ANR), volvió a exhibir su cobardía absteniéndose, tal como lo hizo al discutirse el balance general de 2023, aunque haya expresado más de una vez sus dudas sobre el correcto desempeño del jefe comunal. El edil Félix Ayala (PLRA) incurrió en una vileza aún mayor, huyendo de la sala de sesiones antes de que se vote, al igual que en aquella ocasión en el tratamiento del balance. Otra llamativa inconducta fue la del munícipe Miguel Sosa (ANR), quien negó el descalabro financiero, que obliga a un continuo “bicicleteo”, con el cínico e idiota argumento de que “nosotros cobramos y muy bien”.
La calidad moral e intelectual del intendente y de sus adictos será despreciable, pero no caben dudas de que cuentan con el apoyo irrestricto de quien funge como el “único líder” del momento, de modo que probablemente confíen en que robar y dejar robar no tendrían consecuencias penales ni civiles: creen que hay fuertes indicios de que el poder político y económico del jefe de Estado de facto es simplemente irresistible y que ninguna otra fuerza puede cambiar las cosas.
Si el mencionado concejal colorado Miguel Sosa tildó de “traición” a la ANR el hecho de que su colega Rosanna Rolón objete el desempeño del intendente, el titular colorado tuvo a bien afirmar el mismo día que la disidencia interna es admisible, pero no así la “traición” al partido. Puede entenderse que ella incluye la crítica al Gobierno de Santiago Peña, así que los colorados ya sabrán a qué atenerse. Teniendo en cuenta que muchos de ellos están insertos en el Ministerio Público y en la judicatura, puede que se cuiden de ser rigurosos a la hora de investigar y de juzgar a los correligionarios que gozan del favor explícito del mandamás de turno. No obstante, al menos los ciudadanos que no tienen patrones a quienes rendir cuentas deben seguir insistiendo en que los delitos cometidos en la función pública sean sancionados sin demoras, de acuerdo a la ley. Las víctimas tienen derecho a que los ladrones sean privados tanto de sus cargos como de su libertad y a que reparen los daños infligidos a la sociedad.
En lo que al ámbito asunceno respecta, cabe insistir en que el art. 276 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) dice que los ediles “serán personalmente responsables con sus bienes (...) por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes...”. Expresa también que el intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de la citada ley en el desempeño de sus funciones.
De la norma citada se desprende que el Ministerio Público no debe limitarse a investigar al intendente en las dos causas penales antes mencionadas, sino también indagar acerca de la responsabilidad de los concejales que aprobaron con su voto las respectivas ejecuciones presupuestarias, pues habrían sido cómplices o encubridores de Nenecho si hubiera cometido delitos en los casos que se investigan.
Es de desear que el respaldo invocado por el desfachatado intendente no inhiba a los fiscales y jueces a cumplir con su deber, sino que aceleren sus actuaciones para poner fin a este calvario que sufren los asuncenos a raíz de tan escandalosos casos que aparecen como repugnantes abusos de recursos que pertenecen a los asuncenos.