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Los 125 legisladores paraguayos tienen nada menos que 2.971 funcionarios a su disposición, considerando a quienes prestan servicios –es un decir– en las Cámaras de Senadores y de Diputados, y otros que figuran en el mismo Congreso de la Nación. Prorrateando esa enorme cantidad, puede decirse que por cada legislador hay cerca de 24 presupuestívoros. De hecho, no está probado que esta multitud haga más eficientes a nuestros parlamentarios, pese a lo cual, según el proyecto de Presupuesto enviado recientemente al Congreso, el “Plato Volador”, como se conoce popularmente al Palacio Legislativo, acogería en el 2025 a otros 97 asalariados con el dinero de los contribuyentes, mayormente amigos, parientes y correligionarios, si se sigue la tradición. El presupuesto actual del Congreso ya se eleva a 614.000 millones de guaraníes.
Resulta paradójico que el Poder del Estado que sanciona las leyes y por tanto debe ser el más celoso de su cumplimiento, sea precisamente el que las pisotea sin asco, pues no ha recurrido al concurso de oposición para la selección de sus funcionarios. Ignora así lo que establece en tal sentido la Ley de la Función Pública y la que dispone Medidas de Racionalización del Gasto Público, violándolas en pro del personal a su servicio. Este hecho ha posibilitado situaciones escandalosas, como la de los casos conocidos como “caseros de oro” de los exdiputados colorados José María Ibáñez y Tomás Rivas, o de la “niñera de oro” del exsenador colorado Víctor Bogado. Ahora mismo se está denunciando otro bochornoso caso, que involucra al diputado Jatar “Oso” Fernández, tránsfuga de Cruzada Nacional y hoy aliado del oficialismo, denunciado por un exfuncionario del Congreso de haber sido utilizado por el citado legislador para realizar tareas particulares en una propiedad reclamada por él a orillas del río Paraná en Ayolas. Pero, ajeno a todas estas barbaridades, el Congreso continúa aumentando su plantel, al punto de que en el periodo anterior, su entonces presidente, Silvio Ovelar (ANR, cartista), quiso ampliar la sede legislativa a un alto costo, lo que no prosperó gracias a la indignación popular y las críticas que produjo la iniciativa.
Independientemente a los 97 nuevos funcionarios propuestos en el proyecto de Presupuesto 2025, está también a punto de resolverse un concurso de méritos convocado para ocupar 50 cargos más en la Cámara de Diputados, a ser incorporados ya en el presente periodo legislativo. Se presentaron 1.564 candidatos y los resultados se conocerían esta semana. Como se ve, la costumbre de llenar las instituciones a costa de Juan Pueblo no acaba, pues si prosperan todos los concursos y nombramientos en marcha, los legisladores continuarán ampliando la cantidad de “funcionarios” a su disposición, y ya no corresponderán solo 24 funcionarios por cada uno de ellos sino muchos más. Recuérdese que durante las últimas campañas electorales se han publicado los casos de funcionarias que estaban realizando actividades políticas para sus jefes en localidades del interior del país.
Curiosamente, las autoridades de ambas Cámaras no exponen sus respectivos proyectos presupuestarios ante la Comisión Bicameral, a diferencia de los jerarcas de otros organismos, lo que puede conducir a disparidades, como la que se dio en el periodo anterior cuando los diputados conservaron sus vales de combustible, a diferencia de los senadores. Se trató de un caso excepcional, ya que predomina el consenso en torno al derroche del dinero de los representados, reflejado en las jubilaciones y en los seguros médicos de privilegio o los viajes a centros turísticos del exterior para asistir a algún evento de suma relevancia para el país, ¡desde luego!
Los alumnos podrán carecer de aulas, los pacientes de medicamentos y los indígenas de tierras, pero los parlamentarios no se privan de ciertos lujos ni de instalar a sus allegados en toda la administración pública. Allí pues están los “nepobabies”, como Montserrat Alliana, la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, traída al Congreso desde otra institución, con un sueldo considerablemente mejorado, por supuesto; Alejandro “Tratito” Ovelar (quien renunció al cargo), hijo del ya citado senador Silvio Ovelar; Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista); Silvana Busto Adorno, hija del diputado José Domingo Adorno (ANR, cartista); Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres (PLRA, afín al castismo), quien lo nombró su asesor, o Silvia Noemí Vega, a quien su esposo, el diputado Benjamín Cantero (ANR, cartista), también la nombró su asesora. Como se ve, el Congreso se ha convertido en una verdadera agencia de empleos para los allegados al poder, ya está al tope de su capacidad de albergar a más gente, pero va a seguir incrementando su personal. Mientras tanto, se vienen revelando las fechorías de muchos de sus miembros, pero eso les tiene sin cuidado, pues se sienten protegidos por el poder de turno. Estos hipócritas se sirven del dinero de los contribuyentes en su propio beneficio y en el de sus allegados, aportando poco o nada a cambio. No pasan necesidades, como el común de sus compatriotas. Pero no se deben perder las esperanzas: es de desear que, en la próxima ocasión electoral, se les diga que el cuento se ha acabado.