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De hecho, la situación actual es peor que la de antes, porque la primera medida macroeconómica que tomó este Gobierno fue elevar prácticamente al doble dicho tope del déficit fiscal (del 2,2% al 4,1% del PIB en 2023), supuestamente como un sinceramiento, y extender el plan de convergencia para retornar al 1,5% del PIB recién en 2026. En la práctica eso significa que ahora hay mayor margen para gastar, a lo que se suma un aumento de 700 millones de dólares en los ingresos por mayores recaudaciones, sea por el ciclo de crecimiento económico, sea por una muy publicitada mayor eficiencia de la flamante Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
Pero en vez de aprovechar la buena coyuntura para sostener o ampliar el ritmo de las inversiones físicas, una vez más, se recurre a fuertes recortes de las mismas para destinar el dinero a salarios y bonificaciones, pensiones y subsidios no contributivos, un cada vez más creciente servicio de la deuda, contratación de personal y una larga lista de despilfarros.
Ya bien entrada la segunda parte del año, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó menos del 40% de su plan financiero correspondiente al “rubro 500″, de inversiones físicas. De los 725 millones de dólares aprobados para este concepto, lleva un acumulado de 269 millones de dólares, buena parte de los cuales corresponden al pago de “deudas heredadas” y al mantenimiento de la marcha de obras anteriores, según explicó la cartera, con un solo proyecto nuevo de envergadura, la llamada “ruta de la soberanía”, entre Amambay y Canindeyú, adjudicado a una compañía mexicana en medio de una lluvia de cuestionamientos.
En relación con el año pasado, la ejecución de inversiones públicas ha caído más del 50%, en tanto que los gastos corrientes, especialmente salarios, no solamente no se han reducido, sino que han aumentado fuertemente, más del 10%, muy por encima del crecimiento vegetativo y de la inflación.
También hubo un salto en contrataciones de personal durante la todavía corta gestión de Santiago Peña, en coincidencia con los escándalos de los nepobabies. En el último trimestre de 2023, que fue el primero de este Gobierno, el número de funcionarios públicos asalariados creció 2.000% frente a todo el resto de ese año, lo que equivale a unas 8.500 personas más con sueldos públicos. A modo de comparación, en todo el sector privado no agropecuario, donde se ocupa el 80% de la mano de obra asalariada, se generó la mitad de nuevos empleos en el mismo período.
En contrapartida, ninguna de las reformas estructurales que supuestamente se iban a llevar adelante para sanear la administración pública, asegurar la sostenibilidad fiscal, mejorar la eficiencia y los servicios estatales a la ciudadanía, así como cortarle los caminos a la corrupción, han avanzado en la práctica. El proyecto de ley de la función pública y de la carrera civil duerme el sueño de los justos; la reforma previsional se quedó en la creación de una superintendencia de pensiones que no se implementa; nada en absoluto se ha hecho para abordar el déficit galopante de la Caja Fiscal; la fusión de entes para evitar superposiciones quedó en la nada; la crucial renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú parece estar en un total segundo plano.
El Gobierno ha recibido reconocimientos por estar acotando paulatinamente el déficit más o menos conforme a lo planificado. El tema es a costa de qué y si es algo real y sostenible, o si es simplemente una fachada contable, como, según ellos mismos, ocurría durante la gestión de Mario Abdo Benítez. Por lo que se ve hasta el momento, no hay muchas diferencias.