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La destitución de Kattya González del Senado fue a todas luces arbitraria y ampliamente percibida por la ciudadanía como una grosera vendetta personal de poderes fácticos que dan órdenes superiores entre abundantes rondas de whisky. Si cabía alguna duda desde lo legal, el propio Ministerio Público dictaminó ante la Corte Suprema a favor de la inconstitucionalidad del procedimiento. Y si todo eso fuera poco, la Justicia acaba de desestimar las burdas denuncias que sirvieron de excusa para toda la maniobra, lo que deja a los perpetradores en una disyuntiva: o respetan las instituciones de la República y enmiendan el atropello, o muestran a propios y extraños que en Paraguay no rigen el Estado de derecho ni la seguridad jurídica, sino la voluntad de un “patrón” con una cohorte de cepilleros a sueldo.
Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, conocida por sus fuertes posturas opositoras, fue expulsada del Senado el 14 de febrero en un operativo exprés, en el que la bancada cartista consiguió completar con sus impresentables satélites 26 votos de 45 para cambiar subrepticiamente el reglamento y proceder a concretar su amenaza de retirar la investidura a la legisladora, ante una mezcla de repudio y perplejidad de un vasto sector de la ciudadanía, que no creía que llegarían a tanto.
El argumento fue el “uso indebido de influencias” a partir de una denuncia presentada por un desconocido abogado llamado Rodney Cousirat y un presunto grupo de “ciudadanos indignados” –entre ellos una persona de probada discapacidad intelectual–, por tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, estafa, producción de documentos públicos de contenido falso e inducción a un subordinado a cometer hecho punible, debido a la contratación como asesores de José Luis Torales y María Soledad Blanco Agüero, ambos profesionales del mismo partido de la senadora.
Previsiblemente, la denuncia mereció amplio destaque en los medios cartistas, el abogado Cousirat tuvo su minuto de notoriedad, y probablemente algo más, pero los fundamentos eran tan endebles que no se pudo sostener mínimamente ni una sola de las imputaciones, al punto de que en tan solo cinco meses todas ellas han tenido que ser desestimadas, con la culminación este viernes del auto interlocutorio del juez de garantías especializado en delitos económicos Rodrigo Estigarribia, quien dio la causa por sobreseída y finalizada.
Los fiscales de delitos económicos y anticorrupción Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce, quienes tuvieron a su cargo la investigación, admitieron no haber hallado ninguna conducta penalmente reprochable y el juez Estigarribia sentenció que “en el presente caso no se vislumbra ninguna circunstancia que haga suponer que alguno de los funcionarios de la senadora Kattya González haya realizado algún tipo de hecho punible”.
Por lo tanto, no solamente el proceso de destitución de Kattya González fue irregular, y está en manos de la Corte así determinarlo, sino que los argumentos esgrimidos han perdido complemente sustento. La senadora fue destituida por contratar a dos asesores, que no son sus familiares, dentro de las reglas, al tiempo de que se supo que 61 de los 125 legisladores actuales tienen parientes biológicos o por afinidad en la función pública, la mayoría nombrados durante este Gobierno y sin concurso de oposición, más los numerosos casos conocidos de “nepobabies”, sobre los cuales la bancada cartista no ha movido un dedo.
En consecuencia, lo que corresponde es restablecer la institucionalidad, la justicia y la imagen del país. Si el oficialismo insiste en el típico “tem razão mas fica preso” estará enviando una pésima señal a la ciudadanía y a la comunidad internacional, incluyendo muy especialmente al ámbito de los negocios, afectando seriamente las posibilidades de Paraguay de acceder al tan deseado rango “de inversión” en sus calificaciones de riesgo.
El Gobierno de Santiago Peña se presenta como una administración joven, profesional y democrática, pero los tomadores de decisión se fijan en los hechos, no en las palabras. Mientras no haya compromisos contundentes con la seguridad jurídica, ese grado de inversión no se obtendrá y solo se podrá aspirar a capitales especulativos o a porciones muy marginales de los portafolios, porque ningún inversor serio, por mucha simpatía y buena predisposición que tenga, va a apostar fuertemente por un país pequeño y periférico donde los caprichos del dueño del circo, que encima está internacionalmente sancionado, valen más que el imperio de la ley.