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La Cámara de Senadores aprobó por muy amplia mayoría un proyecto de ley de varios legisladores cartistas, encabezados por el senador Basilio Núñez, hoy presidente del Congreso, “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” (OSFL), entre las que se incluyen miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) hoy existentes, que deberían inscribirse en un registro nacional dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La iniciativa alcanza, entre otros, a los “organismos internacionales reconocidos por la República” y a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados a “ámbitos” de las entidades públicas o que “de alguna manera tengan relación” con ellos. El incumplimiento de las normas conllevaría sanciones, tanto a las OSFL como a las personas físicas que “tuvieran incidencia” en su actividad; las primeras podrían ser castigadas hasta con el cese definitivo de sus actividades y las segundas con hasta la remoción del cargo ejercido y la inhabilitación por entre cinco y diez años para ocupar cargos en una OSFL o en organismos públicos.
La aplanadora cartista y aliados desoyeron un dictamen de la Procuraduría General de la República, que contiene cinco puntos concretos, entre los cuales uno recomienda “excluir a las organizaciones que administran fondos privados”. Es evidente que la decisión de aprobar el proyecto de ley ya estaba tomada de antemano a su tratamiento.
Dejando de lado, entre otras cosas, la cuestión de si el Estado paraguayo podría remover e inhabilitar al representante de una organización internacional, como las Naciones Unidas, es de señalar que la iniciativa –repudiada por al menos 81 ONG que la califican de persecución política– tiene visos de que el cartismo busca controlar no solo el aparato estatal, sino también la sociedad civil, tal como lo hace Daniel Ortega en Nicaragua y busca hacerlo Nicolás Maduro en Venezuela, mediante una ley. Bien dijo el embajador de la Unión Europea, Javier García de Viedma, al anunciar en abril el apoyo financiero a seis proyectos sociales, que las dictaduras buscan proscribirla, pues obstaculiza sus objetivos al constituir “un cauce natural de expresión de voluntades e intereses de ciudadanos libremente agrupados y un espacio de protección de sus derechos”.
Los promotores de la infeliz iniciativa alegan que las ONG que reciben fondos extranjeros atentan contra nuestra cultura y que las que reciben dinero público lo dilapidan sin ningún control. En realidad, quienes envilecen nuestra cultura son los corruptos, los nepotistas, los narcotraficantes y los contrabandistas empotrados en el poder político o asociados con él, como probablemente bien lo sabrá el propio Bachi, este último líder del clan que manejó a su gusto, durante largos años, la cuestionada ONG Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal. En cuanto al descontrol financiero, la ley orgánica de la Contraloría General de la República le permite pedir informes sobre la cuestión fiscal y patrimonial a personas o entidades privadas que gestionen fondos públicos, las que deben entregarlos dentro de un plazo de cinco a veinte días. También deben dar cuentas a la Cámara Baja y al MEF.
Hay ONG que estarían implicadas en la corrupción, como las que fueron seleccionadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra para abrir pozos o por la Gobernación del departamento Central para realizar tareas diversas en el marco de la pandemia, pero los mecanismos de control existen. No todas, ni muchísimo menos, están confabuladas con las autoridades que malversan; no lo están, desde luego, aquellas que operan sin emplear dinero público, entre las cuales se cuentan las que, mediante la educación cívica, fomentan el interés ciudadano por la gestión pública, para frenar el latrocinio: ellas son vigiladas por la Abogacía del Tesoro y por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, entre otros organismos. Por tanto, llama la atención que aparezca un instrumento que parece constituir más bien una amenaza que un mecanismo de control.
Se ha dicho que el buen gobierno democrático depende en gran medida del equilibrio entre el Estado y la sociedad civil, de hecho inexistente donde imperan el fascismo o el comunismo. Este proyecto de ley parece suponer un avieso ataque al derecho a asociarse con fines lícitos y refuerza la impresión de que el poder detrás del trono pretende expandir su influencia fáctica no solo mediante el dinero. Es necesario impedirlo, recurriendo a todos los medios previstos en la Constitución y en las leyes. Se espera, en consecuencia, que el cartismo recapacite y la Cámara de Diputados rechace este engendro.