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Una mujer que rezaba en una capilla asuncena fue asaltada con un arma blanca esgrimida por un sujeto con antecedentes delictivos, que, menos mal, pudo ser capturado horas más tarde. El incidente fue captado por una cámara de circuito cerrado montada en el sitio, una medida prudente porque la delincuencia ya no tiene zonas de exclusión. Por lo demás, en la última semana se supo que los vecinos de cierto barrio de Villa Elisa viven atemorizados por los drogadictos que roban a la luz del día, que dos periodistas televisivos fueron atracados durante un reportaje sobre la zozobra reinante en un barrio de Asunción debido a los asaltos y que empleados de una empresa transportadora los sufrieron en las rutas seis veces en el lapso de un año y medio. “Nosotros como empresa estamos hartos”, dijo su gerente Andrés Veirano, presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio.
El empresario puso en duda así lo expresado por el ministro del Interior, Enrique Riera, quien el 24 de junio había expresado más o menos que el temor ciudadano no respondía a los hechos, sino que se trataba de una simple “sensación de inseguridad”. El funcionario también tuvo el desenfado de afirmar que el nuestro es el más seguro de entre doce países latinoamericanos, citando como fuente una página web “aparentemente de España”. Quizá debería dialogar con mayor frecuencia con su jefe, el presidente Santiago Peña, quien, menos mal, en su informe al Congreso dijo lo siguiente: “No vengo a pintar aquí un país de maravillas: la inseguridad ciudadana es la más sentida, generalizada y cotidiana, y es la que más me preocupa –y ocupa–. A pesar de los esfuerzos y avances, no estoy satisfecho en lo absoluto, y seré el primero en reconocer la legitimidad de los reclamos de la ciudadanía en este sentido. Quiero que los paraguayos se sientan seguros (...); esta es nuestra promesa de campaña y estamos trabajando para lograrlo”.
Hemos transcrito la frase completa, porque es saludable que este Gobierno, acostumbrado a la jactancia sobre sus supuestos logros, y a asegurar que “estamos mejor”, reconozca por fin la existencia de una de las mayores preocupaciones de la gente: la inseguridad galopante. Es un buen comienzo para esperar que vengan días mejores en la materia. Lo que afirmó el jefe de Estado permite también pensar que ha abandonado su percepción de cuando aún era candidato presidencial, según el cual el Paraguay tenía un índice de criminalidad propio de los países nórdicos, excluyendo ciertas regiones fronterizas.
La mafia, enquistada en el aparato estatal y dueña de algunas “zonas liberadas”, como al parecer lo es aquella en la que fue atacado hace poco un helicóptero militar, debe ser combatida con todo rigor, a lo que contribuiría la anunciada inversión de 500 millones de dólares en recursos humanos y en tecnología para la seguridad. Se habría triplicado la capacidad operativa del Grupo Lince, que hoy cuenta con motocicletas donadas por el Gobierno taiwanés, y este año ingresarían 5.000 aspirantes para superar el déficit de personal policial.
Esas iniciativas son irreprochables, pero no así que Santiago Peña haya omitido referirse a la urgente necesidad de sanear la Policía Nacional (PN) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), infiltradas por la mafia y podridas por la corrupción. Esta misma semana se publicó en la prensa brasileña que, según conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Federal del Brasil, un narcotraficante de ese país que estaría en el Paraguay llegó a un “acuerdo” con la PN, a cambio de 300.000 dólares, y habría tenido otro con la Senad, “en referencia posiblemente al pago de sobornos”. Este presunto contubernio vuelve a demostrar la necesidad de empezar por limpiar la casa, pues valdrá de muy poco destinar más fondos a la seguridad si los encargados de preservarla están confabulados con la delincuencia, organizada o no.
Es hora de tomar en serio la situación. La gente ya no está segura ni orando dentro de un templo. Es como para pensar que los delincuentes tienen vía libre para operar, por lo que cada vez se vuelven más osados, lo que habla de la presunta complicidad de los uniformados. Los “polibandis” deben ocupar las cárceles como reclusos y no las comisarías como agentes.