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Las autoridades del Gobierno primero anunciaron que el “Entendimiento sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional” le permitía a Paraguay comercializar directamente en el mercado brasileño sus excedentes en la central, lo cual fue rápidamente desmentido desde Brasil. Luego dijeron que la tarifa acordada arrojaba una diferencia adicional de 650 millones de dólares al año para la margen paraguaya, pero la cifra quedó seriamente cuestionada cuando los técnicos se pusieron a hacer los cálculos. Finalmente, aseguraron que el acuerdo estaba listo para su automática implementación, pero el director brasileño de la entidad aclaró que se requiere la previa ratificación parlamentaria, lo cual no solamente lo pone en pausa por quién sabe cuánto tiempo, sino que despierta fundadas dudas sobre su final aprobación.
Paraguay tiene alrededor de 20 millones de megavatios/hora al año de excedentes energéticos en Itaipú, equivalentes a todo el consumo nacional, que se ve obligado a ceder a Brasil por una ínfima compensación. Por ello generó gran expectativa la afirmación pública hecha en una primera instancia por el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, en el sentido de que nuestro país quedaba “de inmediato” habilitado para comercializar ese sobrante en el mercado abierto de energía de Brasil, conocido como ACL (Ambiente de Contratación Libre), y obtener las rentas que le corresponden por la venta de su propia energía, que hoy le quedan a la empresa estatal eléctrica brasileña (ENBPar, antes Eletrobras).
Ello fue prontamente desmentido y el propio presidente Santiago Peña tuvo que salir a aclarar que la alusión en el texto del Entendimiento no se refería a la energía de Itaipú, sino a la de otras fuentes, a la par de indicar al respecto que la ANDE se estaba preparando para licitar 100 MW de potencia de la central de Acaray.
En cuanto al monto, el Gobierno aseguró que la tarifa acordada de 19,28 dólares el kilovatio/mes representaba para el país un extra anual de 650 millones de dólares para “inversión social”, lo cual, en un arrebato de jactancia, llevó a la ministra/secretaria del Gabinete Civil, Lea Giménez, a afirmar que se trataba de la mayor conquista de Paraguay en la historia de Itaipú.
Además de que ello está muy alejado de la realidad y de que las grandes reivindicaciones paraguayas en Itaipú pasan por otro lado, la misma cifra al parecer es mucho menor, según han estimado ya varios expertos. Al parecer, la suma adicional en comparación con lo que la margen paraguaya ya estaba recibiendo en concepto de “gastos sociales” (unos 300 millones de dólares en 2023) no alcanza los 200 millones de dólares, de los cuales 70 millones los tendrá que pagar la ANDE –es decir, los consumidores paraguayos de electricidad–, que es el costo extra que tendrá que absorber por un incremento tarifario global del 12%, solo en el primer año, por su contratación de potencia garantizada y no garantizada de la central. En otras palabras, el beneficio real suplementario que supone el Entendimiento para el país sería de 130 millones de dólares por año, y no de 650 millones.
Pero tampoco es automático, como lo proclamaron. El director general y el director financiero brasileños de Itaipú, Enio Verri y André Pepitone, declararon que su país le dará al acuerdo el trato de Nota Reversal, lo cual implica necesariamente la previa ratificación parlamentaria. Ello no sería un problema en Paraguay, donde el Gobierno tiene mayoría en el Congreso, pero sí en Brasil.
La administración de Lula da Silva no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni se acerca a ello. El Partido de los Trabajadores, de Lula, tiene apenas 80 de 513 diputados y 9 de 81 senadores, en ambos casos menos que el Partido Liberal de su archirrival Jair Bolsonaro. Aun en el caso de que realmente quisiera hacer aprobar este “Entendimiento”, debería para ello recurrir al complicado sistema de alianzas típico de la fragmentada política brasileña. Y las perspectivas en ese sentido no son muy halagüeñas porque, a decir verdad, si bien tampoco le supone un gran perjuicio, a Brasil no le conviene elevar la tarifa. Si lo acepta es como una pequeña concesión al Gobierno paraguayo, seguramente a cambio de algo más.
Lo que al principio, siendo comprensivos, se podía atribuir a algunos malentendidos y errores de comunicación, ahora ya es directamente un bochorno. Salvo que deliberadamente le hayan mentido a la opinión pública, pareciera que no conocen lo que firmaron. Mientras tanto, Brasil cumple su objetivo de mantener por el mayor tiempo posible el statu quo, que le es sumamente favorable en perjuicio del Paraguay.