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En un reciente posteo en sus redes sociales, Pedro Halley Merlo, cuyas opiniones suelen hacer suyas esas organizaciones, puso en duda el déficit del Fondo de Jubilaciones y Pensiones e insinuó que solo se trata de un invento para justificar la privatización del IPS, cosa que no está en discusión ni hay indicios objetivos de que vaya a estarlo. Halley se refirió a un video promocional del Instituto en el que se informa de una recaudación récord en abril de 115 millones de dólares. A partir de esa cifra hace el siguiente cálculo: si el 54,34%, por ley, debe ir al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, ello representa un ingreso de 62,5 millones de dólares, frente a un egreso mensual medio de 51 millones de dólares en pago de haberes, lo que arroja un superávit, no un déficit, de más de 11 millones de dólares por mes.
Pero Halley hace una crucial omisión: no todas las recaudaciones brutas del IPS pueden ser consideradas para el descuento jubilatorio porque hay grandes segmentos que aportan exclusivamente al Fondo de Enfermedad y Maternidad para el seguro de salud. Dentro de este régimen especial se encuentran los docentes públicos activos y jubilados del Ministerio de Educación; los propios jubilados y pensionados del IPS; los funcionarios del Ministerio Público; las contribuciones para ascendientes de la tercera edad; los trabajadores independientes y amas de casa que opten por aportar solo para salud; las contribuciones para continuidad en el beneficio; y los músicos, autores y compositores. En términos netos, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones le llega algo más del 44% del total.
La triste verdad es que el déficit es real y comprobable, y que el Fondo de Jubilaciones ya va por su quinto año comiéndose la cola, es decir, recurriendo a las reservas técnicas –que son los ahorros que vino acumulando desde su creación– para poder pagarles a los retirados, cuyo número se incrementa permanentemente. De acuerdo con los registros oficiales, en abril, que es el mes al que aludió Halley, el déficit entre ingresos y egresos del Fondo fue, redondeando, de 8.000 millones de guaraníes, y el promedio de saldo rojo en el primer cuatrimestre fue de 14.000 millones mensuales, a lo que habrá que sumar en el resto del año el impacto de los aguinaldos y otros conceptos.
Esta inquietante situación se produjo mucho antes de lo esperado. Los cálculos actuariales indicaban que, sin reformas, el déficit comenzaría cerca de 2040 y que las reservas alcanzarían para treinta años más. Sin embargo, el desfase se adelantó veinte años, en coincidencia con los inconstitucionales “manotazos” que se le dieron al IPS con la excusa de la pandemia, cuando el Fondo de Jubilaciones pasó de un superávit de 294.000 millones de guaraníes en 2019 a un resultado negativo de 160.000 millones de guaraníes en 2020. Desde entonces el escenario nunca se ha revertido y, al contrario, se ha agravado seriamente.
Entre esos manotazos hay que mencionar la instauración de un oneroso subsidio de un salario mínimo por mes por suspensión de contratos de trabajo, un virtual seguro de desempleo no contributivo y no previsto en la Carta Orgánica a cuenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, lo que constituye un desvío expresamente prohibido por el artículo 95 de la Constitución Nacional. Al principio se dijo que sería un auxilio excepcional por tres meses, pero duró más de dos años y hasta se le agregó aguinaldo. Sobre esto deberían protestar los jubilados y exigir que se asuman responsabilidades, porque es directamente su dinero el que se utilizó.
Otro fue elevar el Haber Mínimo Jubilatorio al 75% del salario mínimo, por encima de lo dispuesto en la ley, lo que ya le ha costado al IPS unos 100 millones de dólares. Hay más de 20.000 personas, nada menos que el 25% del total de jubilados y pensionados, cuyos haberes, por diversas razones relacionadas con sus contribuciones, no alcanzan ese límite y, por ende, se benefician con esa disposición. Lo que se propone es que, a partir de ahora, para los nuevos beneficiarios, se vuelva al tope de alrededor del 40% del salario mínimo, como era antes de la pandemia.
Es una medida pequeña, pero que se adecua estrictamente a la ley y suma para aliviar las finanzas del Fondo. Más estructural es ampliar de tres a diez el número de los últimos años de aporte para calcular la jubilación. El sistema actual genera un pernicioso incentivo para que el 80% de los aportantes solo declare el mínimo por la mayor parte su vida laboral y evada el resto, en perjuicio del conjunto en un sistema de reparto. Y aun estas son reformas todavía tibias. Para salvar al IPS hay que hacer muchísimo más.
Ignorar la realidad no va a hacer que mejore. Al contrario, con ello solo se conseguirá que todo siga igual, con resultados exponencialmente peores. No es la reforma sino la “no reforma” lo que debería alarmar a los jubilados y a todos. El IPS se encamina hacia una crisis cuyas consecuencias la sociedad no termina de dimensionar.