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El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, adelantó en sus redes sociales algunos datos del próximo Informe de Situación Financiera al mes de abril y se congratuló por un déficit fiscal anualizado del 3,41% del PIB, menor al 4,1% con el que cerró 2023, aunque todavía alejado de la nueva meta del 2,6% para este año. Pensar que esto que hoy se da como una muy buena noticia habría sido un escándalo hasta hace relativamente poco tiempo.
Algunos recordarán que durante el gobierno de Horacio Cartes, siendo ministro de Hacienda el actual presidente de la República, Santiago Peña, y el propio Fernández Valdovinos presidente del Banco Central, se planteó “relajar temporalmente” la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establecía un tope del déficit del 1,5% del PIB. Ello generó una reacción ciudadana de tales proporciones, con participación de los gremios empresariales, los sindicatos, los analistas, la sociedad civil y la prensa, que el Equipo Económico se vio forzado a retirar su propuesta.
En aquel momento se destacó como algo muy notorio e inusual el alto valor que le daba la sociedad paraguaya a la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que convertía al Paraguay en una isla de estabilidad en medio de la convulsionada región y lo hacía merecedor de elogiosos comentarios por parte de observadores internacionales. De hecho, fue en esa época cuando Paraguay fue ascendido por las principales calificadoras de riesgo, Moody’s Investor Services, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, al último escalón antes del grado de inversión, después de haber estado hasta principios del milenio en una difícil situación de “cesación selectiva de pagos” por efecto de la grave crisis financiera de los años noventa.
Pese a ello, aquel Gobierno y el que le siguió persistieron con la política de alto endeudamiento e incremento del gasto público. Se inició una bola de nieve que ya no se detendría, la deuda estatal pasó del 10 al 40 por ciento del PIB en tan solo una década, la ley de responsabilidad fiscal se convirtió en letra muerta, bastardeada año a año con una cláusula introducida de manera automática en la ley anual de Presupuesto, la “responsabilidad” solo quedó en el título y el déficit del 3,4% del PIB del que hoy presume Fernández Valdovinos es prácticamente el mismo que el de Argentina.
Desde este año el saldo rojo ya tendría que estar nuevamente acotado al citado tope del 1,5% del PIB de acuerdo con el plan de convergencia acordado por todas las fuerzas políticas después de la pandemia, pero este Gobierno desechó ese plan y lo reemplazó por otro que “patea” la convergencia al año 2026.
Se alegó que había que cancelar deudas vencidas con contratistas de obras públicas y proveedores de medicamentos que supuestamente habían sido escondidas bajo la alfombra por la anterior administración, para lo cual este Gobierno obtuvo autorización para una emisión adicional de bonos de 600 millones de dólares dentro del ejercicio 2023, lo que elevó el déficit del año pasado al 4,1% del PIB, frente al 2,2% previsto. Sin embargo, hay algunos problemas con este argumento.
En primer lugar, si se trataba de una situación única y excepcional, como sostuvo Fernández Valdovinos, a la par de acusar a su antecesor de maquillar la contabilidad pública, en todo caso se podría justificar el salto en el déficit de 2023 para ponerse al día, pero ¿por qué el de 2024 y el de 2025? En segundo lugar, nunca aclararon cómo se generaron esos atrasos y a dónde fue el dinero que tuvo que haber estado presupuestado para esas obligaciones. Se prometieron exhaustivas investigaciones caso por caso y detallados informes a la ciudadanía, cosa que nunca ocurrió.
En tercer lugar, si este Gobierno alardea de que hubo un aumento de 500 millones de dólares en las recaudaciones desde que asumió, en gran medida como resultado de la reactivación económica por las buenas cosechas, y ya descontado el fuerte desembolso para regularizar lo que había quedado pendiente de la gestión anterior, ¿por qué el déficit apenas se redujo poco más de medio punto porcentual cuando ya promedia un tercio del año?
En la teoría económica hay muchos que defienden que un determinado nivel de déficit es necesario. El tema es para qué. Si se utiliza el exceso de gasto para impulsar el desarrollo podría ser, ¿pero hasta qué punto es nuestro caso? Veamos. Entre 2004 y 2014, a valores constantes el crecimiento económico fue del 57%. En cambio, entre 2014 y la actualidad, el crecimiento a precios constantes ha sido del 30%, la mitad, con el agravante de que ahora estamos con el agua al cuello. Cada uno podrá exponer sus atenuantes, pero la responsabilidad recae sobre las dos grandes facciones del Partido Colorado, que son las que han gobernado y lo siguen haciendo en el lapso en el que se han disparado el déficit y el endeudamiento. Y encima se jactan.