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En el caso detonante, el destituido gerente habló de que faltaba alrededor del 40% de los fármacos que deberían estar disponibles, pero de pronto aparecieron 18, de modo que el porcentaje se habría reducido al 32,5%, una cifra igualmente elevada. Sin embargo, el desabastecimiento no sería tan grave, en opinión de la máxima autoridad del IPS, que implícitamente tildó al exfuncionario de mentiroso por hablar de lo que bien saben los asegurados, es decir, que deben obtener por su propia cuenta el analgésico paracetamol o fármacos contra las alergias, la diabetes, el cáncer y la hipertensión, entre otras dolencias, salvo que prefieran posponer o suspender el tratamiento.
Los últimos dichos del defenestrado funcionario, que colmaron la paciencia de los jerarcas, se sumaron a varios otros que evidenciaban la crisis del ente previsional, admitida inclusive por el actual presidente del instituto, quien tras la fulminante remoción dijo: “Es bien sabida la situación lamentable en la que recibimos la institución. Estamos dando vuelta eso. Yo, como funcionario antiguo y aportante, viví varias veces esas necesidades y por eso no quiero que nadie esté sin su medicamento”. Una vez más, un administrador nombrado por este Gobierno culpa a las autoridades del anterior, para justificar su inoperancia. Y, para peor, “matan al mensajero”, como se dice, destituyendo a uno de los pocos funcionarios que realmente demostraba preocupación por el estado ruinoso del IPS, llamando a las cosas por su nombre, sin esconder la basura bajo la alfombra.
La crítica situación, en lo que atañe a los fármacos, se reflejaría en la urgente necesidad de adquirir medicamentos por valor de 30 millones de dólares, pero ocurre que el IPS adeuda a las empresas farmacéuticas unos US$ 400 millones, al decir de Gerardo García, presidente de la Cámara que las nuclea. La crisis no se reduce a la inexistencia de medicamentos, sino que afecta a la administración en general, como lo denunció más de una vez el hoy sancionado: hace medio año, por ejemplo, dijo que el instituto es “un barco hundido, un muerto que están intentado reanimar”. Parece que no estaba muy descaminado.
Mientras tanto, y como si fuera que el ente nadara en aguas de bonanza, al parecer subrepticiamente se está poniendo en ejecución un inaceptable contrato colectivo de trabajo, negociado el año pasado entre el Consejo de Administración del IPS y los sindicatos del ente, que contempla beneficios abusivos para los funcionarios, lo que constituye una bofetada para quienes vienen pagando desde hace años para ser atendidos con dignidad y eficiencia por la previsional. Además, pese a contar con todo un estudio jurídico que debe atender sus casos, el ente contrató a una veintena de abogados externos, entre los que figura Weldon Walter Black Zaldívar, prometido de la nepobaby Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, con un salario de unos 20 millones de guaraníes mensuales. Esto demuestra que la politiquería y el clientelismo continúan tan vigentes con la actual administración.
Si a esto se agrega que, como surge del episodio que afectó al doctor Morínigo, el IPS quiere proyectar hacia afuera que es una institución modelo, manteniendo en las tinieblas los problemas que lo aquejan, poca esperanza de cambios existe con este Gobierno. Los asegurados y sus familiares continuarán cargando con su cruz, mientras sus representantes en el Consejo de Administración seguirán sentados en sus poltronas disfrutando de los beneficios de sus cargos. Solo la firme y sostenida manifestación pública de los afectados y sus familias, en el marco de la ley, puede poner fin a tanta ignominia.