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La ecuación es simple, no es complicada como lo quieren hacer creer. Formalmente Paraguay es dueño del 50% de Itaipú, cuyo fin es la explotación de un recurso natural compartido en partes iguales con Brasil, que es el potencial energético creado por la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú. Dado que Itaipú es una entidad sin fines de lucro, una vez cubiertos todos los costos por la construcción, la amortización de las deudas, la operación, el mantenimiento, los royalties pagados a ambos países por el uso del río y cualquier otro concepto, lo lógico y normal habría sido que los dos socios del emprendimiento, que supuestamente se dividen la sociedad en 50/50, recibieran equitativamente el fruto del aprovechamiento de ese recurso natural. Pero eso está muy lejos de ser la realidad, y es algo que jamás van a poder justificar.
Desde la firma y puesta en vigencia del Tratado, Paraguay retiró el 9,1% de toda la energía producida por Itaipú, es decir, 273 millones de GWh. Al precio de referencia mencionado, eso equivale a 19.592 millones de dólares en forma de energía.
A eso hay que agregarle lo que Paraguay recibió por royalties por el uso del río y compensaciones por la cesión a Brasil de sus excedentes energéticos, a un valor que hoy, ya después de todas las actualizaciones de las que tanto se jactan, es de poco más de 10 dólares el MWh, una migaja. Entre 1985 y 2021 Paraguay percibió 10.200 millones de dólares por royalties (la misma cantidad que Brasil) y 6.200 millones de dólares por cesión de su sobrante a Brasil.
Ahora bien, si Paraguay es socio-propietario del 50% de Itaipú, y si la central produjo el equivalente de 215.992 millones de dólares desde que empezó a operar, y si a eso hay que restarle 63.000 millones de dólares de costos, teóricamente Paraguay debería ser dueño de la mitad de los restantes 152.992 millones de dólares, es decir, 76.496 millones. Sin embargo, en medio siglo, en todo concepto, nuestro país obtuvo 35.992 millones de dólares (hay que sumarle royalties y compensaciones de 2021 a 2024) por la explotación de su recurso natural. La diferencia de 40.500 millones de dólares es un subsidio directo extraído a Paraguay en favor del Brasil, sin considerar el enorme negocio financiero que se hizo a costa de nuestro país, que es otro gran capítulo de esta historia de despojos.
Es exactamente la conclusión a la que arribó en su momento el equipo de Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia de Nueva York. Por presión de Brasil, tristemente secundada por muchos en Paraguay, se intentó por todos los medios desacreditar ese estudio y finalmente se consiguió que, por formalismos semánticos (la deuda es de Itaipú, no de Paraguay) se suavizara el texto del primer borrador. Sin embargo, todos los que conocen el informe “Leveraging Paraguay’s Hydropower for Sustainable Economic Development” saben que se cambiaron las palabras, pero no el argumento de fondo, que es que Itaipú se autofinanció con creces y que Paraguay ha subvencionado fuertemente con su energía al Brasil en detrimento de su propio desarrollo.
Se podrá fundamentar que el pasado no se puede cambiar y es difícil de remediar, pero lo grave es que toda esta situación continúa exactamente igual hasta el día de hoy y no se avizora ninguna señal de parte del Gobierno de buscar cambiarla, pese a que la deuda ya está oficialmente cancelada y que el Anexo C hace ya seis meses cumplió 50 años de vigencia, plazo establecido para su revisión. Ponen énfasis en la tarifa, que es un tema secundario, y no en restituir los legítimos derechos del Paraguay.