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La funesta Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) integrará el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), según el proyecto de ley que “universaliza equitativamente la alimentación escolar (hambre cero en nuestras escuelas y sistema educativo)”, presentado con toda pompa por el Poder Ejecutivo. Se trata de una entidad sin fines de lucro y de derecho privado, ignorada por la Ley Orgánica Municipal (LOM), y de la que forma parte solo poco más de la mitad de las 263 administraciones comunales. Se entiende que así sea, pues la membresía es voluntaria, pero no se justifica en absoluto que el presidente de esta organización no gubernamental (ONG), creada en 1954 como instrumento de la dictadura stronista, vaya a integrar un organismo estatal, junto con el del Consejo de Gobernadores, que también es –por cierto– una ONG, y los respectivos jerarcas del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, así como de los ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Ciencias y de Economía y Finanzas.
Sirva como ejemplo de los pésimos antecedentes de la Opaci que la Contraloría General de la República llegó a revelar que no había transferido a las municipalidades 18.172 millones de guaraníes recaudados en 2015, por hacer de agente de retención de los tributos por venta de inmuebles y operaciones de crédito hipotecario, a cambio de una prima y en virtud de un acuerdo con el Colegio de Escribanos del Paraguay. Los antecedentes también indican que ese mismo año, la ONG administró sin ninguna base legal 41.900 millones de guaraníes, recaudados en al menos dieciocho conceptos, entre ellos la expedición y la anulación de licencias de conducir. En aquel entonces estaba presidida por Ricardo Núñez, el intendente de Villa Hayes que vendió tierras del Ministerio de Defensa y es hermano del hoy senador Basilio Núñez (ANR, cartista), este a su vez el exintendente (2006-2010) que también presidió dicha asociación civil y que hace unos días afirmó –sin ruborizarse– que apoya la iniciativa de Santiago Peña, pues lo que se querría es “que no se robe más el almuerzo”.
Es llamativo que esa copiosa fuente de enriquecimiento ilícito, entre cuyos fines estatutarios no figura el de coadministrar fondos públicos, siga gozando de la confianza de los que mandan: si la Ley Nº 5016/15 incluyó en el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial a dos intendentes designados por la ONG, ahora se pretende que también se inmiscuya en la alimentación escolar, es decir, que desde allí supuestamente contribuya a que ¡no sean malversados los recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae)!
Su actual titular, el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR, cartista), fue electo en forma irregular en 2022, según denunció en su momento la exvicepresidenta primera Norma Godoy (ANR, hoy cartista): ello habría conllevado que la Opaci vuelva a manos del célebre clan Núñez, lo que, de ser cierto, debe alarmar aún más a la ciudadanía. Pero más allá de todo, con independencia de quién la encabece y de su deplorable historial, su presidente nada tendría que hacer en el Conae, por ser ella una persona jurídica de derecho privado.
Según la iniciativa en cuestión, el Conae tendrá por objeto “promover una gestión eficiente, eficaz y transparente de las políticas, programas y proyectos de la materia (sic)”. Nada indica que el presidente de la Opaci, quienquiera que sea, pueda contribuir a ello. Allí se ha venido practicando el latrocinio durante décadas, con la mayor impunidad, al amparo del poder político. El proyecto de ley dice que el Conae podrá invitar “con carácter consultivo” a, entre otros, “los representantes de instituciones privadas y organizaciones, cuyo ámbito de trabajo o funciones esté relacionado con los recursos del Fonae”. Esto significa que solo podría pedir consejos a entidades que tengan que ver con los recursos de dicho fondo: tanto el ámbito de trabajo como los recursos de la Opaci son del todo ajenos a ellos, pero resulta que su presidente, que no podría ser tan siquiera un mero consultor, sería miembro nato del Conae.
Los estatutos declaran que esa nefasta organización es de “utilidad pública”, pero la triste experiencia enseña que es de utilidad estrictamente privada. El único beneficio que este nefasto engendro podría aportar al país sería disolverse de una vez por todas, en vez de meter sus manos sucias donde no debe.