Como si nada endeudan al país

En 2014 el Gobierno de Horacio Cartes sorprendió con una colocación récord de bonos del Tesoro por 1.000 millones de dólares, algo que no tenía precedentes en Paraguay, lo que provocó en su momento un ácido debate público. Sus voceros salieron a argumentar que era una medida única y extraordinaria, para aprovechar la buena coyuntura en el mercado bursátil internacional y obtener de una vez los recursos que el país necesitaba para invertir en infraestructura. Lejos de quedar como un hecho aislado, aquello se convirtió en algo tan “normal” que hoy Santiago Peña, con apenas cinco meses en la Presidencia, como si nada, ya colocó bonos por 220 millones de dólares y prepara una emisión para los próximos días de 1.000 millones de dólares más.

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De esos más de 1.200 millones de dólares de endeudamiento adicional con que se inaugura este Gobierno, 600 millones se contemplan en una ley de dudosa constitucionalidad que hizo aprobar Peña con su mayoría parlamentaria supuestamente para cancelar deudas vencidas con contratistas y proveedores del Estado que, según el ministro de Economía, Carlos Fernández, estaban escondidas bajo la alfombra para maquillar el verdadero déficit fiscal. En diciembre se colocaron los primeros 220 millones y el saldo de 380 millones entrará con la nueva partida, todo dentro del presupuesto 2023, con lo cual el déficit del ejercicio se eleva al 4,1% del PIB, casi el doble del que estaba previsto originalmente.

Otros 532 millones de dólares corresponden a lo autorizado por la ley de presupuesto 2024 y lo restante a otra ley que ya casi nadie tampoco recuerda, llamada de “administración de pasivos”, popularmente conocida como “ley de bicicleteo”, vigente desde 2020, que le permite al Poder Ejecutivo lanzar nuevos títulos para canjear hasta el 40% de los bonos estatales en circulación, sin necesidad de aprobación del Congreso.

Como se ve, la mayor parte del dinero es lisa y llanamente para tapar agujeros anteriores, con lo cual ni siquiera se pueden esgrimir las razones de aquella primera gran emisión mencionada, cuando alegaban que valía la pena endeudarse para nuevas obras o para nuevos programas gubernamentales en beneficio de la ciudadanía.

A ello hay que sumar el agravante de que, a diferencia de esa época, hoy las condiciones del mercado no son favorables, por lo que el Gobierno se embarcará en una riesgosa ingeniería financiera, consistente en emitir ahora bonos de corto plazo con las altas tasas de interés vigentes, con la expectativa de reemplazarlos por otros de mayor plazo y menores tasas hacia 2026, para cuando, según presumen, habrá mejorado el escenario, cosa que, en realidad, nadie puede saber.

El hecho es que, cuando el gobierno de Cartes hizo aquella movida que causó tanta polémica, el saldo de la deuda pública paraguaya era de 4.174 millones de dólares, equivalentes al 10,9% del PIB. Hoy, tan solo una década después, ese saldo, con las nuevas emisiones, supera los 17.000 millones de dólares y se acerca al 40% del PIB, con un crecimiento exponencial: se duplicó durante la administración de HC y se volvió a duplicar durante la de Mario Abdo Benítez, mientras que ya se volvió a incrementar fuertemente al principio de la de Santiago Peña. Eso es solamente el saldo, no el endeudamiento bruto; es decir, lo que queda por pagar, no todo lo que ingresó.

Pese a ello, Paraguay sigue estando entre los países de peor infraestructura de América Latina y el Caribe, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Tampoco tiene el país un sistema de salud pública de primera, como cabría esperar con toda la deuda que se contrajo con la excusa de la pandemia, mientras las instituciones educativas se caen a pedazos y los servicios estatales son de bajísima calidad.

Ello es así sencillamente porque se derrocha y se desvía el dinero, tan simple como eso. En los últimos veinte años, el Estado paraguayo gastó en términos reales (ajustado por el tipo de cambio de cada quinquenio) la exorbitante suma de 113.000 millones de dólares, de los cuales solo 15.000 millones se destinaron a inversiones físicas (sobrefacturaciones incluidas). Ello da una idea de que el Estado se endeuda, pero el impacto en el desarrollo nacional y en beneficios para la ciudadanía, que es la que paga la cuenta, es comparativamente mínimo.

Desde que Paraguay ingresó en 2012 al mercado internacional de bonos soberanos el endeudamiento masivo se ha vuelto costumbre en el país, al punto de que ya por poco se lo considera algo natural. Pero la deuda pública ya ha llegado al máximo límite de lo que se considera prudente y el costo de la misma ya consumió el año pasado 4,8 billones de guaraníes, un 40,5% más que en 2022, un monto muy superior al que recibe la mayoría de los ministerios. Si no se para la bola de nieve, todos terminaremos arrastrados por la avalancha.

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