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Lo que era solo una sospecha de a poco se va confirmando: hay indubitables y alarmantes esfuerzos por dinamitar los escasos sistemas de defensa que tiene la República del Paraguay contra la corrupción y la impunidad. Si ya fue inquietante el anuncio inicial de Santiago Peña de hacer desaparecer a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en los últimos días el país entero ha podido comprobar que existe una seria componenda cartista, pareciera un plan, para pulverizar las únicas murallas que tiene el Estado paraguayo para defenderse de la voracidad de los funcionarios públicos corruptos en sus zarpazos al patrimonio estatal.
Deplorable fue la forma en que la Cámara de Senadores fue mutilando la Ley de conflicto de intereses, o Ley de puertas giratorias, dejándola al grado de ser absolutamente inservible. Podría pensarse que ante la imposibilidad de derogarla –hubieran quedado descubiertas sus intenciones– prefirieron despedazarla por completo para dejar inutilizada una ley que afecta a muchas autoridades y funcionarios públicos, especialmente quienes fueron y vinieron del grupo Cartes, empezando por el mismo presidente Santiago Peña, algunos ministros como Carlos Fernández Valdovinos, y otros titulares de entes estatales como Eddie Jara (Petropar) y una larga lista. La citada Ley 7089 tenía apenas siete meses de existencia, no fue usada todavía y la destrozaron de un plumazo: una moderna herramienta de sociedades más avanzadas que funciona en la mayoría de países con democracias consolidadas para prevenir, corregir y sancionar conflictos de intereses en la función pública terminó pulverizada en una sola sesión de senadores.
Entre otras cosas, hicieron desaparecer la prohibición de que un funcionario público salte al privado en el mismo rubro donde prestó servicios al Estado; derogaron la obligación de que funcionarios públicos se abstengan en asuntos que involucren a sus familiares, y la Contraloría ya no tendrá potestad para requerir ampliación de informaciones. Suprimieron hasta la restricción de utilizar a oenegés como medios potenciales para desfalcar al Estado, recordando las comisiones vecinales que han sido beneficiadas con millonarias sumas de dinero para supuestas obras públicas, algunas hechas con mediocridad y otras inexistentes.
El abogado Ezequiel Santagada fue más lejos con la sospecha de que Paraguay haya entrado en un camino de “contrarreforma” en materia de anticorrupción, justo en momentos en que calificadoras internacionales observan al país reclamando mayores esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas. En su informe del 1 de noviembre pasado, la prestigiosa calificadora internacional de riesgos Fitch recomendó al Paraguay, textualmente, mejorar los niveles de gobernanza con esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas. Para la calificadora, en Paraguay se observa “un nivel moderado de derechos de participación en el proceso político, una capacidad institucional débil, un estado de derecho débil y un alto nivel de corrupción”.
En el mismo día de la estocada de los senadores, en la Cámara de Diputados y con la autoría de Yamil Esgaib (ANR, cartista), debutó en sociedad un adefesio al que denominaron “devolución premiada”. Aquel a quien se le descubra que robó, bastará con que devuelva y la pena se reducirá a apenas la mitad: si robó, huyó y no lo pillaron, disfrutará del dinero malhabido. Si robó, huyó y lo pillaron, bastará con devolver el producto del latrocinio y saldrá libre en el menor tiempo posible.
La diputada Rocío Vallejo (PQ), abogada y exfiscala del Ministerio Público, fue lapidaria y contó elementos reveladores: el proyecto tenía dictámenes negativos para su aprobación pero a nadie le importó. Ya existen atenuantes en el actual Código Penal y, según la legisladora: “Lo más grave es que se hace una ley especial para el corrupto donde se le dice: ‘Te vamos a premiar’. El argumento del proyectista es que el corrupto no es peligroso, entonces hay que premiarle; o sea, si te pillan, devolvés y te premiamos. Falta nomás ya que se le ponga un certificado de buena conducta por ser un excelente corrupto”, dijo la exfiscala. El peligroso mamotreto propuesto por Yamil Esgaib, y aprobado por la Cámara de Diputados, es un premio a los corruptos del sector público, violará la Constitución Nacional que establece la igualdad ante la ley –permitirá que los ladrones del sector público tengan privilegiado tratamiento respecto al común del pueblo– y, lo más grave, pone en peligro el monitoreo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hace sobre nuestro país.
No hay pruebas pero tampoco dudas de que este mamarracho propuesto por Esgaib podría ser una estratagema ante lo que fue, posteriormente, la sentencia y condena a 11 años de cárcel de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y hermano del inefable senador cartista y líder de bancada de HC, Basilio “Bachi” Núñez. El ahora condenado no tuvo reparos en usar dinero de la gobernación del sufrido departamento chaqueño para pagar hasta apuestas de carreras de caballos, comprarse vehículos, pagar deudas con terceros y otras canalladas denunciadas por la Fiscalía y condenadas por un Tribunal. Con los indicios de abroquelamientos existentes, la ciudadanía tiene razón para sospechar que el proyecto Esgaib podría haber sido pergeñado para darle una ayuda al hermano del líder y correligionario, y de paso, ayudar a otros connotados corruptos que han sido condenados. De aprobarse esta ley, la misma será además retroactiva para otros corruptos, y casos emblemáticos podrían quedar con condenas mínimas, como los del exgobernador de Central Hugo Javier, o el de Justo Cárdenas –extitular del Indert–, Enzo Cardozo y otros más.
El presidente Santiago Peña deberá sujetar con firmeza la lapicera y debe vetar las estocadas que una rapaz clase política –compuesta mayoritariamente por quienes lo llevaron al poder– pretende infligir al corazón de la lucha anticorrupción en nuestro país. No se puede pensar en recaudar más e invertir mejor cuando lo poco que se reparte para salud, educación y vida digna se lo roban los ladrones. La ya mencionada calificadora Fitch recomendó, textualmente, que para obtener una calificación más positiva, Paraguay debe tener una “mejora sostenida de los indicadores de gobernabilidad, a través de esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas”. Si el Presidente no vetara esta clase de descabelladas e indisimuladas propuestas favorables a corruptos, cavará la tumba de las proyecciones para alcanzar grado de inversión que permita atraer capitales a un país donde hacen falta más dinero y menos saqueos.