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El anterior Gobierno había presentado varios proyectos de ley supuestamente consensuados con las autoridades entrantes de los que casi no se tuvieron más noticias. Entre ellos, el de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, que establece nuevos lineamientos para aprobación y manejo del Presupuesto; el de garantías mobiliarias, que formaliza y dinamiza el uso financiero de bienes muebles, instrumentos de futuro y créditos por cobrar; el de transparencia e inclusión financieras; el de resolución de la insolvencia, que modifica la ley de quiebras, que data del año 1969; el de la función pública, que pone nuevas reglas para la contratación, ascenso y carrera civil de los funcionarios; y un nuevo marco regulatorio para las empresas públicas.
Además, se había prometido promover otros proyectos de gran trascendencia, como el de estructura del Estado, para evitar la superposición de funciones; el de formalización del empleo, para, entre otras cosas, crear un régimen especial dentro del IPS para trabajadores dependientes de mipymes; y el de creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones.
El Gobierno comenzó afirmando que iba a fusionar varias instituciones para concentrar esfuerzos y mejorar el desempeño, pero lo único que hizo fue integrar la Dirección de Aduanas a la Subsecretaría de Tributación, crear el Ministerio de Economía y conceder poderes especiales, “rango y honores” de ministros a algunos funcionarios de la Presidencia. Si eso era necesario, claramente no es suficiente. Solamente el Poder Ejecutivo tiene 50 dependencias directas, incluyendo 17 ministerios, 14 secretarías con rango ministerial y una multiplicidad de agencias, oficinas especiales, centros, consejos. Además, hay 29 entes autónomos y autárquicos, cinco empresas públicas y cuatro sociedades anónimas del Estado, cinco entidades financieras oficiales, aparte del Banco Central, cinco entidades públicas de seguridad social, nueve universidades nacionales y dos entidades binacionales, lo que se completa con 17 gobernaciones y 267 municipalidades.
También empezó con mucho ímpetu argumentando a favor de la supervisión de la seguridad social y todo finalmente quedó en la supuesta conformación de “mesas de discusión” para buscar consenso, y ni hablar de la Caja Fiscal, que ya ni se menciona. Lo mismo ocurre con los otros proyectos, que en el mejor de los casos duermen en comisiones, mientras que hay leyes ya aprobadas, como la de contrataciones públicas, que no se aplican por una prolongada falta de reglamentación.
A ello hay que sumar la inentendible inacción en relación con las negociaciones por la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y por el saneamiento de la deuda de Yacyretá. Ni siquiera se han formado los equipos negociadores ni se han planteado los objetivos estratégicos. Se suponía que una de las grandes prioridades del nuevo Gobierno era establecer con Brasil y Argentina un cronograma de conversaciones para que Paraguay cobre lo que le corresponde por su parte del aprovechamiento del potencial energético del río Paraná, o en todo caso proceder a la adecuación legal e institucional para subastar a precio de mercado por lo menos parte de sus excedentes, pero no se ha hecho ni una cosa ni la otra.
Es muy importante encarar estos grandes temas al arranque del Gobierno y no dejarlos para después, no solamente por la obvia razón de que son urgentes y necesarios. Tiene que aprovechar el capital político inicial antes de que se diluya, como irremediablemente va a ocurrir. Pronto la dinámica del poder y el desgaste de la gestión gubernamental le harán perder cada vez más fuerza a Santiago Peña, incluso dentro de su propia facción del Partido Colorado.
Por otro lado, estas transformaciones estructurales suelen afectar a algunos sectores en el corto plazo y tardar en dar los resultados esperados. Si se postergan más de la cuenta, después los gobiernos en general ya son renuentes a llevarlas adelante, porque no quieren pagar el costo político sin tiempo para recoger los frutos y los méritos. Y, finalmente, siempre es mejor hacer reformas en los ciclos económico favorables, como el actual, lo que suaviza su impacto y permite una mejor y más rápida absorción de sus beneficios.
Quizás sea todavía muy pronto para hacer juicios definitivos. Es posible que Santiago Peña de muestras de claridad, liderazgo y determinación para hacer lo que el país necesita para elevar su potencial de desarrollo y generar oportunidades de progreso para todos sus habitantes. Pero debe empezar sin más demoras, porque toda la ciudadanía lo sigue esperando.