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El estacionamiento tarifado en Asunción, lleno de irregularidades contractuales iniciales avaladas por la Junta Municipal, tras ser promovido bajo la gestión del hoy senador Arnaldo Samaniego (ANR), entraría en vigencia el 2 de enero próximo en cuatro zonas, a un costo horario de 4.500 guaraníes, lo que equivaldría en promedio al 38% del salario mínimo, correspondiendo al consorcio Parxin el 65% de la recaudación total y a 40% de las multas impuestas en zonas tarifadas y controladas.
Al parqueo remunerado seguiría un sistema de transporte público “renovado” para quienes se vean obligados o prefieran desplazarse en obsoletos buses: la alternativa planteada no resulta nada alentadora, pues los “empresarios” sectoriales suelen incurrir periódicamente –con toda impunidad– en infames “reguladas” para imponer sus exigencias al Viceministerio de Transporte, a costa del erario y de los pasajeros; aparte de que no renuevan sus vehículos, someten a los usuarios a largas esperas con fines extorsivos, sin invertir los subsidios en la modernización de la flota.
Mientras se mantenga la actual composición accionaria del consorcio Parxin –integrada por Onix Parque y Geolatina SA–, a cuyo frente debe estar una firma experimentada en la administración de estacionamientos tarifados, la concesión del servicio por quince años conlleva un vicio insanable, que viola el pliego de bases y condiciones de la licitación pública, así como la Ley de Obras y Servicios Públicos. La empresa Geolatina SA, que con el 60% de las acciones terminó liderando el consorcio, carece de menos de tres años de experiencia en la administración de al menos tres mil sitios de parqueo similares, que hayan generado veinte millones de dólares como mínimo; en consecuencia, es una firma novata en la materia, que no garantiza la prestación de un buen servicio, tal como lo exigen las condiciones licitatorias y la ley respectiva, constituida para cobrar no solo a los conductores asuncenos, sino también a los visitantes.
Este solo hecho conlleva la invalidez del contrato suscrito, objetado inútilmente en marzo último por la Cámara de Diputados, que aprobó una declaración “que insta a la Municipalidad de Asunción a rescindir el contrato de estacionamiento tarifado con la empresa Parxin” (sic), entre otras cosas porque Asunción carece de un buen sistema de transporte público que reduzca el uso de vehículos privados y porque la firma Onix había transferido a Geolatina SA, presidida por Francisco Maioli Díaz, el 20% de sus acciones, convirtiéndola en la empresa líder, aunque no reunía los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones.
En abril, la Contraloría General de la República aseguró que no resultaba claro cuál era la empresa líder del consorcio, pero dejó la decisión de firmar el contrato en manos del displicente órgano comunal. Como era de esperar, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) ordenó en julio el inicio de las tareas, luego de que los ediles archivaran un proyecto de ordenanza acercado por 9.000 ciudadanos como una iniciativa popular, que suspendía el estacionamiento tarifado, el 65% de cuyos ingresos corresponderían al consorcio. En cuanto a las multas impuestas en las zonas tarifadas y controladas, se quedará con el 40%: el resto iría a las arcas municipales.
La irregular iniciativa en marcha, que incluirá el concurso no requerido de los abusivos 638 “cuidacoches” registrados, encierra graves vicios de origen que anulan su legitimidad. Un contrato que viola tanto la ley antes citada como el pliego de bases y condiciones de la concesión carece de toda validez. Las oscuras maniobras urdidas en torno al liderazgo del consorcio Parxin quitan pertinencia al emprendimiento, con total independencia de su utilidad: aunque resultara de hecho beneficioso, no debe ser emprendido en un país en que reinan las leyes y no el interés particular de las autoridades. Si a ello se suma la falta de un eficiente transporte público de pasajeros, resulta que la población seguiría expuesta a las dificultades emergentes de la inexperiencia de la empresa que lidera un consorcio: podrá ser un buen “negocio” para los “emprendedores”, pero no así para quienes se valen de vehículos motorizados, incluidos los visitantes de otras ciudades.
Como el contrato en vías de ejecución resulta ilegal, debe ser rescindido por culpa imputable a las operaciones encubiertas de la otra parte en torno al liderazgo del consorcio. La mayoría de la Junta Municipal hará bien en corregir su desatino y, por ende, en cumplir con su deber de respetar y hacer respetar la Ley de Obras y Servicios Públicos, así como el pliego de bases y condiciones. El estacionamiento tarifado implica un grosero ataque al marco de la concesión, cometido por el intendente y la mayoría de los concejales, que puede ser atacado en las instancias judiciales. La Municipalidad violó la ley y sus propias reglas del juego para dar vía libre a una operación que podría arrojar grandes beneficios, no precisamente para el tránsito capitalino. Las maniobras de ocultamiento con respecto a la integración accionaria de los miembros del consorcio son indicios suficientes para temer que algo está podrido en el estacionamiento tarifado: la CGR debería volver a examinar el nauseabundo caso y, eventualmente, informar al Ministerio Público, en defensa del interés de los usuarios.