Cargando...
Ya han transcurrido dos meses desde que se cumplió el plazo establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú para la revisión de sus disposiciones y aún no ha acontecido absolutamente nada. El Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación institucional, política y moral de informar a los paraguayos qué está haciendo al respecto, cuáles son sus objetivos y cuál es el cronograma estimado, porque cada segundo que pasa, cada metro cúbico de agua que atraviesa por cualquiera de las diez turbinas paraguayas para producir energía consumida por Brasil, es pérdida para el Paraguay y recursos del país que se dilapidan en vez de apuntalar el desarrollo nacional.
Itaipú es una entidad creada para la explotación de un recurso natural que, desde el punto de vista del legítimo derecho, pertenece en partes estrictamente iguales a Paraguay y a Brasil, que es el gigantesco potencial energético generado por la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Iguazú.
Pero esa propiedad compartida en 50/50 es solo formal, es lo que figura en los papeles y en los discursos. Para todos los efectos prácticos, Brasil se aseguró de introducir cláusulas en el Tratado que le garantizaran en estos cincuenta años más del 80% del aprovechamiento del recurso, incluyendo su mitad a precio de costo, y la parte sobrante paraguaya por monedas. Esta situación de inequidad continúa hasta el día de hoy y seguirá existiendo hasta que se modifiquen los términos o hasta que Paraguay decida contratar el 100% de la potencia que le corresponde para utilizar lo que necesite y comercializar el excedente.
El Anexo C del Tratado de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios, en su artículo II.5, estipula que si una de las entidades (ANDE por Paraguay, ENBpar –antes Eletrobras– por Brasil, o las designadas por ellas) “decide no utilizar” la energía que le corresponde, “podrá autorizar” a Itaipú “ceder” a la otra parte la porción que se hiciera disponible. Por la forzada interpretación que se le ha dado siempre a esta disposición, Paraguay ha quedado obligado a cederle todo su sobrante a Brasil a cambio de una “compensación” ínfima en comparación con el valor real de esa energía.
Peor aún, lo que ha hecho y sigue haciendo Brasil, a través de Eletrobras o ENBpar, es contratar la parte paraguaya disponible a precio de costo (tarifa de Itaipú) más una migaja de compensación a Paraguay, y revenderla en subastas a precio de mercado, apropiándose de rentas que legítimamente le tendrían que corresponder a nuestro país. Esto es así porque el mercado eléctrico brasileño está desmonopolizado, con más de 150 operadores, privados en su gran mayoría, que compran energía eléctrica y son los que la distribuyen por importes variables entre los consumidores finales.
Paraguay legalmente es dueño de diez de las 20 unidades generadoras y de 7.000 de los 14.000 megavatios de potencia instalada de Itaipú –que hoy ya está totalmente amortizada con el total de su deuda cancelada–, pero actualmente solo utiliza 4.000 MW y tiene un excedente de 3.000 MW, capaces de producir alrededor de 20 millones de megavatios/hora al año. Lo ideal sería usarlo todo, pero, en el mejor de los casos, todavía se tardará otra década en completar la demanda doméstica para ello.
Por lo tanto, el gran tema en discusión es qué se hace mientras tanto con los excedentes, y la respuesta es una de dos: o se modifica el Anexo C y Brasil paga por la energía paraguaya lo que vale, a lo sumo con un buen descuento de socio y amigo, o se permite que sea Paraguay, y no la operadora eléctrica estatal brasileña, el que comercialice su propia energía entre los operadores regionales, quedándose con los márgenes que le pertenecen. Las otras opciones son más de lo mismo. Se habla de volver a ajustar un poco la compensación o de mantener una tarifa de Itaipú por encima del costo, tal como, de hecho, ya se está haciendo, para dividirse la diferencia entre los dos países en forma de distintas variantes de “gastos sociales” (a discreción de los políticos), que es lo que históricamente ha hecho siempre Brasil: otorgar pequeñas concesiones para que, en esencia, todo siga igual.
Ahora, el ministro de Minas y Energía del Brasil, Alexandre Silveira, dice que cree que para finales de noviembre se tenga al menos “una base” de acuerdo con Paraguay para poder negociar el reparto de la energía. Por supuesto, no dice lo que puede durar esa “negociación”. Cuanto más tiempo se prolongue, mejor para ellos, pues seguirán disfrutando de la energía que le corresponde a Paraguay, vendiéndola a precio de mercado. Esa ganancia ya debería ser de nuestro país.
En general los paraguayos les tenemos un gran aprecio al Brasil y a los brasileños, pero ya les hemos prácticamente regalado nuestra energía por mucho tiempo; no podemos seguir haciéndolo por diez años más, y el Gobierno tiene que mostrar qué está haciendo para que ello no siga ocurriendo.