Cargando...
El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Luis Fernando Bernal, afirmó que el acueducto chaqueño “es inútil así como está”, debido a una falla en el diseño. Los trabajos iniciados en 2012 terminaron diez años después y el costo previsto de 50 millones de dólares se elevó a 130 millones de dólares, suma que aumentaría notablemente porque la solución más pronta supone nuevamente una gran inversión. Entre otras cosas, habría centros de distribución y de toma de agua cruda que están abandonados, aparte de que “reventaron” cien kilómetros de tubería. Sí, es así como lee, amable lector.
Dado que en este descomunal fiasco habrá que deslindar responsabilidades, incluyendo las penales, resulta oportuno que se estén auditando el pliego de bases y condiciones del proceso licitatorio, el proyecto hecho por las firmas consultoras, su ejecución por parte de las constructoras y el desempeño de funcionarios de la Essap, encargada de gestionar el elefante blanco. Desde luego, los hechos punibles constatados deberán denunciarse ante el Ministerio Público, para que al menos en este caso no valga aquello de que en el Paraguay hay delitos, pero no delincuentes.
Como el titular de la Essap dijo también que siempre se supo que el acueducto iba a tener problemas de operatividad, se recuerda que en noviembre de 2022, el Ing. Augusto Ríos Tonina pidió en vano al Senado que interpele al jefe de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, porque años antes no había advertido al Gobierno que el proyecto carecía de un estudio conclusivo de fiabilidad técnica que atendiera que entre Puerto Casado y Loma Plata hay una pendiente negativa de 50 metros. En 2014, había pedido a dicho órgano, en nombre de unos “Ciudadanos contra la Corrupción”, que investigue acerca del costo final del acueducto fallido. Ahora se sabe que esos llamados de alerta eran fundados y que las obras no fueron debidamente diseñadas, construidas y fiscalizadas, lo que sigue causando daños muy graves al fisco y a los pobladores del Chaco central.
El primer tramo de colocación de cañerías, desde la planta de tratamiento de Puerto Casado hasta el Km 101, fue adjudicado al Consorcio PS, representado por Óscar Soler. El segundo trayecto, desde el Km 101 hasta el reservorio de Loma Plata, lo fue al Consorcio ABH Taivo Consultora, representado por Nelson Chávez. Los contratos de provisión de cañerías fueron firmados, para el primer tramo mencionado, con Otek Argentina (ex-Amitech), y para el segundo tramo con Edra Saneamiento (Brasil). Este último contrato fue rescindido por incumplimiento, encargándose toda la provisión a la mencionada firma argentina.
Los exministros de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Salyn Buzarquis –hoy senador por el PLRA–, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens tienen muchas explicaciones que dar por las averías, las considerables demoras y los elevados sobrecostos: deben hacerlo ante la ciudadanía y ante el Ministerio Público. También tendrían que dar cuentas –y con más razón– los fiscales de obras del MOPC que han venido aceptando trabajos mal hechos, con mucho retraso y, evidentemente, con materiales de pésima calidad. Aunque este Ministerio tenga más abogados que ingenieros, debería haber contado con al menos un par de estos que puedan juzgar el pliego de bases y condiciones, analizar la corrección del diseño y fiscalizar el resultado de los trabajos. Por lo visto, nada de eso ocurrió, debido a la total ineptitud, a la negligencia o a la corrupción ministeriales, durante varios Gobiernos sucesivos que cerraron los ojos.
Durante la inauguración de la obra en junio del año pasado, el expresidente Mario Abdo Benítez ya reconoció que al menos 100 km de cañerías deberían ser reconstruidos, y alegó que los caños sufrieron averías ¡por la presión de las aguas! ¿A ningún ingeniero del MOPC o de las consultoras se les ocurrió que las aguas iban a ejercer una gran presión y que se deberían colocar caños acordes para resistirla? Llamativamente, en la ocasión el ex primer mandatario no solicitó una investigación y el castigo para los responsables. Total, la encallecida espalda de Juan Pueblo puede aguantar todo.
Por cierto, ¿debe suponerse que la actual ministra Claudia Centurión, exdirectora de Proyectos Estratégicos del MOPC, no tenía la menor idea de las barbaridades cometidas en el acueducto? Es probable que tenga mucho que decir con relación a este escándalo tanto o más irritante que el del fenecido metrobús, la obra cumbre de Ramón Jiménez Gaona, que generó ingentes perjuicios al erario y a los comerciantes fernandinos, sobre todo. Es de esperar que también el actual jefe de Estado, Santiago Peña, quiera saber algo más con respecto a este desastroso proyecto chaqueño, vital para una importante región de nuestro país, y que no sea ciego, sordo y mudo como sus antecesores, incluyendo su líder Horacio Cartes.
Por de pronto y aunque lleve su tiempo, es preciso que la CGR examine todo lo concerniente al acueducto, para que no se siga creyendo, por muy buenos motivos, que en los proyectos del MOPC se puede hacer o dejar de hacer cualquier cosa, pues allí la impunidad se ha hecho costumbre.