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Cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició ayer al camarista de Presidente Hayes Daniel Gómez Rambado, uno de los presuntos ocupantes vip de las tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, inició oficialmente la primera de una larga cadena de investigaciones con probables sanciones que deberían articularse inmediatamente sobre todos los presuntos autores y cómplices de la tentativa acabada de estafa ocurrida con la tristemente famosa finca 916. Dos integrantes del JEM y ministros de la Corte Suprema de Justicia –César Antonio Garay Zuccolillo y Manuel Ramírez Candia– fueron inapelables en sus adjetivaciones y fundamentaciones para pedir la investigación del camarista Gómez Rambado, el mismo que anuló una sentencia a Emigdio Benítez, exgobernador de Presidente Hayes, escenario de la sinvergüencería: “hecho consumado”, “episodio deplorable nefasto para las instituciones”, “hechos notorios”, “ignorancia de la ley no está permitida”, “usurpación sin título fehaciente” y “ocupación, usurpación e invasión de un inmueble del pueblo paraguayo”.
De la misma manera que el Poder Judicial, el Poder Legislativo debe apelar con urgencia a todas las herramientas a su alcance para investigar lo que ha sido una tentativa ACABADA de ESTAFA al Estado paraguayo orquestada, aparentemente, desde el mismísimo Congreso: la elaboración de un proyecto de ley que estuvo a cargo de los entonces diputados colorados cartistas Edwin Reimer y Basilio Núñez, que lograron que sus pares votaran a favor en el anterior período, y que el Senado dejara sin quorum una sesión para que quedara automáticamente sancionado el mamotreto.
El escandaloso caso que folclóricamente se da en llamar “ocupantes vip” deja gravísimos antecedentes: uno, deja sin autoridad moral y musculatura al Estado paraguayo para proteger la propiedad privada de futuras invasiones, considerando los argumentos clasistas esgrimidos para defender a los aventajados invasores, y dos, porque se consumó con precisión de bisturí una asociación ilícita que se encargó de armar un proyecto de ley donde se inventaron agricultores de autosustento, se gestionó en el Congreso, se indujo al error a diputados del anterior período, a senadores del actual, y se consumó una tentativa de estafa que ahora el Presidente de la República deberá frenar con un veto.
El día que Santiago Peña anunció su veto al proyecto de ley sobre la finca 916, en ese mismo instante se consumó la tentativa acabada, que según nuestro Código Penal tiene la misma pena que la acción consumada. Es muy difícil aceptar que los proyectistas Reimer y Núñez no tenían conocimiento sobre las condiciones económicas de los ocupantes del predio, lo que hablaría mínimamente de una complicidad en la tentativa de estafa, por lo cual deberían ser investigados y sancionados en un proceso penal. Para algunos juristas, podría haberse dado lo que en doctrina llaman estafa triangular: 1) declaración falsa por parte de ocupantes con ayuda de legisladores 2) error por parte de legisladores que votaron sin tener conocimiento de la situación real y votaron a favor de la expropiación (con lo que se convirtieron en instrumentos) 3) la disposición del patrimonio no es de quien cae en el error sino de un tercero, en este caso, el Ministerio de Defensa y 4) el perjuicio patrimonial de ese tercero. Al ser una tentativa, el análisis siempre se empieza por el dolo, en este caso, un dolo directo de primer grado.
Para reconocidos juristas del medio, además de la tentativa de estafa y de lesión de confianza, hay serias sospechas de tráfico de influencias consumado, prevaricato, daños ambientales y hasta posible asociación ilícita sin descontar la posibilidad de soborno. Los proyectistas Reimer y Núñez invocaron falsamente que los ocupantes eran personas vinculadas al quehacer agrícola, de autosustento, a sabiendas de que estaban aseverando algo falso: si mínimamente se informaron para presentar un proyecto que se convertiría en ley, se puede sospechar que tenían conocimiento acabado de quiénes serían los sujetos de la misma. Esto induce a pensar que lo hicieron a sabiendas que aseveraban algo falso y prevalecidos de su investidura, con la funcionalidad que ello trae aparejado: el proyecto fue presentado, convencido y votado por sus pares –en la Cámara de Diputados– mientras en el Senado Basilio Núñez logró, como jefe de bancada, dejar sin quorum la sesión para que su ansiado proyecto de ley quedara automáticamente sancionado. Se podría hasta sospechar que no solo conocía perfectamente el status de quienes serían beneficiados con el proyecto de ley, sino que además falseó los hechos e influyó directamente con voluntad y conocimiento en una cuestión de interés público, peor aún, en desmedro del interés y bienestar común.
Por menos argumentos que todo lo esgrimido anteriormente, varios parlamentarios perdieron su investidura; como ejemplo valga el recordatorio de la exparlamentaria liberal María Bajac, quien en el 2020 perdió la senaduría por incumplir normas sanitarias del Gobierno durante la pandemia del covid y por haber mal utilizado G. 12.000.000 de viático en un congreso religioso en Perú en lugar de una actividad legislativa en Guatemala.
Estamos en un momento crucial donde el Poder Ejecutivo no solamente ha ordenado la urgente intervención de la Procuraduría General de la República y el rescate de la propiedad pública, sino también ha anunciado el veto al proyecto de ley que quedó sancionado automáticamente. Por su parte el JEM ha dejado clara su postura ayer enjuiciando a un camarista quien sería uno de los ocupantes privilegiados de los valiosos terrenos. Resta ver qué hará el Poder Legislativo que engendró y parió un proyecto de ley donde se engañó notoriamente a senadores y diputados, se los indujo al error falseando datos y se obtuvo una sanción automática.
Finalmente, resta ver la postura ética y moral que un asunto como este debiera dejar consumado e inapelable en el ambiente político: el castigo a las inconductas. Estamos a punto de averiguar si el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, seguirá ungiendo como su privilegiado asesor y jefe de bancada al senador Basilio Núñez, no solo porque hable mal de sus intenciones sino por el flaco favor que hará al presidente Santiago Peña de ir obligadamente acompañado de alguien que, a juzgar por los últimos hechos, no posee la integridad necesaria para inspirar ni dirigir un colegiado, decidir cuándo dar quorum o quitarlo. El poder y la autoridad que detenta Núñez no deviene de sus cualidades médicas, o su vocación de servicio en la comunidad, sino del poder que le ha sido investido por Cartes.
Es altamente probable que Basilio “Bachi” Núñez será salvado de la pérdida de investidura por sus pares, confirmando que en Paraguay se puede dejar de ser senador por desobedecer la cuarentena del covid o por usar el viático de 12.000.000 de guaraníes en Perú en lugar de Guatemala, pero no por falsear datos para aprobar una ley y despojar tierras públicas. Lo que aún no sabemos es cómo irá a conjugar el cartismo sus discursos políticos del bien común con las contradicciones que quedaron abiertamente desnudas con el descomunal escándalo que recién está iniciando y aún se desconoce qué instituciones más arrastrará.