Cargando...
El diputado Benítez es nuevo y quizás podría alegar que él personalmente no tiene culpas en tal sentido. Sin embargo, en su corta gestión de menos de tres meses ya participó en la presentación de dos proyectos de ampliación presupuestaria, uno que aumenta la asignación para la Gobernación del Departamento Central y otro que incrementa el aporte estatal para merienda escolar. Sin hacer juicios de valor sobre la pertinencia y viabilidad de los mismos, son precisamente acciones como estas, muchas veces adoptadas a contramano del plan de caja y de las reales posibilidades del fisco, las que han hundido las finanzas públicas del país.
Desde antes de asumir funciones, el presente Gobierno sostiene que el déficit fiscal oficialmente declarado del 2,3% del PIB, establecido como tope en la ley de Presupuesto 2023, es irreal, porque no contempla deudas vencidas con proveedores de obras públicas, salud, transporte y otros. Por ese motivo, el Ejecutivo solicita un sinceramiento, para lo cual pide elevar el tope del déficit al 4,1% del PIB para este ejercicio, autorización para colocar bonos y tomar préstamos hasta por 600 millones de dólares para cancelar los atrasos, y la posibilidad de disponer para este fin de los royalties remanentes de las municipalidades que no rindieron cuentas.
La primera gran pregunta que hay que hacerse es por qué no se han hecho esos pagos si todos ellos fueron debidamente presupuestados. El problema comienza en la misma elaboración y aprobación del Presupuesto. Año a año la clase política infla artificial e irresponsablemente la estimación de ingresos para repartir alegremente dinero que en verdad no existe. Como consecuencia, el 90% de los fondos efectivamente disponibles se van en gastos rígidos, principalmente salarios, jubilaciones, pensiones, transferencias para subsidios y servicio de la deuda, y ya no queda para honrar compromisos que se asumen, pero que en la práctica no se pueden cumplir.
Como los gastos rígidos no se pueden recortar, entonces simplemente se deja de pagar a proveedores de bienes y servicios por inversiones, mantenimiento y abastecimiento. Y encima se maquilla la contabilidad para aparentar un déficit mucho menor que el verdadero.
Es por ello que en el sector público nadie deja de cobrar religiosamente sus sueldos y bonificaciones ni se dejan de repartir los subsidios, pero en los hospitales no hay remedios ni insumos básicos, si un equipo se descompone ya queda así por tiempo indefinido, las escuelas se caen a pedazos, las obras públicas se retrasan, solo por mencionar ejemplos que se comprueban a diario.
Ello también produce un enorme sobrecosto. Con la excusa de que el Estado es mal pagador, existe toda una aceptada práctica de sobrefacturaciones que llevan implícito un presunto costo financiero, que termina siendo altísimo, sin ninguna transparencia. Aparte de ello, no hay una sola obra pública en Paraguay donde no se ejecute la famosa “cláusula de ajuste”, de hasta el 20% sobre la oferta original en la licitación, que supuestamente solo debería ser para casos excepcionales. Como promedio, un kilómetro de carretera asfaltada cuesta diez veces más en Paraguay que en Europa.
Y no es por falta de recursos. El Estado paraguayo gasta 15.000 millones de dólares al año y en la última década el endeudamiento público pasó del 10% al 35% del PIB. Desde 2003, solo la administración central del Estado paraguayo ha ejecutado 113.000 millones de dólares en términos reales. Si los que tienen que controlar hubiesen controlado, si los que tienen que decidir las asignaciones presupuestarias lo hubiesen hecho con responsabilidad, si se hubiese utilizado ese exorbitante monto de manera mínimamente racional y correcta, hoy Paraguay tendría toda la infraestructura que necesita, no le debería un centavo a nadie y estaría en las puertas del desarrollo.
Por lo tanto, si el diputado Benítez y sus colegas quieren controlar, que no lo digan, que lo hagan. Tienen una excelente oportunidad para conocer el monto real y el origen de esas deudas vencidas, establecer mecanismos de monitoreo, y pronto tendrán en sus manos el estudio y aprobación del Presupuesto 2024. Ahí se sabrá si son diferentes o más de lo mismo.