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Hay una docena de cajas jubilatorias en el país y todas funcionan sin supervisión independiente, con altísimo derroche y permanentes desvíos y malversaciones, como el recordado escándalo de la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi), “el robo del siglo”, solo por mencionar uno de cientos de ejemplos, pequeños y grandes. Esto no puede seguir ocurriendo, mucho menos cuando se trata de sistemas de contribución obligatoria y ahorro compulsivo a largo plazo, como es el caso del IPS, el mayor de todos.
El IPS es “gobernado” por un Consejo de Administración integrado por un presidente y cinco miembros que supuestamente representan al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, a los trabajadores, a los jubilados y a los empleadores, todos nombrados por el Poder Ejecutivo, a lo sumo por sugerencias de gremios que ni por si acaso tienen la representatividad legítima de las 63.000 empresas inscriptas, los 700.000 aportantes activos y 65.000 retirados. Todos cobran altos salarios, de 32 millones de guaraníes mensuales básicos según la última planilla, más múltiples bonificaciones, combustible, sin contar espurios privilegios derivados del tráfico de influencias y el nepotismo.
A menudo los sindicatos exigen cambios de nombres, pero no quieren cambiar el modelo ni someterlo a una instancia superior de rendición de cuentas, cuando está claro que es bajo ese formato que el IPS está como está. En primer lugar, es ilógico e inadmisible que una entidad que maneja miles de millones de dólares de terceros se controle a sí misma, como tampoco son suficientes las “auditorías externas” que ella misma contrata. En segundo lugar, en la práctica el Consejo actúa como un simple validador, más allá de algún voto en disidencia que se produce más para salvar responsabilidades personales que para influir en las decisiones. Y en tercer lugar, los consejeros responden a intereses sectoriales que no necesariamente coinciden con los de la institución.
Los resultados están a la vista. Por ejemplo, aunque las contribuciones al IPS se realizan a través de las empresas y la inscripción de estas es obligatoria por ley, se estima que existe una evasión empresarial del 90%. Del mismo modo, menos de la mitad de los asalariados del sector privado aportan al IPS, sin considerar la enorme masa de trabajadores independientes que también deberían estar aportando para tener una jubilación en el futuro.
Como si fuera poco, el 80% de los que cotizan lo hacen sobre el sueldo mínimo, debido generalmente a una evasión conjunta de empleadores y trabajadores, pero más de los primeros, en colusión con el instituto. Como el cálculo de la jubilación se hace sobre los salarios de los tres últimos años, lo que ocurre típicamente es que se aporta sobre el mínimo durante casi toda la vida laboral, con ello se accede a todos los servicios universales de salud, con familiares incluidos, y se hace un blanqueo en el trienio final, con lo cual la pensión aumenta sin contribución respaldatoria.
Adicionalmente, el IPS destina el 7% de sus recaudaciones brutas a “gastos administrativos”, sin considerar el costo del personal de blanco y los servicios para el área sanitaria, como limpieza, seguridad y otros, que son solventados de manera independiente por el Fondo de Salud. A modo de comparación, las administradoras de fondos de pensión de Chile cobran, como máximo, una comisión del 1,4%. Eso da un amplísimo margen para el derroche y las repartijas, para insólitos contratos colectivos lesivos para la institución y la contratación innecesaria de ejércitos de funcionarios.
En el IPS, y en el Consejo en particular, se hace la vista gorda ante estos hechos por la sencilla razón de que les convienen a sus mandantes y a sus clientelas, pero no así al IPS, que se está volviendo rápidamente inviable. Un órgano de supervisión que imponga ratios de solvencia y normas de administración en línea con estándares internacionales es fundamental y urgente. Los que se oponen pueden hablar en nombre de unos cuantos miles en el mejor de los casos, pero el Gobierno y el Poder Legislativo tienen la obligación de garantizar los derechos de cientos de miles de asegurados presentes y futuros, y de millones de paraguayos.