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La imagen internacional del Paraguay relacionada largamente con el narcotráfico se vio aún más ensombrecida en estos días con una relevante noticia, que acerca cada vez más a que nuestro país sea considerado un narcoestado. En efecto, en los primeros días de este mes, 10.000 kilos de cocaína –valuados entre 500 y 1000 millones de euros– cayeron en el puerto alemán de Hamburgo, en un contenedor enviado desde el Paraguay por una “empresa” de reciente creación, Nopal S.A. Se trata de la segunda mayor carga del mismo estupefaciente incautada en Europa, pues la primera sigue siendo la de 16.174 kilos, que llegó al mismo lugar el 12 de febrero de 2021, también desde nuestro país; por lo demás, otro apreciado puerto de destino de las “exportaciones” nacionales es el belga de Amberes, donde en 2021 fueron descubiertos 10.964 kilos de cocaína y el año pasado 5.170 del producto embarcado desde el Paraguay. Tenemos así el triste sitial de ocupar el primer y segundo lugar en cuanto a volumen de tan sucio producto decomisado en Europa.
El alijo recién descubierto, oculto en un cargamento de sésamo, salió del puerto privado Fénix, ubicado en Mariano Roque Alonso, donde la Dirección Nacional de Aduanas tiene un escáner que debería haber detectado el embarque ilícito. En opinión de su “sagaz” jefe Julio Fernández, lo que ha fallado no fue la tecnología, sino un “factor humano”, así que “se podría hablar de complicidad”. Se pregunta ahora qué hacer con dicho “factor”, a lo que se puede responder que habrá que depurar urgentemente el plantel aduanero e impedir el ingreso de nuevos agentes a sueldo de la mafia, seleccionando con el mayor rigor a los operadores de escáneres, sin atender las recomendaciones habituales probablemente en pro de un correligionario. Por otro lado, el episodio pone en entredicho si el señor Fernández tiene la capacidad de estar al frente de tan importante entidad recaudadora.
Es evidente que los narcotraficantes no se inquietaron con la compra de los escáneres largamente reclamados, sabiendo que su abundante dinero sucio serviría para comprar conciencias sin dificultad alguna, pues es evidente que la droga continuó saliendo impunemente desde nuestro país. La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, lamentó que el último decomiso alemán afecte la imagen del país, ya bastante deteriorada, para su manejo. Además, criticó –una vieja excusa– la persistente falta de radares para controlar el tráfico aéreo chaqueño, pues gran parte de la cocaína traficada en el Paraguay sería de origen boliviano. A este paso, da para pensar que la falta de radares es una maniobra oculta de los propios narcotraficantes, y que si los hubieran, probablemente también operarían con radaristas “complacientes”. Recuérdese que con anterioridad se compraron radares que, llamativamente, no funcionaron. Menos mal que Rolón recordó al menos que lo ocurrido “confirma lo que dicen los organismos internacionales (...) que hay que trabajar por las personas y procurar ir disminuyendo los índices de corrupción”. Lo que no dijo es qué planes tienen para conseguirlo.
De eso se trata, ya que el crimen organizado –para decirlo por enésima vez– se ha introducido en todas las instituciones, incluso en los cultos, como la Iglesia Avivamiento, encabezada por el opulento “pastor” prófugo José Insfrán. A esta trágica circunstancia alude también un estudio publicado en junio por la afamada Universidad de Cambridge sobre “la relación entre la narcoindustria y la política”, centrado en Paraguay, Chile, Uruguay y Perú. Sobre nuestro país, alude al Operativo A Ultranza Py, que habría desmantelado “una vasta red criminal vinculada al expresidente Horacio Cartes”. Según el documento, “más allá de revelar cómo el narcotráfico penetra en los más altos niveles del sistema político paraguayo, la operación reveló una vasta red internacional de corrupción, con ramificaciones en toda la región”, como la ilustrada por el asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
El informe no se priva de apuntar que el Paraguay es un país de tránsito para la cocaína y el mayor productor sudamericano de marihuana, aparte de atribuir a la dictadura de Alfredo Stroessner la protección al narcotráfico y a otras actividades delictivas. De hecho, puede agregarse que la triste historia se remonta a inicios de la década de 1970, cuando el famoso traficante de drogas francés Auguste Ricord se instaló aquí, al amparo de jerarcas del oprobioso régimen. La rentable actividad criminal no cesó en 1989 con la caída de la dictadura, como lo demostró que en 1990 se haya incautado en Parque Cue (Chaco) un cargamento de 343 kilos de cocaína; cuatro años más tarde fue ultimado el jefe de la Senad, el Gral. Ramón Rosa Rodríguez, antes de reunirse con el presidente Juan Carlos Wasmosy para hablar de las estructuras del narcotráfico. En 2014, una comisión senatorial denunció sin mayores consecuencias a los diputados colorados Bernardo Villalba, Marcial Lezcano y Freddy D’Ecclesiis, entre otros, de estar ligados a esa actividad criminal; hoy, el exdiputado Ulises Quintana (ANR) está procesado por lavado de dinero y asociación criminal vinculado con el narcotráfico.
El Paraguay ya no solo es un país de tránsito, pues se han montado “laboratorios” para producir cocaína y “crack”, un estupefaciente mucho más barato y nocivo, derivado del primero, ya que existe un creciente mercado interno para el consumo de drogas ilícitas. La gente vive en zozobra por los frecuentes ataques de los consumidores de “chespis”.
Como se ve, es grave el problema del Paraguay, ya que la droga ejerce su influencia no solo internamente sino que se proyecta, de forma escandalosa, hacia el mercado internacional. Es evidente que para muchos políticos y funcionarios “el dinero no tiene olor”, así que, salvo una firme reacción ciudadana, dentro de lo que disponen las leyes, ese sucio negocio irá ahogando cada vez más a la República.