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El Ministerio de Hacienda informó que en el primer semestre de este año, los gastos en “servicios personales” de la Administración Central, que incluyen sueldos, dietas, aguinaldos y retribuciones adicionales, entre otros, crecieron un 9,9% con respecto al mismo lapso de 2022, en tanto que la recaudación tributaria tuvo un aumento de solo el 3,1%. Estos datos implican que el 68% de los ingresos genuinos fue consumido por unos 270.000 funcionarios y contratados que pululan en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en los órganos auxiliares de la Justicia, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Suponen también que la correlación entre los gastos corrientes y los de inversión ha empeorado en beneficio de una vasta clientela, que dista mucho de brillar por su honestidad, su idoneidad y su diligencia.
Más aún, la creación de nuevos cargos públicos y los reajustes salariales que ya se avizoran harán que la situación se agrave en los meses venideros, con lo que el porcentaje del creciente gasto público paraguayo destinado a los “servicios personales” seguirá siendo uno de los más altos de América Latina: este año costarán más de 22,6 billones de guaraníes (3.095 millones de dólares), equivalentes al 28,7% del Presupuesto, mientras que en 2003 insumieron solo 2,8 billones (383,5 millones de dólares). Si es casi total la ejecución presupuestaria de las remuneraciones, no ocurre lo mismo con la de los gastos de capital, pues el Estado sabe pagar –bastante bien– a su plantel, pero no tanto gastar en favor de la gente: la inversión física prevista para este año llega a poco más de 6,8 billones de guaraníes (931,5 millones de dólares), que, como es habitual, no serán empleados en su totalidad, acaso no solo debido a la ineficiencia, sino también porque los ingresos previstos suelen ser ilusorios.
Según el Ministerio de Hacienda, el 78% de los gastos en “servicios personales” se destina a la seguridad, así como a la salud y a la educación públicas, pero ocurre que la delincuencia está cada vez más en auge, que el sistema sanitario resulta calamitoso y que la infraestructura educativa es tan deplorable como la calidad de la enseñanza. Con toda certeza, si se prescindiera de miles de burócratas superfluos y se robara con menor entusiasmo, los agentes policiales estarían mejor instruidos y equipados, los hospitales y los centros de salud tendrían medicamentos e insumos y los locales escolares no pondrían en riesgo la vida de alumnos y docentes. Ahora bien, el prebendarismo, tan arraigado en nuestra cultura político-administrativa y siempre atento al calendario electoral, impide lo que el sentido común sugiere. Si se recauda menos pero se gasta más para alimentar a la clientela, el déficit fiscal y el endeudamiento habrán de aumentar, como deberían saber los responsables de elaborar el Presupuesto.
En los últimos cinco años se crearon 18.000 cargos públicos, sin incluir los de las empresas estatales: hoy suman unos 340.000. En esta cuestión de alto contenido prebendario, la iniciativa la ha venido tomando el Congreso, así que es deseable que la nueva legislatura sea mucho más celosa del buen empleo del dinero de los contribuyentes, para revertir la ominosa tendencia referida. Se espera que al menos se ocupe cuanto antes del proyecto de ley de Reforma del Servicio Civil, presentado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2022, para llevar a cabo la tan mentada reforma del Estado, que debería conllevar no solo reducir el número de quienes “trabajan” en las nada menos que 412 entidades públicas actuales. Es necesario implementar una auténtica carrera de la función pública, en la que impere la meritocracia, bajo el control de un órgano mucho más eficiente que el hoy encargado de velar por ella, que aunque dependa directamente de la Presidencia de la República, se muestra incapaz de poner en orden el aparato estatal.
Nunca está de más recordar la inconveniencia de que aumenten los egresos mientras disminuyen los ingresos, más aún cuando el mayor gasto no apunta a la inversión física o a la compra de insumos, entre otras cosas; empero, parece que hace falta decirlo en un país donde los que mandan consideran al Estado como una suerte de autoservicio, que no se rige por el interés general fundado en la razón, sino por la ley del provecho personal, aunque al final se termine matando la gallina de los huevos de oro.
En fin, el Consorcio CTC amenaza con paralizar las obras de la defensa costera de la ciudad de Pilar si el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no salda su deuda de 23 millones de dólares; es presumible que el deudor sí está al día con sus 4.000 funcionarios y contratados que abarrotan sus oficinas, entre los que figuran más abogados que ingenieros, como expresión cabal de la irracionalidad administrativa reinante.