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Así las cosas, el vehemente sentimiento manifestado por el senador Rivas induce a suponer que los agentes fiscales, los jueces y los camaristas, entre otros, se abstendrán de incordiar en lo más mínimo a la venerada figura, por temor a que su devoto correligionario los persiga con el apoyo de unos colegas que, por lo visto, lo estimaron dotado de los atributos morales e intelectuales necesarios para dirigirlos.
Es innegable que alguna experiencia tiene, pues siendo diputado llegó a integrar en el 2020 el JEM, pese a no tener la matrícula de abogado ni, por ende, haber ejercido la profesión. El título lo habría obtenido en la Universidad Sudamericana de Pedro Juan Caballero. En una de sus primeras actuaciones como miembro del órgano referido, se convirtió en el hazmerreír cuando un video reveló que leía un texto en español con suma dificultad. No basta con que a estas alturas haya aprendido a leer mejor, suponiendo que tal sea el caso, pues nunca ha ejercido la abogacía para poder juzgar con ecuanimidad el desempeño de quienes integran la Administración de Justicia. Salvo que en sus ratos libres se haya dedicado a consultar textos jurídicos, es probable que carezca de los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para ejercer el alto cargo.
Al asumir su nuevo inmerecido puesto, Hernán Rivas afirmó literalmente que “vamos a buscar la independencia de la Justicia (...) y vamos a llevar adelante esta institución en donde pertenece, como la ciudadanía debe de tenerlo en alto al Jurado de Enjuiciamiento”. Atendiendo sus dichos, es presumible que la Justicia no sería independiente del “adorado” expresidente, si un fiscal cometiera la osadía de imputarlo por algún hecho punible y un juez la de someterlo a un juicio oral y público. Desde luego, mal se puede “tener en alto a un órgano” dirigido por una encarnación de la mediocridad servil.
Una de las causales que, según la Ley N° 6814/21, autorizan la remoción de jueces, camaristas, fiscales y defensores públicos, es “no conservar la independencia personal en el ejercicio de sus funciones y someterse, sin que ley alguna les obligue, a órdenes e indicaciones de magistrados de jerarquía superior o funcionarios de otros poderes u órganos del Estado”. El actual presidente del JEM carece de autoridad moral para juzgar a nadie por haber incurrido en la causal citada: está sometido con toda abyección al menos al titular de la ANR –senador vitalicio, según la Constitución–, como al parecer lo está más de un miembro de la judicatura o del Ministerio Público.
La ley citada se queda corta al referirse solo a obedecer instrucciones impartidas por magistrados superiores o miembros de otros poderes del Estado; existe un poder fáctico, hoy más evidente que nunca, al que se le rinde tanta pleitesía que da vergüenza ajena. Tal como están las cosas, ¿acaso cabría pensar en adelante que el JEM sancione a un juez que haya mostrado manifiesta parcialidad en favor de Horacio Cartes? Si no tuviera la decencia de inhibirse, el senador Rivas tendría que ser recusado en cada caso relacionado con un juicio en el que haya intervenido el exjefe de Estado.
El nuevo titular del JEM envilece la institución que preside: no está a la altura de la dignidad del cargo, sino a la de un vulgar lacayo. En su último informe al Congreso, Mario Abdo Benítez dijo que hoy no se habla de “intromisión en la Justicia”, lo que está lejos de ser cierto; la verdad es que se ha venido hablando mucho de ella y que en el futuro seguirá inquietando a la opinión pública, más aún después de que el propio representante del Poder Ejecutivo haya propuesto la elección del nuevo jefe del JEM, claramente subordinado al de la ANR. Aunque la Administración de Justicia ya puede suponer quién mandará desde ahora, más que nunca, es preciso mantener la esperanza de que aún existan fiscales y magistrados probos, que no están dispuestos a inclinar la cerviz ante el poder político y económico.