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La primera razón hay que buscarla en hechos tales como que el IPS, por ejemplo, destina el 7% de sus recaudaciones brutas, es decir, del total del aporte obrero-patronal, a “gastos administrativos”, lo cual actualmente representa más de 6 millones de dólares mensuales, y eso incluye salarios e insumos corrientes únicamente del área administrativa, ya que los salarios del personal de blanco y la contratación de servicios del área de salud van por cuenta del Fondo de Enfermedad y Maternidad.
Esto está largamente fuera de rango de cualquier parámetro internacional y de cualquier margen de racionalidad. A modo de comparación, las administradoras de fondos de pensión de Chile, que sí son privadas, cobran por toda la gestión entre el 0,58% (Modelo) y el 1,44% (Capital y Cuprum) de las recaudaciones. De ahí extraen para remunerar a su personal, sostener sus oficinas, desarrollar sus operaciones y obtener sus utilidades.
Por supuesto, el 7% les da a los administradores de turno amplias discrecionalidades para sensacionales repartijas con el dinero de los asegurados, lo que también beneficia a toda una red de proveedores de los más diversos bienes y servicios, desde papelería, útiles y mobiliario hasta equipos y software, pero sobre todo para mantener una enorme burocracia, con salarios y privilegios totalmente ajenos a la realidad.
Prueba de ello es el escandaloso contrato colectivo firmado este año, solo conocido porque se filtró a la prensa, el cual, si bien está ad referendum del Presupuesto 2024, no solamente fue aprobado por la Presidencia y el Consejo de Administración, sino que recibió la homologación del Viceministerio del Trabajo a espaldas de los aportantes y de la opinión pública.
El mismo contempla un aumento salarial automático y generalizado de por lo menos el 5% anual, independientemente del desempeño y de cualquier otro incremento que haya recibido el funcionario en el año, ajustado sin más trámite al Índice de Precios al Consumidor si este supera ese porcentaje.
Como si fuera poco, el documento aprobado establece un aguinaldo extra, con el título de “gratificación especial”, equivalente al 100% del salario, a ser pagado el primer mes del año. Asimismo, ayuda escolar del 40% de un salario mínimo por hijo, bonificaciones por familia, por grado académico, por posgrado, por “formación de mandos medios”, por responsabilidad en el cargo, ayuda alimentaria, becas de estudio de grado y posgrado, con permisos con goce de sueldo de hasta cuatro años.
Además, una increíble lista de licencias laborales que pueden llegar hasta a 226 de los 365 días del año: por examen final de educación media (!) o superior, 12 días al año; por enfermedad de cónyuge, padres, hijos, 45 días al año; disertación en congresos en representación de la institución, 8 días al año; consultas médicas, 10 días al año; reposo por enfermedad, 90 días al año; obligaciones personales por disposición judicial o gubernamental, 10 días al año; “circunstancias extraordinarias” no especificadas, 30 días al año; Día del Funcionario Público, 1 día al año; fallecimiento de “familiar”, 11 días al año; casamiento, 10 días al año; dolores menstruales, 12 días al año; PAP, mamografías, 2 días al año; exposición a rayos X, 28 días al año; casos particulares “excepcionales”, 12 días al año.
Párrafo aparte para el Consejo de Administración, que no sirve absolutamente para nada más que distribuir dádivas a un grupo de personas que no tienen ni por si acaso un mandato legítimo de los sectores que supuestamente representan ni hacen ninguna diferencia en favor de la institución. Un consejero de IPS cobra 32 millones de guaraníes mensuales como remuneración básica, más toda una multiplicidad de prerrogativas, sin contar el tráfico de influencias, el nepotismo y una cantidad de funcionarios a su disposición. Por mencionar un ejemplo, entre enero de 2022 y enero de 2023 los consejeros recibieron 25.000 litros de combustible, suficientes para dar cinco veces la vuelta al mundo.
Nada de esto pasaría el filtro de una supervisión encargada de garantizar el cumplimiento de normas internacionalmente aceptadas y de dar seguimiento a los ratios de solvencia, las rendiciones de cuentas, la justificación de los gastos. Por eso se oponen. Si el nuevo Gobierno realmente está dispuesto a ponerle el cascabel al gato, merece el apoyo de toda la población.