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A instancias del Ministerio Público, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla comunicó al Senado el pedido de desafuero de su flamante miembro (anteriormente diputado) Erico Galeano (ANR, cartista), imputado por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal, ligados al narcotráfico, razón por la que ya había sido desaforado por la Cámara Baja, por decisión unánime de los 69 diputados presentes en la sesión del 25 de mayo. Correspondería ahora que, una vez recibidos los antecedentes y examinados los méritos del sumario, los senadores aprueben por mayoría de dos tercios el nuevo desafuero solicitado, para que el inculpado se someta a un proceso penal, como todo ciudadano, sin perder entretanto su condición de legislador. Al parecer, pretende aferrarse a la inmunidad que otorgan los fueros para proteger la independencia del parlamentario en el ejercicio de sus funciones, y no para librarlo de una persecución penal ajustada a derecho.
Es de toda evidencia que la prerrogativa de que gozan los legisladores, desde el día de su elección hasta el de su cese, no supone una carta blanca para delinquir en el ejercicio del cargo electivo o fuera de él, pero lo cierto es que más de un delincuente aspira a conquistar una banca para escudarse de una condena con el auxilio de sus colegas; se distorsiona así el sentido de la inmunidad, que no debe confundirse con el de la impunidad. Si el senador Galeano se cree en verdad inocente, lo que corresponde es que renuncie al privilegio constitucional, con el acuerdo del Senado, para someterse a un juez como cualquier ciudadano, confiando en que será absuelto.
Tal iniciativa no impediría que aporte sus luces –si los tuviera– al Senado y cobre la jugosa dieta, tal como lo siguieron cobrando en la anterior legislatura sus correligionarios diputados Miguel Cuevas y Ulises Quintana, procesados por supuestos enriquecimiento ilícito y declaración jurada falsa, así como por lavado de dinero del narcotráfico, respectivamente. Aún le ampara al senador Galeano la formal presunción de inocencia, así que no ha sido condenado al ostracismo por sus “compañeros de ideales”, tales como el líder de su movimiento, Horacio Cartes, el presidente electo Santiago Peña, el vicepresidente electo Pedro Alliana y el hoy senador Basilio Núñez, entre otros. Estos últimos habrían empleado su avioneta, no habilitada para operar como taxi aéreo, al igual que el narcotraficante prófugo Sebastián Marset y el recluido Miguel Ángel Insfrán (Tío Rico).
Bien se sabe que el Senado es “honorable”, de modo que sus integrantes deberían intentar responder a tan alto distintivo desaforando al colega, aunque este se niegue a sentarse en el banquillo de los acusados. Según dijo, no tendrá la dignidad de renunciar, como lo hizo en 2022 el exdiputado Juan Carlos Ozorio (ANR), ni de solicitar su propio desafuero. La inmunidad parlamentaría –reforzada con el dinero sucio– mal puede servir de escudo contra quienes buscan aplicar las leyes penales en la lucha contra el crimen organizado.
El Congreso no tiene que dar la impresión de ser el amparo y reparo de presuntos mafiosos, de modo que se espera que el “nuevo” Senado ponga al indiciado de marras a disposición de la Justicia, para que lo juzgue conforme a Derecho, como a cualquier hijo de vecino: sus vínculos político-económicos con los que hoy mandan no deben impedir que rija el principio de igualdad ante las leyes, pese a quien pese. En lo esencial, los fueros protegen la libertad de expresión de los legisladores, pero no así la de dedicarse a actividades ilícitas, tal como hiciera el célebre Pablo Escobar, integrando el Congreso colombiano. El Paraguay necesita que los senadores cumplan con su juramento de ejercer fielmente el cargo, sostener la Constitución y hacer que ella sea respetada, para lo cual es indispensable que no protejan, a costa de la ley y de la moral, a sus pares sospechados de cometer hechos punibles tan graves como los atribuidos a Erico Galeano.
Quienes delinquen no deben ocupar un escaño, sino una celda. El solo hecho de que un legislador se niegue a renunciar a sus fueros, habiendo sido imputado, refuerza la impresión de que tendría mucho que temer de un juicio oral y público, en la que sus fechorías pudieran salir a la luz. Las actitudes del flamante senador parecen indicar que se sabe culpable de los hechos punibles que se le imputan. Si fuera inocente, nada debería temer de la actuación judicial.